Redacción Canal Abierto | Hasta julio, Mauricio Macri afirmaba: “Sacamos la retenciones porque tenemos que exportar. Las retenciones no generan futuro, lo destruyen, no son un impuesto inteligente”. Pero todo cambió con la llegada de agosto, cuando el Gobierno anunció una marcha atrás, y estableció el derecho de exportación del 12% para todas las mercaderías exportadas, con un techo de 4 pesos por dólar para las exportaciones primarias y de 3 pesos por dólar para productos elaborados.

El campo, su histórico aliado, se incomodó. Pero las imposiciones del FMI lo pedían y las cuentas de Dujovne auguraron una suba en la recaudación de 68 mil millones de pesos en lo que resta de 2018 y de 280 mil millones de pesos en 2019 gracias al retorno del impuesto y de la eliminación, vía DNU ratificado ayer por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, del Fondo Federal Solidario, más conocido como “fondo sojero”, que salía del 30% de recaudación de las retenciones y era para las provincias.

El Gobierno que comenzó su mandato con la eliminación de los derechos de exportación de la carne, el trigo, el maíz (entre otros bienes), y la reducción de las retenciones a la soja (de un 35 a un 30%) dio así, una vez más, marcha atrás. Pero el cambio de escenario que produjo la disparada devaluatoria –que nos acompañó todo el año pero comenzó con más ahínco en agosto- cambió también la situación de los productores agropecuarios, que no son todos iguales.

Mientras el incremento del dólar fue superior al 25%, este porcentaje no se trasladó totalmente al precio de los productos agrarios, aunque sí al de las góndolas. De hecho, la Argentina es el país con el traslado a precios más alto de la región según el Instituto Interdisciplinario de Economía Popular de la UBA. Pero, en lo que refiere a la soja, por ejemplo, el precio saltó de $8.000 la tonelada a $9.300.

Las retenciones al “campo” llegaron en ese marco que es comprendido por el imaginario social como un todo pero no lo es tanto. “Se sigue sin diferenciar a los productores como actores sobre quienes se aplica la retención. Es una retención generalizada, estandarizada, que no diferencia escala. Entonces el impacto pasa a ser el mismo. El 10% de retención en un producto para los productores chicos es un impacto alto, y los productores grandes lo terminan licuando”, explica Esteban Motta, productor agropecuario, dirigente de base y ex secretario de la juventud de la Federación Agraria Argentina (FAA).

El propio Omar Príncipe, actual presidente de la FAA, sostuvo a poco de conocerse el anuncio: “Esto afecta mucho a los de menor escala y a las economías regionales, sobre todo cuando nos ponen a todos en la misma bolsa. Cuando el presidente habla de los más vulnerables, debe entenderse que los pequeños y medianos productores somos la parte más vulnerable de la cadena”.

Según explica Motta en diálogo con Canal Abierto, que “en una urgencia de crisis se apela a los derechos de exportación porque es automático: lo que sale todos los días, todos los días se cobra y todos los días entra a la caja. En el caso de los granos, el exportador las retiene y las deposita directamente en AFIP, y traslada los precios para abajo. El que las termina pagando es el productor, pero el agente de retención final es el exportador. El precio que le pagan al productor ya viene con las retenciones deducidas, no hay que restarle, con lo cual es un sistema de cobro automático”.

La diferencia mayor entre ambos grupos de productores –los grandes y los pequeños/medianos- es que los primeros están mayoritariamente diversificados y, manejando grandes volúmenes de divisas, tienen la posibilidad de vehiculizar una devaluación para licuar el impuesto.

Para Motta, se trata de un problema “estructural” y de larga data, que ningún gobierno resuelve, y no sólo de las retenciones. “Los sectores concentrados pretenden una política de libre mercado sin ningún grado de intervención. El gobierno anterior tampoco terminó interviniendo en la cadena nunca: intervino en fijación de precios, en términos que eran más distorsivos que distributivos –sostiene-. El problema de los productores chancheros, por ejemplo, no tiene que ser el precio del maíz sino cómo se fija el valor del cerdo y de la carne en el resto de la cadena, sobre todo en la industria y la comercialización. Está la plata, pero se la queda la cadena industrial o comercial. Lo mismo pasa con la leche, de los $25 que vale hoy el litro, el productor se queda con $7 o $7,20. Pero con un litro de leche cruda se hace mucho más que un litro de leche de sachet. Se hacen cantidad de subproductos. No son comparables 1 a 1”.

Lejos de la regulación, el gobierno de Cambiemos apunta a recaudar sin mayor preocupación por la promoción del sector. Sobre todo de los pequeños. Ahora, con el retorno de un impuesto que no distingue tamaños, la situación que ya se encontraba difícil, no augura un futuro más próspero. “Ni por derecha ni por izquierda, ningún gobierno de un país como el nuestro puede prescindir del negocio agropecuario. Pero si no discutimos qué tipo de promoción hay para pequeños productores y cooperativitas para que dejen de hacer solo grano estamos en una situación de complejidad porque la posibilidad de competitividad es imposible”, concluye Motta.

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