Redacción Canal Abierto| Al igual que su par de Nación con el Sindicato de Camioneros, el Ministerio de Trabajo bonaerense se dispone a sancionar con una multa a Suteba. El motivo de la misma se origina en la adhesión al paro convocado por CTERA.

Esta situación se da en el marco de la puja salarial en la que el gobierno encabezado por María Eugenia Vidal no mueve su oferta del 15%, al que en las reuniones paritarias -cada vez más espaciadas- les agrega algún punto porcentual en conceptos no remunerativos, como sucedió la semana pasada, cuando a la suma ya superada por la inflación oficial en medio año, le añadió un 1,7%.

Al igual que en el caso de Camioneros, cuyo importe superó los $800 millones, la multa a aplicar al gremio docente sería millonaria, ya que el cálculo que se hace para establecer el monto se calcula entre el 50 y el 2000 por ciento del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador adherido al sindicato.

Consultado por Canal Abierto, el presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, marcó la irregularidad que conlleva aplicar estas medidas. “El único y claro objetivo es el amedrentamiento. La norma que permite este tipo de sanciones está destinada a los empleadores que cometan el delito de tener trabajo de manera irregular. No hay ningún antecedente de empresas multadas con una pena de esa magnitud. Sin embargo, de manera inconstitucional, se aplica para perseguir sindicatos y no para su verdadera finalidad”, afirmó.

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Cremonte también remarcó la irregularidad de que el Ejecutivo dicte la conciliación obligatoria en una medida que es tomada por un gremio nacional y en el marco de una paritaria en la que es parte implicada. “La conciliación es una atribución que lo que persigue es resolver los conflictos, no atacar la medida de fuerza. Cuando hay un conflicto el Estado debe garantizar la paz social. Entonces convoca a las partes para que intenten resolverlo y actúa como un árbitro, un tercero independiente que no tiene que ver con ninguna de las partes. De esta manera hace que una de ellas no cuente con su herramienta principal, que es el derecho a huelga. Y en este caso es peor, porque el Estado es el empleador, con lo que actúa como juez y parte”.

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