Redacción Canal Abierto | No es novedad que desde la asunción de Cambiemos, no ha quedado rincón del  Estado sin “reestructurar”. Las políticas de desfinanciación han desmantelado por completo organismos, dejando a miles de trabajadores en la calle. La realidad del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) no difiere del resto de los organismos. De hecho, en lo que va del año, la venta de entradas de películas argentinas disminuyó en un 40%.

El Incaa es un ente público no estatal que funciona en el ámbito de la ahora degrada Secretaría de Cultura de la Nación. Una de sus tareas primordiales es la administración del Fondo de Fomento Cinematográfico, cuya principal función es fomentar la cinematografía argentina a través de créditos y subsidios.

El 7 de diciembre de 2017 se aprobó una norma que modifica el destino del dinero, dirigiéndolo a rentas generales, con fecha de caducidad en diciembre de 2022.

“Lo que está ocurriendo es que de manera indirecta se está violando la Ley de Cine. No la letra porque no modifica la Ley, pero si cambia la forma en la que se nutre el Fondo de Fomento Cinematográfico que es el presupuesto que maneja el Incaa”, explica en diálogo con Canal Abierto, Camilo Biurra delegado de ATE – Incaa.

Además  de modificarse hacia donde se dirige el dinero que se recauda de los impuestos de los espectáculos cinematográficos, hace unas pocas semanas dentro del organismo, hubo una reestructuración de tipo gerencial. Se oficializó la línea gerencial y subgerencial de personas que entraron en el último año y medio interrumpiendo la carrera administrativa de los trabajadores.

“Lo que hicieron es incorporar una línea de subgerencia que no existía antes. Esto viola el convenio colectivo de trabajo porque no fue promoción de carrera de los trabajadores si no directamente gente de ‘afuera’ que entró. En la mayoría son cargos políticos que poco y nada entienden ni de cine ni de Estado porque la mayoría viene del sector privado- relata Biurra- Y además hay una subejecución de presupuestos atroz, si sumamos el ejercicio 2016 y 2017 hay más de 820 millones de pesos y no hay explicación de por qué no se ejecutó y no se gastó ese dinero”.

Por lo pronto, los trabajadores y trabajadoras se encuentran en estado de alerta ya que además del desfinanciamiento que vienen sufriendo se han vaciado sectores, desarticulado programas y muchos de ellos se encuentran precarizados con fechas de contrato a finalizar en diciembre de este año.

 

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