Por Silvia Juárez | Allá por 1985, Margaret Atwood escribía El cuento de la criada, una narración de ciencia ficción distópica que habla de una nueva sociedad donde -con la excusa de la defensa contra la violencia-, aumenta el autoritarismo y disminuyen las libertades y derechos sociales. En ese camino, los primeros en sucumbir serán la libertad de prensa y los derechos de las mujeres. A ellas se las divide en castas y se promueve el miedo. La “criada” es una mujer que es considerada única y exclusivamente como un objeto cuyo valor está en sus ovarios. Un receptáculo necesario para alcanzar el nivel de nuevos nacimientos deseado en Gilead (la ciudad ficticia donde se desarrolla la trama) y mantener su modelo de sociedad. ¿Quién iba a pensar que esa distopía sería una analogía tan perfecta de la realidad del norte argentino?

El debate por la despenalización del aborto llegó al Senado luego de obtener la media sanción en Diputados, y este 8 de agosto se definirá si será ley.

Las polémicas comenzaron de la mano de la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, cuando se manifestó abiertamente en contra de la aprobación del proyecto con la terrible frase: “Lo podés dar en adopción, ver qué te pasa en el embarazo, trabajarlo con psicólogo, no sé”. Con estos mismos argumentos, muchos senadores manifestaron su posición, y en las provincias del norte del país, el rechazo se hizo más contundente.

 

Gilead

Ayer, Tucumán –con un senador a favor, uno en contra y uno indefinido- se declaró “provincia Pro Vida” en una polémica sesión de la Legislatura en la que no permitieron el ingreso de quienes estaban en contra de esta medida.

“Jurídica  y legislativamente esto es una vergüenza. Fue una jugada antidemocrática. Hablar de que hay una provincia Pro Vida es mentiroso, es imponer una cosmovisión que tienen algunas personas, y son las que tienen poder. Además, están violando los propios conceptos que hoy existen en el derecho argentino porque el Código Penal permite el aborto en tres causales”, manifestó Celina de la Rosa, periodista de Tucumán.

De la Rosa también advirtió que ésta es una provincia con muchos casos de mujeres torturadas, violaciones del secreto profesional, encarcelamiento y procesamiento de mujeres por aborto, y una tasa de 6,8% de embarazos adolescentes, superior a la media nacional. La explicación es simple: en Tucumán no se han aplicado las leyes de Salud Sexual y Procreación Responsable, ni de Educación Sexual Integral en las escuelas.

En La Rioja, sus tres senadores anticiparon su voto en contra. Allí, cada 44 horas una adolescente llega a un hospital con complicaciones por un aborto clandestino. A lo largo de 2016, fueron atendidas con ese cuadro 198 chicas menores de 19 años, el doble que en 2015, cuando fueron 96. El dato más dramático que revelan las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud de la provincia, es que hubo 31 internaciones por abortos de nenas de entre 10 y 14 años, y la misma cantidad, por parto. En total, en los últimos cinco años, llegaron con complicaciones por abortos inseguros, sólo al sector público, 3850 mujeres. En 2016, fueron 840. Una internación por abortos clandestinos por cada 10 nacimientos.

Catamarca tiene a un senador a favor y dos en contra. En esa provincia, ingresan en la maternidad provincial anualmente alrededor de 500 a 600 mujeres por abortos practicados en la clandestinidad. De ellas, un 5% son ingresadas a terapia intensiva por presentar signos de infección. Las profesionales explicaron que entre los métodos utilizados estaban las agujas de tejer, sondas y hasta casos donde las mujeres se insertaron una pluma.

En Formosa, dos senadores votarán en contra y sólo uno a favor. Sólo en 2014, los hospitales públicos tuvieron 659 casos de egresos por embarazos terminados en aborto. Este número es el total registrado en los distintos grupos etarios: 25 corresponden a niñas y adolescentes de entre 10 a 14 años; 281, a adolescentes de 15 a 19 años; y 353, a mujeres de 20 a 25 años.

Los tres senadores de Santiago del Estero anticiparon que votarán contra la ley. En esa provincia, el aborto clandestino llegaría a una cifra de 15 mil al año. La situación de los abortos clandestinos en la provincia “es dramática”, consideró Miguel Curioni, ginecólogo, docente e investigador de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y magíster en Salud Pública. Asimismo, el médico advirtió que existe un “oscuro negocio” detrás de la interrupción de los embarazos no deseados, que en muchos casos terminan en la muerte de mujeres, la mayor parte de ellas de bajos recursos.

Salta tiene a sus tres senadores en contra. De acuerdo con un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), presentado por el jefe de Gabinete Marcos Peña, el dato sorpresivo es que la provincia ocupa el segundo lugar de la tabla de abortos clandestinos en menores de 25 años, con 1764 casos anuales, una cifra muy alta de acuerdo con la población de ese distrito.

 

El puritanismo

En la obra de Atwood, la repetición de lo que ocurrió en el pasado, la culpa, el castigo público, los movimientos de resistencia, los valores religiosos en Gilead, son rasgos muy propios del puritanismo.

“Hoy, ante la rebeldía, ante esta búsqueda de derechos de las mujeres, el maridaje entre el gobierno y la Iglesia intenta imponer que su hegemonía es mayoría, construyendo aparatos ideológicos y propagandísticos -expresó De la Rosa-. El gobierno de Tucumán, por ejemplo, da subsidios a la Iglesia. Hay una convivencia entre estos dos sectores que tratan de hacer pasar un montón de políticas”.

Claramente, la injerencia de la Iglesia, y sobre todo del catolicismo, es muy fuerte en estas provincias, y basan sus argumentos en esto. Ejemplo es Ricardo Aznarez, miembro de la Comisión de Ginecología de Santiago del Estero y declarado Pro Vida, quien manifestó: “Nuestras provincias tienen una gran mayoría de ciudadanos católicos, y hay un sentimiento generalizado de respeto a la vida. Estoy en contra de legalizar el aborto, especialmente por la forma en que ha salido el texto. Porque, además, falta absolutamente el respeto a la libertad religiosa y a la objeción de conciencia de parte de los profesionales”.

Sin embargo, existen organizaciones como Catholics for Choice que declaran que “incluso en un país predominantemente católico, las leyes que rigen el acceso a la interrupción del embarazo no necesitan apegarse a la postura católica oficial”. “Esto se debe a varias razones. En primer lugar, las doctrinas y la tradición de la iglesia dan cabida para respaldar una postura más liberal sobre el aborto –continúa el texto-. Los preceptos católicos fundamentales incluyen el valor de la conciencia individual y el derecho a disentir. Además, la Iglesia Católica reconoce que no puede tener certeza acerca de cuándo el feto se convierte en persona. Por último, tampoco ha declarado que la postura sobre la interrupción del embarazo se encuentre entre las doctrinas infalibles. El respeto a la vida debe incluir el respeto a la vida de las mujeres”.

Pese a esto, las decisiones de los senadores no parecen lograr despegarse del poder eclesiástico presente en las sociedades norteñas. Que puedan hacerlo o no hablará de su capacidad para legislar, situación que la escritora Claudia Piñeiro resumió en la última sesión de debate en el plenario de comisiones del Senado: “Entiendo que debe ser difícil volver a sus provincias y que el cura les diga a sus hijos que su padre o madre es tal o cual cosa porque aprueba esta ley. Lo entiendo, pero este es el trabajo que tienen que hacer. Si ustedes me dicen que no lo pueden hacer porque el cura los reta, se tienen que dedicar a otra cosa”.

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