Por Corina Duarte | El Informe Anual 2018: El sistema de la crueldad XII, sobre lugares de encierro, políticas de seguridad y niñez en la provincia de Buenos Aires fue presentado esta mañana en la ciudad de La Plata ante la ausencia total de funcionarios provinciales del gobierno de María Eugenia Vidal.

Cuarenta y cinco mil personas detenidas revela un récord histórico y muestra el vertiginoso crecimiento que tuvo la tasa de encarcelamiento en los últimos dos años. Para Roberto Cipriano, secretario del organismo, “se han batido todos los récords históricos en la provincia”.

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“La gran explosión de las cárceles de la provincia fue en 2.000/2001, allí el gobernador Carlos Ruckauf asumió la gobernación con 14 mil personas detenidas y dejó el gobierno dejando 23 mil detenidos. Logramos batir ese récord. Entre 2016 y 2017, cuatro mil quinientos nuevos detenidos se sumaron a un sistema que ya estaba colapsado llevando la tasa de prisionización a 45 mil personas detenidas. Doscientos sesenta y seis personas cada 100 mil habitantes, convirtiendo así a nuestro país en uno de los países con más altas tasas de prisionización a nivel mundial. Esta superpoblación se produce en las mismas 20 mil plazas penitenciarias que hay y en las comisarías hay 3100 personas en 1000 camastros. De esta manera las cárceles son depósitos de personas, y la tortura es una práctica del gobierno del lugar para controlar a esta población vulnerada. Seguimos teniendo sólo pobres y morochos en las cárceles. El 30 por ciento de las personas está detenida por delitos hacia la propiedad, que son delitos leves, dejando a los verdaderos peces gordos protegidos”.

Presentación del Informe de la Comisión por la Memoria

Adolfo Pérez Esquivel, presidente de la Comisión señaló la superpoblación, el aumento de la represión y la situación de las mujeres detenidas con sus hijos e hijas. “Las cárceles hoy son depósitos humanos, no son para rehabilitar a nadie. No es cuestión de mayor represión, esto no resuelve el problema. La Gobernadora anunció 12 mil policías más, y esos fondos deberían ser destinados a la solución de los problemas sociales. El Jefe de Policía de la provincia de Buenos Aires lo dijo con mucha claridad, ha aumentado el delito, y aumenta por el hambre. Nosotros sabemos y decimos que “el hambre es un crimen”. Esta situación cada día es más grave”.

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Víctor De Gennaro y Hugo “Cachorro” Godoy (ATE) junto a familiares de víctimas

Denuncia el Informe un

“91% de sobrepoblación en cárceles y un 197% en comisarías”. Durante el 2017 se estima que más de 160 personas murieron en cárceles y 22 en comisarías, la mayoría por causas vinculadas a la desatención de la salud. Los casos registrados de tuberculosis crecieron exponencialmente: de 187 en 2016 a 436 en 2017. Pese al estado sanitario crítico, la Provincia se niega a que la Dirección de Salud Penitenciaria -hoy bajo dependencia del Ministerio de Justicia- pase a depender del Ministerio de Salud”.

Sin embargo, y pese a que la actual gestión de gobierno asumió hace ya más de dos años reconociendo la crisis en materia penitenciaria y de seguridad, nada hizo para transformar esta situación. “No es que se encarcelan más personas porque crece el delito, la población carcelaria crece porque más policías generan mayor prisionización. Esto funciona casi de manera automática. La policía que está para controlar y regular el delito, a más policías tenés más violaciones a los derechos humanos y más población encarcelada. Este gobierno sólo ha sostenido discursos que no se tradujeron en políticas públicas, hay un pacto con la fuerza para que todo sigue cómo era” afirma el secretario del organismo.

Además, no se han construido nuevas cárceles -aunque no sea esa la solución- a principios del año que viene inaugurarán dos cárceles que sumarán 1000 plazas, “el sistema tiene que detener menos, no hay otra opción”.

Ser “mujer, joven, pobre y loca es “terrible” en la provincia”, así lo confirma el Informe. Las detenidas no gozan de la morigeración de sus penas, el patriarcado se reproduce cómodamente en las cárceles y comisarías. Las detenidas con padecimientos mentales son obligadas a levantarse a las 5 de la mañana, empujadas a ducharse con agua helada, sin cortinas, frente a personal policial masculino, deben secarse con sábanas viejas y sucias, no hay papel higiénico ni cuentan con mínimos elementos de higiene y ningún tipo de intimidad.

La corrupción estructural lleva a que todo el dinero que está destinado a mantener las cárceles generalmente “se robe”. Se destinan alrededor de 25 mil pesos por persona por mes y eso no se traduce en la calidad de vida de los detenidos. “No van a salir resocializados como manda la ley, van a salir más resentidos, con más violencia, con menos chances y posibilidades de hacer otra cosa distinta a la que hicieron en buena parte de su vida”.

Víctor De Gennaro, integrante de la Comisión criticó la falta de presencias del gobierno provincial en la presentación. “El sistema penitenciario está desbordado, es un sistema de crueldad, tal y como define el Informe. Es alarmante que no haya habido presencias del gobierno. Se lo presentamos oficialmente y vamos a volver a hacerlo frente al Tribunal Superior de la provincia y a la Legislatura bonaerense. Esto exige un cambio total en la política de la seguridad y penitenciaria. Esta es la realidad, y se profundiza: la tortura, los detenidos cada vez más jóvenes, una persecución sistemática, son parte de un modelo que están instalando en el país con mayor represión y que no resuelve los problemas, todo lo contrario, los profundiza”.

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De Gennaro y Pérez Esquivel durante la presentación

En el marco de la presentación, la Comisión también organiza una jornada de trabajo, formación y capacitación que reúne algunas de las principales líneas del organismo y que conforman la agenda de la democracia: violencia institucional y prevención de la tortura, la organización de los familiares, salud mental, niñez y educación en memoria y derechos humanos.

Se realiza además el Encuentro Latinoamericano de Mecanismos de Prevención de la Tortura, un encuentro provincial de consejos locales de niñez y adolescencia, el encuentro de la red de familiares víctimas de violencia institucional (con la participación de más de 200 miembros de organizaciones que vienen trabajando con la CPM) y el encuentro de salud mental y derechos humanos. En paralelo, más de 350 docentes participarán de la capacitación para docentes y coordinadores del programa Jóvenes y Memoria con cuatro mesas de trabajo: Dictadura, Malvinas, Violencia del Estado en los territorios y Género.

en octubre

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