Redacción Canal Abierto | Este lunes, los trabajadores de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén realizaron un corte en la Ruta 22 en reclamo de los sueldos adeudados de julio y agosto, y pidiendo una vez más la reactivación de la fábrica.

La PIAP –la más grande del mundo y principal proveedora de las centrales nucleares del país- lleva más de un año paralizada, y su reactivación dependía exclusivamente del acuerdo con los chinos para la construcción de la cuarta central.

“Queremos empezar a trabajar lo antes posible. Desde la junta interna seguimos siendo optimistas. Creemos que vamos a poder incluir aunque sea 100 toneladas de agua pesada para poder fabricar, que servirían de stock para las centrales argentinas en el presupuesto 2019. Estamos luchando en todos los frentes. Tuvimos reuniones con legisladores y funcionarios de Nación y de la provincia de Neuquén”, informó Pablo Sosa, delegado de la junta interna de ATE PIAP.

La empresa cuenta con 450 empleados, pertenece al Estado Nacional (49%) y al Estado Provincial (51%), y está paralizada desde julio de 2017. Entonces, el Gobierno Nacional ordenó una parada técnica que no debía extenderse por más de dos o tres meses pero que nunca se revirtió. Además, la situación se agravó en enero, cuando las partidas de dinero para el pago de salarios y proveedores comenzaron a llegar con atraso.

La crisis en el sector se agravó cuando en julio los trabajadores de Atucha I recibieron 250 telegramas de despidos como parte de la primera tanda, ya que les informaron que debían reducir entre 800 y 1.000 puestos de trabajo.

Son más de 5.000 los trabajadores estatales que quedaron sin empleo y hoy estamos viviendo con mucha incertidumbre y preocupación”, agregó Sosa.

“Tuvimos un retroceso sobre nuestro Convenio Colectivo de Trabajo, que establece transporte y comedor, porque estamos a 50 km de Neuquén Capital, en un lugar bastante alejado, y lamentablemente la empresa cortó ambos servicios. Cortaron el contrato con la empresa del comedor y eso generó el despido de 22 compañeros, que si bien era una empresa tercerizada, a través de la lucha de ATE venían pasando de concesión en concesión, cada vez que había licitación la empresa que ganara tenía la obligación de tomar a los mismos trabajadores de la concesión anterior, por presión del gremio, por eso había compañeros de 10 años y hasta 20 años que ahora no pueden cobrar su indeminización”, agregaron desde ATE PIAP.

Finalmente, Sosa advirtió: “mantuvimos reuniones con funcionarios que nos aseguraron que la planta no va a cerrar, que va a continuar, pero los hechos reales nos dicen otra cosa. Hoy ya no tenemos el servicio de comedor, tampoco hay transporte. De seis colectivos que transportaban al personal hoy queda uno, y de siete combis para el personal de turno sólo quedaron dos. Esto es lo que no entendemos. Por un lado nos dicen que vamos a continuar y por otro están vaciando la planta”.

 

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