Redacción Canal Abierto | Los cuatro represores, imputados en el primer juicio por delitos de lesa humanidad sufridos por militantes de la ciudad de Rafaela durante la última dictadura cívico militar, fueron condenados este mediodía con penas de entre 8 y 16 años de prisión.

Tres de ellos ya tenían condenas anteriores y el otro, Oscar Farina, fue sentenciado por primera vez.

Juan Calixto Perizzotti, comisario mayor retirado, 14 años de prisión; María Eva Aebi, ex sargenta, 10 años; Ricardo Ferreyra, comisario inspector retirado, 16 años de prisión; y Oscar Farina, ex comisario, 8 años; fueron responsables de las torturas y muerte de los militantes en la Comisaría 4° de Santa Fe.

La abogada Lucila Puyol, representante de la querella junto a Guillermo Munné, explica a Canal Abierto el valioso precedente que representan estas condenas: “Lo más importante de este proceso es que se juzgaron las violaciones a las que fue sometida Silvia Suppo, el embarazo producto de esas violaciones y el aborto forzado que finalmente le hicieron”.

La querella acusó por secuestros y tormentos, y por esas tres figuras sexuales, de las cuales el Tribunal tomó las violaciones reiteradas y el aborto forzado.

“El Tribunal entendió los delitos sexuales como crímenes de lesa humanidad en el marco del terrorismo de Estado, lo cual es muy importante porque en los últimos años se vino avanzando mucho pero la mayoría de los jueces, en instrucción y en el tribunal oral, dejaban subsumida la violencia sexual hacia las mujeres en la figura de torturas o tormentos, no como un delito autónomo”, resalta Puyol.

Desde el movimiento de mujeres y la militancia feminista hace mucho que venimos trabajando para que esto sea visibilizado como un delito autónomo y específico -agrega la abogada-, y nos parece muy importante que este Tribunal lo haya tomado”.

La querella y el Fiscal apelarán el beneficio de prisión domiciliaria que se le otorgó a Farina hasta que tenga la sentencia firme, porque “ponen en peligro a las víctimas”. “Hubo tres mujeres que lo reconocieron durante las audiencias. Hasta que se agoten todas las instancias apelatorias pueden pasar años, es un despropósito”, alerta la letrada de HIJOS.

Y afirma: “En este juicio quedó claro que la dictadura fue cívico-militar-eclesiástica, pero también fue machista, sexista y patriarcal”.

Los compañeros 

El lunes 31 de Julio del año 2000, Silvia Suppo se presentó en la Oficina de Tribunales en la ciudad de Santa Fe. Tenían plena vigencia las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, pero no fueron un impedimento para que Silvia completara la “Solicitud de investigación por Derecho a la Verdad”. En menos de una página, su relato, de puño y letra, exigía saber lo ocurrido con Reynaldo Hattemer, secuestrado el 25 de enero de 1977, frente a la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús en pleno casamiento de su hermano Oscar Hattemer. Reynaldo continúa desaparecido, pero no fue la única víctima del grupo de tareas que operaba en el norte santafesino.

Rubén Carignano fue asesinado, a los pocos meses, en la Comisaría 4° de la ciudad de Santa Fe, luego de ser secuestrado clandestinamente por el mismo grupo de Rafaela.

Silvia Suppo, también secuestrada, luego fue trasladada a Santa Fe, donde fue víctima de torturas, violaciones, un embarazo y un aborto forzado. En 2010, fue apuñalada en un hecho que su familia y las organizaciones de derechos humanos denunciaron como una venganza y un intento de amedrentar a la militancia. En 2015, Rodolfo Cóceres y Rodrigo Sosa, auto-implicados en el crimen, fueron condenados a prisión perpetua, como “coautores del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y para procurar impunidad”.

Tanto Jorge Destefani como Hugo Suppo, Graciela Rabellino y Ricardo Díaz (sobrevivientes), fueron secuestrados en Rafaela y trasladados a la Comisaría 4° de Santa Fe, donde recibieron torturas y tormentos mientras se encontraban detenidos clandestinamente.

Todos fueron militantes de la Juventud Peronista.

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