Por Silvia Juárez | Esta semana, en el Boletín Oficial se hizo pública la posibilidad de utilizar los edificios que pertenecen al patrimonio cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para eventos privados.

En un comunicado que adjunta el listado con el costo detallado del alquiler por día de cada propiedad, se termina de concretar una política de uso del bien público del gobierno porteño para la creación de una caja de ingresos extra que comenzó en 2015 con el Teatro Colón.

El presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, se manifestó sobre esta medida y advirtió: “Quieren avanzar con negocios para obtener ingresos para el presupuesto de la ciudad alquilando inmuebles públicos, cuando nosotros venimos hace mucho tiempo diciendo que, en vez de vender tierras públicas para que hagan negocios los privados, tendrían que crear una inmobiliaria estatal que se dedique a comprar, vender y construir inmuebles con réditos para el Estado”.

Ya en los 90 se vivió el vaciamiento de las empresas nacionales, con las políticas neoliberales de Carlos Saúl Menem. Hoy, el vaciamiento de lo que quedó se ve traducido en la venta de tierras de la ciudad y del Estado nacional como financiamiento del gobierno de Cambiemos, del cual no se conoce su finalidad.

Por su parte, María Teresa Margaretic, museóloga e integrante de la junta interna de ATE Cultura, indicó: “Están lucrando con un patrimonio que es de la comunidad. Es comercio, ganancia para ellos. En el Boletín Oficial no dice nada de adónde va a ir ese dinero que van a cobrar en concepto de alquiler. Es muy penoso. Es un uso y abuso de las propiedades del Estado que no mejora nada”.

Con alquileres que van desde los $ 13.000 a los $ 236.000, desde el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta indican que esto representa “una significativa fuente de recursos”, que contribuye a afrontar los gastos de la Secretaría de Patrimonio Cultural.

“Es mentira, porque esas ganancias no van a quedar en los museos, porque hoy están sin presupuesto. Funcionan por la buena voluntad de los trabajadores que ponen plata de su bolsillo para solventar los gastos diarios de insumos. En la casa de la escritora Victoria Ocampo aplican esta modalidad, pero no se ven mejoras, ni en el mantenimiento ni en el salario de quienes trabajan ahí”, agregó Margaretic.

Esta modalidad comenzó en 2015, cuando instalaron los alquileres por hora del Teatro Colón, de la mano de Mauricio Macri como jefe de Gobierno de la Ciudad, que rondaban por entonces los $ 600 mil por tres horas. Cuando ascendió a la Presidencia, el alcance de estas medidas se extendió con él.

Durante el primer año de mandato, los casos que más trascendieron por el uso y venta de tierras e instituciones estatales fueron:

  • El Tiro Federal, con la finalidad de transformarlo en un polo de la innovación, financiado con la venta de una parcela sobre Libertador, donde se habilitó la construcción de torres.
  • El Campo Argentino de Polo, para entregarlo a desarrolladores inmobiliarios.
  • El Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), con la excusa de trasladarlo y obtener más de US$1.000 millones sólo en la venta de terrenos.
  • La cárcel de Villa Devoto, fundada en 1927 y que aloja a más de 1.600 convictos. La venta de una parcela del predio que ocupa una manzana serviría para pagar su traslado Marcos Paz, quedando el resto a disposición inmobiliaria luego de efectuarse la mudanza.
  • El predio de la TV Pública, tasado en US$ 45 millones, ubicado en el barrio de Recoleta, y puesto a remate.

“Hay grandes terrenos de la Ciudad que han publicado a la venta, como lo es el caso del Tiro Federal, pero todavía no se han concretado la subastas públicas. También están en esa situación las tierras del Parque de la Ciudad, que se autorizaron a vender a partir de este año, y en cualquier momento van a ingresar al mercado inmobiliario”, informó Baldiviezo.

En este último año, estos casos se hicieron más evidentes, y fueron acompañados de fuertes ajustes y despidos, en medio de una realidad económica complicada por las altas tasas inflacionarias y la corrida cambiaria que además de tierras, se llevó puestos de trabajo.

La situación se oscureció aún más tras la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “El FMI ha puesto como una de las condiciones la venta de tierras públicas para la obtención de ingresos y la reducción del déficit fiscal. Es lo que antes se hacía con el argumento de hacer política social y habitacional y se necesitaban tierras públicas. Ahora, es condicionamiento del FMI para seguir adquiriendo deuda”, continuó el presidente del Observatorio.

En este combo de negociados inmobiliarios y achiques en el Estado, se ubica la situación del 5×1 que atraviesan los hospitales ambivalentes de la Ciudad, que están siendo vaciados para ser trasladados y confluir en un solo complejo.

“Esta estrategia no es nueva –comenta Baldiviezo-. Ya la tomó la dictadura en su momento cuando Videla sacó el decreto ley 22.423 que autorizaba a disponer de las tierras nacionales sin pasar por el Congreso, intentaba reubicar y concentrar los edificios estatales para liberar suelo. Macri está haciendo lo mismo, quizás con un plan más acelerado y profundo, sobre todo intentando achicar el Estado y las áreas que éste ocupa físicamente”.

Por otro lado, con el reciente decreto presidencial que otorga facultades a las Fuerzas Armadas para intervenir en seguridad interna, se abren interrogantes por la similitud con los casos antes mencionados.

Dabel Roblín, secretario general de ATE Punta Indio, advirtió en diálogo con Canal Abierto: “Lo que encierra todo esto es un gran negocio inmobiliario, y lo dicen ellos mismos cuando responden a cómo van a equipar lo que queda de las Fuerzas Armadas. Esto va a venir de la venta de sus inmuebles que ya está presupuestado y lo tiene el Gobierno para hacer usufructo”.

Los terrenos en juego serían Campo de Mayo, Escuela Superior de Guerra, Instituto Geográfico Militar, Comando Antártico, Regimiento de Granaderos, Regimiento 14 en Neuquén, y la Reserva Pulmari.

Mientras tanto, en esta semana también se giró a la Legislatura porteña un proyecto de ley con el que Rodríguez Larreta pide permiso para subastar en el mercado inmobiliario medio centenar de propiedades, con lo que pretende obtener fondos para el traslado de diversas oficinas públicas al sur de la ciudad.

Se trata de 51 inmuebles de “dominio privado”, con lo que el oficialismo descuenta que no hay impedimento para desprenderlos del erario público para fines particulares. Algunos son viviendas, otros comercios, y otros son edificios históricos que albergan oficinas gubernamentales.

“Se achican las centrales de transportes para vender estaciones ferroviarias, se achica el Ejército para vender sus tierras, hospitales, edificios públicos. Todo con la excusa de que el Estado necesita ingresos, pero sólo favorecen a los empresarios inmobiliarios a acceder a tierras muy baratas porque muchas de ellas no están normalizadas”, sentenció Baldiviezo.

 

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