Redacción Canal Abierto | Hace ya varias semanas, el Sistema Interno de Udai (SIDU) que utiliza la Agencia Nacional de Seguridad Social para la caratulación y supervisión correspondiente a nuevos trámites de jubilaciones, pensiones, subsidios por desempeño y trámites de asignaciones familiares, presenta fallas y cae de manera constante.

Esto genera un clima de malestar, tanto en los trabajadores como en los beneficiarios porque las caídas cada vez son más, implicando la totalidad de los sistemas, y ya se registraron episodios de agresiones hacia los empleados en Chaco y Río Cuarto.

Víctor Pérez, coordinador de la Mesa Nacional de ATE Anses, manifestó que los trabajadores no tienen respuestas institucionales, y es un problema que viene dándose en todo el país. “En todas las unidades de atención tenemos policías porque a veces las situaciones llegan al límite”.

Desde la Mesa Nacional también exigen soluciones porque “pese a los reiterados pedidos de explicación a los funcionarios, las respuestas son nulas, y el principal perjudicado es el vecino beneficiario que es rechazado diariamente ante la imposibilidad de dar soluciones  a sus reclamos”, expresaron.

Por otra parte, advirtieron que esto se trata de una maniobra del Estado. “Como trabajadores nos vemos en la obligación de poner un freno a las malas intenciones que hay de fondo en estas situaciones. En un mes tan especial para los jubilados y pensionados, en el cual se vence la fecha para hacer la Reparación Histórica, y en donde se han decretado nuevos préstamos Anses, las fallas son intencionales”, según ATE Anses.

Los trabajadores manifestaron que el pago de los juicios que informan desde la dirección ejecutiva en realidad no están siendo abonados, y las instancias judiciales se dilatan con apelaciones que derivan en un nuevo inicio de los trámites.

“Es obvio que esto tiene que ver con el achique del Estado. Retienen dinero de nuestros beneficiarios y jubilados un tiempo, no se comprometen con el sistema, lo dilatan, no lo pagan. Estiran juicios por más de cinco años, porque al no pagar se vuelve a iniciar el proceso judicial. Hay beneficiarios en estas condiciones que tienen entre 80 y 90 años y muchos de ellos se mueren en la espera del cobro”, explicó Pérez.

Por su parte, los trabajadores también atraviesan una situación complicada. “Recibimos un aumento del 13%, que hasta el mismo Presidente reconoció que con una inflación por arriba de los 31 puntos es una paritaria a la baja. No podemos reabrir negociaciones, no nos escuchan, hay amenazas de despidos, hay problemas de infraestructura y esto es más ajuste”, agregó el coordinador.

Y finalizó: “A nosotros nos queda seguir con las denuncias y asambleas porque esta dirección ejecutiva, encabezada por Emilio Basavilbaso no tiene respuestas, ni para sus trabajadores ni para sus beneficiarios”.

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