Redacción Canal Abierto | El juez federal Sergio Torres, dispuso sobreseer a 58 de las 69 personas detenidas durante la manifestación del 18 de diciembre de 2017 contra la reforma previsional en los alrededores del Congreso.

La resolución sostiene que no hay nada que acredite que estuvieran cometiendo un delito o acto de violencia que justificara la privación de la libertad o una imputación penal. También consideró necesario señalar que la mayoría de las actas policiales fueron redactadas con descripciones genéricas, sin la menor referencia a un hecho, lugar y momento concreto, lo que implica “un serio compromiso de las garantías constitucionales”.

“Hay una cuestión que es absolutamente arbitraria en la detención de los compañeros que durante todo este tiempo estuvieron con una causa encima”, sostuvo la abogada del Partido Obrero, Liliana Alaniz.

En su carácter de defensora de los detenidos César Arakaki y Dimas Ponce, Alaniz agregó: “Las detenciones se trataron en realidad de la discriminación del Estado, que el día anterior desplegó una fuerza enorme de su aparato de seguridad, que valló zonas muy amplias alrededor de la plaza de los dos congresos, y de la provocación constante por parte de esta fuerza”.

Más de 200 personas resultaron heridas ese 18 de diciembre por el accionar policial. El punto álgido de la represión se vivió cuando el oficial Dante Barisone le pasó por encima con su moto a un cartonero, y cuando Alfredo Luna –otro uniformado- golpeó y le tiró gas pimienta en la cara a un jubilado.

“Eso es lo que no muestran las imágenes –que se han encargado de difundir tanto, los medios de comunicación y el propio juzgado-, que atrás estaban reprimiendo salvajemente”, afirmó la abogada.

El proceso de revisión del material audiovisual obtenido de ese día tomó nueve meses, y permitió determinar que no había prueba real para incriminar a los detenidos de aquella jornada.

Sin embargo, la resolución si responsabiliza a nueve manifestantes que fueron citados a indagatoria desde el 1 de octubre en adelante. Entre ellos se encuentran Sebastián Romero –en condición de prófugo-, Daniel Ruiz, Mariano Satansiola, y César Arakaki y Dimas Ponce.

Sobre éstos dos últimos, Alaniz sostuvo: “Los querían procesar por delitos absolutamente graves, como de sedición. En la cámara de apelaciones nosotros logramos bajar el delito de intimidación pública que le habían cargado a los compañeros. No obstante eso, el Ministerio Público Fiscal vuelve a apelar, insistiendo en la exageración en los tipos penales diciendo que estaban atentando contra las instituciones”.

Por último la abogada consideró necesario destacar que, después de la terrible represión que sufrieron, las 300 mil personas manifestándose ese día volvieron a salir a las calles con cacerolazos y cortes en todas las esquinas de Buenos Aires.  Y además, el reforzamiento de todo el sistema represivo y el aumento de la rigurosidad de los código de procedimientos penales, es la única manera que tiene este gobierno de hacer pasar el ajuste. “El ajuste no pasa sin represión, y más si se da en un momento histórico donde las movilizaciones son sustentables y van creciendo día a día”.

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