Rosenkrantz, un lobbista para la Corte

Redacción Canal Abierto | Con la salida de Ricardo Lorenzetti al mando de la Corte Suprema luego de 11 años, una parte de Cambiemos celebra. La otra, también.

«¡Gracias a Dios! Terminó la impunidad y la extorsión. No es más presidente, que es quien administra la Corte. ¡Es un milagro! ¡No sabía que podía ocurrir!». Así se expresó Elisa Carrió en las redes sociales, donde se mantiene siempre muy activa, sobre todo para lanzar aprietes velados al gobierno del cual es aliada. Carrió es una histórica enemiga de Lorenzetti a quien, recalcó, “venía denunciando desde hace diez años”. La última fue la semana pasada, cuando presentó una denuncia en su contra por supuestas irregularidades en el funcionamiento y en las contrataciones de personal de la Morgue Judicial.

Curiosamente, una semana después Lorenzetti anuncia su retiro -que se hará efectivo a partir del 1 de octubre- y le da un alegrón a la dirigente díscola dirigente de la Coalición Cívica quien acostumbra mantener la unidad de la Alianza Cambiemos al filo de sus tuits y expresiones públicas.

Pero la alegría no es sólo para ella. El presunto reemplazo del presidente saliente es Carlos Rosenkrantz, un hombre clave para el lado PRO del oficialismo.

A pocos día de asumir Cambiemos y habiendo entrado por la ventana de la Corte junto a Horacio Rosatti, con un  nombramiento por decreto que –en parte debido a las críticas de la propia Carrió- fue rectificado, Rosenkrantz es un jurista abocado al mundo empresarial. 

Fundador y socio principal del estudio jurídico Bouzat, Rosenkrantz & Asociados, que se especializa “en el asesoramiento jurídico de empresas, práctica general y en litigios de alta complejidad”. En la lista de sus principales clientes, tal como informaban en su página web al momento de su designación en el supremo tribunal, destacaban Clarín, La Nación, América TV y Cablevisión. Hoy esa lista no está accesible ya que su página salió de servicio ese mismo diciembre de 2015.

Su estudio no sólo representó a Clarín en el juicio por la ley de medios ante la Corte sino que, además, Rosenkrantz fue fundador de la «Asociación para la Defensa de la Competencia”, una ONG creada desde el estudio con el único propósito de presentar un amparo tendiente a lograr la suspensión de la Resolución 100/10 que declaraba la caducidad de la licencia de Fibertel. En esa ocasión, Clarín logró una vez más evadir la ley y que Fibertel continuara operando como una pieza clave del monopolio mediático que, gracias a su designación, expandió su poder a la mismísima Corte Suprema de la Nación.

Rosenkrantz es experto en litigación constitucional y casos complejos. Una de las especialidades de su estudio es el arbitraje internacional, donde defendió numerosas empresas y fondos de inversión contra el Estado argentino ante el CIADI y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral, por sus siglas en inglés).

Ante su nombramiento, una de las impugnaciones surgió de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) que por entonces argumentó: “Con la misma lógica con que Macri armó su gabinete, con cada área atendida por sus propios dueños, el ingreso del doctor Rosenkrantz a la Corte sincera el arribo de la CEOcracia a la cabeza del aparato judicial, y promete limitaciones aún mayores a la posibilidad de que un poderoso pierda un juicio, o que un pobre lo gane”.

Por su parte, desde el multimedio que supo tenerlo de abogado, alegan que el nombramiento es una forma de “bajarle el perfil ‘político’ al máximo tribunal y concentrarse en temas puramente judiciales”. Un planteo interesante tratándose de quien, ya juez, avaló el 2 por 1 para condenados por delitos de lesa humanidad.

La interna

Ya por junio había trascendido que Lorenzetti pretendía renovar por quinto período consecutivo la presidencia de la Corte y para hacerlo se debatía con Rosatti, la figura interna que le disputaba el puesto. Pero apuntó también a Rosenkrantz, al notar que era quien se perfilaba como la figura ungida por el Gobierno para ejercer el cargo que podría emerger del desgaste de ambos.

Para hacerlo, aprovechó el caso Farmacity, donde Rosenkrantz se excusó, por haber trabajado para, y Rosatti, por haber tenido de asesora a la directora de asuntos jurídicos de, la cadena que ahora pelea para poder desembarcar en la provincia de Buenos Aires. La idea era llevar adelante una audiencia pública y definitiva, agendada para el 29 de agosto, que finalmente se reprogramó porque la jueza Elena Highton de Nolasco había hecho otros planes.

En la votación para la presidencia fue también ella, llamativamente, quien se dio vuelta, y votó en tándem con Rosatti y Rosenkrantz en contra de la reelección de Lorenzetti, quien sólo conservó la lealtad de Juan Carlos Maqueda.