Redacción Canal Abierto | Las familias Campesinas e Indígenas de Santiago del Estero desde hace más de 500 años son perseguidas por grandes grupos económicos que quieren apropiarse – y se han apropiado- de las tierras. Pero,  desde hace seis, el conflicto se profundizó debido al boom del agronegocio.

El pasado 12 de octubre, la persecución y el hostigamiento a las y los campesinos llegó a un punto máximo: en el Departamento de Pellegrini, en el Paraje Suncho Pampa, Santiago del Estero, un grupo de más diez policías inició un violento desalojo. Llegaron con un oficial de Justicia a desalojar a Héctor Reyes Corvalán, poseedor de un lote, por orden de la jueza María Cecilia Paskevicius.

El violento episodio, dejó en estado crítico debido a quemaduras, a Héctor Reyes Corvalan, poseedor de un lote.

Durante el desalojo, según relatan los vecinos, se realizaron destrozos a hornos y cercos. Amenazaron de muerte, mataron los perros, desaparecieron las doscientas cabezas de ganado, dispararon balas de goma e incendiaron el rancho de la familia en el que resultó herido Corvalan.

“Hubo uso abusivo de la fuerza policial, judicial y empresarial. Según dichos del abogado que está acompañando a la familia Corbalán, el empresario Nestor Quesada habría comprado tierra conociendo o desconociendo que había campesinos dentro con derechos posesorios. Empieza este litigio y conflicto de intereses, que le ocurre a muchísimas familias con derechos que muchas veces no son reconocidos ni por los empresarios, ni la Justicia”, explicó en diálogo con Canal Abierto Sergio Lamberti, sacerdote de la Iglesia diocesana de Santiago del Estero y quien acompaña al Movimiento  Campesino de Santiago Del Estero.

El conflicto se remonta a agosto de 2012, cuando el empresario cordobés Néstor Quesada pretendió tomar posesión de unas 270 hectáreas. Durante todos estos años, Quesada y personas a su cargo, realizaron amenazas de muerte con armas de fuego, daño en el campo, incendio de cercos y  matanzas de animales.

Los vecinos, denuncian que casi el 75% de tierras cultivables se encuentra en manos de empresarios del agronegocio que siguen poniendo en riesgo la permanencia y la vida de los sistemas campesinos e indígenas.

“Es muy habitual. Llegó a manos de la Justicia pero siempre favorece al empresariado. Hay una visión política que cree que los que desarrollan a la provincia son los empresarios del agro negocio. Pero nosotros tenemos trabajado y estudiado todo lo que el campesinado y los pequeños productores aportan a la economía provincial”, señala Lamberti.

Por lo pronto, los trabajadores se encuentran en estado de alerta y asamblea ya que las amenazas continúan.

Lo importante es decir que hay una violencia estructural, que está dada por la inequidad de la distribución de las tierras. Creemos que no va a haber desarrollo equitativo, justo, si no se conversa sobre una reformas fundamental”, sentencia el sacerdote.

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