Redacción Canal Abierto | Hace aproximadamente diez años, con el avance de la frontera sojera y sus fumigaciones sobre los campos de los habitantes de las localidades chaqueñas de Las Leonesas y Las Palmas, la Red de Salud Ramón Carrillo –también de esa provincia-  comenzó a recibir denuncias por la afectación a la salud de los lugareños.

Malformaciones, tumores, abortos espontáneos, comenzaban a crecer al ritmo de este avance.

“Uno de los primeros casos que nos llegó fue el de las arroceras de La Leonesa. Fue a través de los vecinos, preocupados por el incremento de enfermedades como la leucemia linfoblástica aguda en los niños”, comenta Alejandra Gómez, abogada de la Red.

Generalmente, los niños con leucemia son trasladados de Chaco a hospitales en Buenos Aires, como el Garrahan. “Cuando los médicos los atendían, preguntaban a los papás si vivían en zonas rurales o si trabajaban con agrotóxicos. A partir de eso empezaron a relacionar las enfermedades con las fumigaciones. Después se daban cuenta que no sólo en esa cuadra había un caso, sino que el vecino del frente o el de la vuelta también tenía un niño con problemas de salud. Eso empezó a movilizar a todo lo que es La Leonesa y Las Palmas”, relata la abogada.

A partir de esta movilización de los lugareños, hubo un cambio y una toma de conciencia en todas las ciudades que conviven con las fumigaciones.

La Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos recomienda que no se liberen agroquímicos a menos de 5.000 metros de distancia de todo centro poblado, sea este urbano o rural. “El juez en Chaco decidió 1.000 y 2.000 metros para las aéreas. En otras provincias es arbitrario”, advierte Gómez.

En este contexto hubo un caso que trascendió en los medios. “Un día se estaba fumigando en forma aérea sobre la escuela 182 de Avietaray. La directora corrió hacia el mástil y subió la bandera para que el aeroaplicador vea que allí hay una escuela, más allá de ser muy visible en esa zona. Ella levantó la bandera y el avión pasó por el costado”, cuenta Alejandra.

Estas aplicaciones fueron realizadas por una empresa de la zona. Años después, los lugareños se enteraron que el aeroaplicador –socio de la empresa- falleció de cáncer a los 42 años, luego de haber salido en los medios a justificar que las aplicaciones eran a pedido de los productores y que no causaban daños a la salud.

 

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