Redacción Canal Abierto | Los jueces de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, emitieron un llamado de atención al ministro de Trabajo Jorge Triaca por extralimitarse en una decisión de competencia judicial al llamar a elecciones en la Unión Personal de Seguridad (UPSRA).

Este es uno de los diez sindicatos intervenidos en la era Macri. El juez penal que intervino en el caso de la Upsra, Ariel Lijo, llamó a elecciones a partir de la solicitud del delegado normalizador, que fue ubicado en el cargo por Triaca.

En el fallo de la Corte se indicó que “en función de la competencia material, resulta indudable que la materia implicada en el recurso directo deducido por el sindicato actor es exclusiva del fuero nacional del trabajo”.

Además se debe tener en claro que las cuestiones sindicales en las que el Ministerio de Trabajo interfiere en el ejercicio de la libertad sindical se deben dirimir en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Sin ir más lejos, días atrás sucedió algo similar, cuando Triaca intentó –sin éxito- suspender las elecciones internas de la CTA Autónoma. En este marco, desde la Central movilizaron hoy contra la intervención en sus comicios y las políticas intervencionistas del Ministerio de Trabajo.

Por otra parte, la cartera laboral también notificó a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) con la imposición de una multa de $ 221.652 por un supuesto incumplimiento de una conciliación obligatoria de un conflicto que se desarrolló en el SENASA en el año 2015.

Cabe señalar que la Ley de Asociaciones Sindicales sólo prevé que el Ministerio de Trabajo pueda solicitar a la justicia laboral la sanción para un gremio. Sin embargo, la norma en ningún caso establece que sea el Ejecutivo el encargado de sancionar directamente a las organizaciones. No lo puede hacer por sí mismo.

 “Acá lo que ocurre es una manipulación de otra ley que prevé multas a empleadores en caso de –por ejemplo- tener trabajadores no registrados. Es un atropello metido por la ventana”, explicó Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL).

En este escenario de sanciones a trabajadores por el ejercicio legítimo del derecho de huelga, el Gobierno también embistió contra Camioneros con la aplicación de una multa de más de $ 800 millones, mientras que la Provincia hizo lo propio contra el gremio docente Suteba, que rondaría los $ 660 millones.

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