Redacción Canal Abierto | A las 14:30, el Tribunal Oral Federal 4, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Guillermo Costabel y Gabriela López Iñiguez, dio a conocer el veredicto que condena al ex ministro de Planificación, Julio De Vido a cinco años y ocho meses de prisión por su responsabilidad en la Tragedia de Once.

El funcionario de máxima confianza de Néstor y Cristina Kirchner se encuentra detenido desde el miércoles 25 de octubre de 2017, cuando Diputados –con 176 votos a favor y una abstenció- resolvió  su desafuero.

Tres meses antes, un 4 de julio -durante la jornada de trabajo en comisiones que trataba el pedido de desafuero del fiscal federal Carlos Stornelli-, De Vido deslizó una amenaza a diputados oficialistas: “Que el Gobierno siga jodiendo y yo voy a dar a conocer las cuentas”.

Desde entonces, estuvo en boca de periodistas y analistas el sinfín de proyectos que manejó De Vido durante los casi 12 años en que ocupó un lugar privilegiado del gabinete kirchnerista.

El propio Ministerio de Planificación publicó en 2015 un ranking de empresas beneficiarias de contratos de obra pública. Más allá del sexto puesto ocupado por la brasileña Odebrecht -envuelta en múltiples causas de corrupción a nivel mundial- o del segundo para la cordobesa Electroingeniería –vinculada a Carlos Zanini, candidato a vicepresidente en 2015-, llamaba la atención el tercer lugar de Iecsa, empresa que hasta hace poco de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.

Si bien opera desde la década del 60´, en 2007 Franco Macri  vendió Iecsa a su sobrino. Este, en poco más de una década, la convirtió en una de las constructoras más importantes del país.

En total, durante toda la era kirchnerista, Calcaterra ganó licitaciones por unos 1.823 millones de dólares para obras viales, hidráulicas y ferroviarias. Incluso fue contratista de la polémica Enarsa (empresa estatal de energía creada por Néstor Kirchner en 2004), manejada por Julio De Vido y Exequiel Espinoza, cuando en 2010 se le adjudicó –junto a la española Isolux– la construcción de la usina Ensenada Barragán, uno de los tantos emprendimientos impulsados bajo la órbita del Ministerio de Planificación.

Iecsa, además, hizo obras para la represa Yacyretá, para Paraguay y para la petrolera brasileña Petrobras SA por 15 millones de dólares.

Su principal traspié fue la licitación para el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, que ganó junto a la brasileña Odebrecht. La obra iba a ser financiada por el Banco Nacional de Desarrollo del Brasil, investigado por corrupción en Brasilila, Buenos Aires, Lima, Caracas y La Paz. El banco iba a aportar un crédito de US$ 3 mil millones, pero la construcción se vio trunca.

En la megacausa por asociación ilícita contra Ricardo Jaime, funcionario de De Vido, surge que la empresa china CITIC cobró sobreprecios del 160% por la venta de vagones para el subte porteño. El intermediario de esa compra fue el padre de Mauricio, Franco Macri, que recibió una comisión millonaria.

Otro de los actores principales de la “patria contratista” durante la era kirchnerista fue Nicolás Caputo. Dueño de Caputo S.A. y Ses S.A., el amigo de toda la vida del Presidente fue uno de los mayores beneficiarios de obra pública durante la gestión del PRO en la Ciudad. Se calcula que en cerca de cuatro años, la firma Ses S.A facturó alrededor de 1.400 millones de pesos. Sin embargo, “Niky” también contó con el favor del Gobierno nacional durante la gestión kirchnerista al conseguir obras en la remodelación de edificios públicos nacionales, ministerios, hospitales y la construcción de escuelas, comisarías.

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