Por Pablo Bassi | Los hogares que tengan ingresos inferiores a $20.000 brutos y cinco hijos en Tierra del Fuego o Santa Cruz, se verán afectados con un ajuste del 27,2% tras el decreto que el 27 de julio pasado unificara los valores de las asignaciones familiares de todo el país. En Chubut, con un ingreso bruto de hasta $20.000 y dos hijos, el salario se verá recortado en un 15,6%, al igual que con tres hijos en el norte de Jujuy y Salta.

El análisis -elaborado por Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma- trae a la memoria la confiscación que sufrieron trabajadores del Estado, jubilados y beneficiarios de asignaciones familiares mediante el decreto 926 del 23 de julio de 2001, mientras Patricia Bullrich era ministra de Trabajo del gobierno de Fernando De la Rúa.

Aquella medida fue declarada en agosto de 2002 inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, que obligó a Eduardo Duhalde a la devolución retroactiva de la quita que alcanzó con distinto impacto al 92% de los empleados públicos y más de 533 mil jubilados.

Una fuga de semejante magnitud en el erario público podría repetirse si prosperan diferentes estrategias legales. Hoy el diputado nacional Martín Doñate y la concejala de Bariloche Ana Marks presentaron el primer amparo colectivo contra la medida anunciada días atrás. Por otro lado, la diputada nacional por Río Negro María Emilia Soria denunciará penalmente a los firmantes del decreto: Gabriela Michetti, Marcos Peña y Jorge Triaca.

Las acciones defensivas en la Patagonia involucran incluso a diputados nacionales de la UCR como Gustavo Menna (Chubut), Nadia Ricci y Roxana Reyes (Santa Cruz), Lorena Matzen (Río Negro) y Daniel Kroneberger (La Pampa), quienes presentarán esta semana en la Cámara Baja un proyecto para echar atrás la decisión del Ejecutivo.

Es que a pocos meses de arrancar la campaña electoral, las provincias patagónicas son las más perjudicadas con la medida dispuesta. Sobre todo Neuquén y Rio Negro, con 71 mil trabajadores afectados cada una. Para la región, el ajuste que significa imponer un techo de $1578 en asignaciones familiares representa dos millones de pesos menos en ingresos.

Según publicó Ismael Bermúdez en diario Clarín, los afectados suman 400 mil niños y niñas si se sumaran los prenatales de las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, Rio Negro, Neuquén y varios departamentos de Formosa, Mendoza, Jujuy, Catamarca, Buenos Aires (Carmen de Patagones) y Salta.

En este marco, las protestas sindicales ya comenzaron a rugir. Hubo manifestaciones en Comodoro Rivadavia  y Ushuaia. Mañana, en tanto, ATE impulsará una protesta en todas oficinas de ANSES en Río Negro. En un comunicado, además, exige que el Gobierno de Alberto Wereltineck que eleve el monto de asignaciones familiares que paga la provincia, una de las más bajas del país: $450.

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