Redacción Canal Abierto | El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas (ONU) difundió sus observaciones finales sobre el cumplimiento de la Argentina del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El informe advierte sobre la degradación en los últimos tiempos de servicios sociales, accesos al Estado y políticas públicas producto del ajuste y recortes impulsados por el Gobierno de Cambiemos en consonancia con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sobre lo que denomina “medidas de austeridad”, expresa su preocupación por la “reducción de los niveles de protección efectiva de los derechos consagrados en el Pacto, en particular para las personas y los grupos desfavorecidos”. En este sentido, recomienda al Estado que “examine las medidas adoptadas en respuesta a la crisis financiera que sigan vigentes, a fin de garantizar el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales”.

A continuación, el texto puntualiza en diversos decisiones y áreas gubernamentales afectadas por la política de Cambiemos. Entre ellos, la degradación a secretarias de distintos ministerios o bien la vacancia de la Defensoría del Pueblo. Sobre este último punto, recomienda que se “active el mecanismo de selección y proceda a la nominación”.

Pobreza

El Comité plantea su preocupación ante la pobreza estructural, que se mantiene a un piso del 25-30% de la población, y el dato de más de 5 millones de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza y el impacto negativo de la devaluación e inflación en la pobreza y la desigualdad. Asimismo, habla del “impacto negativo de los aumentos masivos en las tarifas de los servicios básicos (agua, gas, electricidad, transporte y medicamentos) en los grupos desfavorecidos, así como en las clases medias y que los aumentos del salario mínimo y de la Asignación Universal por Hijo no permitan compensar la inflación”.

Alimentación

En otro apartado, la ONU lamenta la ausencia de un reconocimiento y protección constitucional explícitos del derecho a la alimentación, la falta de implementación de la Ley N° 27.118, los cortes presupuestarios y de personal en el sector de la agricultura familiar y el aumento de personas que dependen de los comedores escolares y comunitarios.

Luego, el texto se refiere a “los índices de sobrepeso y obesidad, la ausencia de medidas estatales para disminuir el consumo de bebidas azucaradas y la falta de una regulación adecuada para restringir la publicidad de alimentos no saludables”.

Extractivismo y pueblos originarios

“El Comité expresa preocupación por los planes de explotación a gran escala de combustibles fósiles no convencionales (gas de esquisto y petróleo de esquisto) mediante fracturación hidráulica (“fracking”) en la región de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén”, señala.

El Comité también plantea su preocupación por la falta de cumplimiento integral con el relevamiento sobre comunidades indígenas, la demarcación de sus territorios, y la prohibición de desalojos de tierras de las comunidades indígenas, dispuesto por la Ley 26.160. A su vez, hace referencia a que aún no se ha previsto mecanismo para la titularización de las tierras ancestralmente ocupadas por los pueblos.

Política fiscal y desigualdad

Preocupa también a la ONU que ciertas medidas tributarias, como la reducción de la carga impositiva para grupos sociales de alto ingreso o el mantenimiento de exenciones tributarias injustificadas, reduzcan la capacidad redistributiva del sistema fiscal y limiten la obtención de los recursos necesarios para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales.

Discriminación

Si bien reconoce la adopción del Plan Nacional contra la Discriminación, el informe lamenta –entre otras cosas- “el incumplimiento de la cuota de empleados trans en el sector público de la Provincia de Buenos Aires”.

Entre otros puntos, el Comité pide “asegurar recursos económicos y humanos para aplicar plenamente la Ley Nacional de Identidad de Género”.

Igualdad entre hombres y mujeres

Además de alertar la baja tasa de participación laboral de las mujeres, quiénes “asumen el trabajo no remunerado de cuidado de la familia”, preocupa al Comité que “los desiguales avances en materia social y territorial, hacia la provisión universal de servicios sociales e infraestructura destinada al cuidado de niños y adultos mayores impacta de manera negativa la igualdad entre hombres y mujeres y la inserción laboral de las mujeres sobre todo de las de menores ingresos”.

Sobre este punto en particular, reclama al Estado argentino fortalecer y extender un sistema público de cuidados integral que elimine las brechas sociales y territoriales, a través de la efectiva implementación del plan de igualdad de oportunidades.

Desempleo

“El Comité está preocupado por el aumento del desempleo a lo largo de los últimos cinco años y el alarmante incremento de los índices de desocupación en el primer trimestre del año 2018, afectando de manera desproporcionada a grupos desfavorecidos, en particular a los jóvenes, las mujeres y los habitantes de zonas rurales”, expresa.

En este sentido, recomienda al Gobierno que “siga evaluando el impacto de las medidas de ajustes estructurales sobre el empleo”.

Libertad sindical

La reducción en la inscripción de sindicatos y las interferencias de autoridades públicas en la vida de las organizaciones son algunas de las inquietudes que plantea el informe, en particular de sectores como educación, trabajadores agrícolas, trabajadores estatales y transporte. Incluso plantea serias preocupaciones en torno a la intervención en materia de “elecciones de las autoridades de los sindicatos, derecho a la negociación colectiva, acceso a financiación e intimidación con el uso desproporcionado de multas”.

E insta al Estado a “proteger a las personas que participan en actividades sindicales y para prevenir y reprimir cualquier tipo de represalias”.

Previsión social

“El Comité está particularmente preocupado por el impacto negativo quela ley 27.426 (2017) de Reforma Previsional tiene en la actualización de las jubilaciones y asignaciones familiares”, puntualiza. Del mismo modo, advierte sobre la “masiva suspensión de las pensiones no contributivas a personas con discapacidad sin adecuada garantía del debido proceso”.

Violencia contra las mujeres y trata

Ambos problemáticas fueron particularmente señaladas en distintos párrafos del informe. Y si bien reconoce cierto avance de políticas en este sentido durante la última década, exige “establecer partidas presupuestarias específicas y suficientes para la implementación de servicios de patrocinio gratuito y especializado para las mujeres en todo el país; intensificar las medidas que garanticen la plena investigación, sanción y reparación de los hechos de violencia; garantizar la plena protección a las mujeres; y redoblar los esfuerzos para contar con un sistema de información que proporcione evidencia sobre los niños y adolescentes que requieren protección especial”.

En relación a la trata, preocupa al Comité que la “mayor parte de los dispositivos de lucha contra la trata de mujeres adoptados por el Estado parte están orientados a la atención de emergencia y no se cuenta con asistencia sostenida de mediano o largo plazo para las víctimas. El Comité está también preocupado por los obstáculos en el acceso a la justicia y a una reparación efectiva, así como el limitado número de casos de condenas de los máximos responsables de estos crímenes, con condenas que recaen en personas con menor responsabilidad y en muchos casos, incluso en las víctimas”.

Vivienda

Entre otras cosas, el informe advierte sobre la existencia de más de 4.000 asentamientos informales y que más del 10% de las viviendas carezcan de conexión de agua potable y más del 30% de servicios de alcantarillado. “El Comité está también preocupado que subsiste un marco normativo inapropiado para los desalojos y por las denuncias documentadas de desalojos que, en ausencia de protocolos de actuación de las fuerzas públicas, fueron realizados con violencia”, afirma la ONU en su texto, donde a su vez alerta sobre la “especulación en terrenos, bienes, raíces y construcción”.

Derechos sexuales y reproductivos

El análisis realizado por el organismo de Naciones Unidas destaca los “altos números de aborto peligrosos, los obstáculos que encuentran para acceder al aborto en las causales previstas legalmente como la falta de medicinas requeridas o el impacto negativo de la objeción de conciencia de médicos”. En este sentido, el Comité es categórico al afirmar que “lamenta también que no se haya aprobado la despenalización del aborto”. Finalmente, pone el foco en la falta de un marco normativo e institucional para garantizar servicios de salud adecuado a las personas intersex.

En este punto, entre otras recomendaciones, reclama el acceso a los medicamentos que permiten una interrupción del embarazo seguro, como el misoprostol y la mifepristona, así como también establecer el marco legal y servicios necesarios para garantizar el acceso al aborto en los casos previstos en la ley vigente, a fin de reducir el número de muertes maternas evitables, y garantizar el acceso a instalaciones, suministros y servicios de atención a la salud para satisfacer las necesidades de atención previos y posteriores al aborto.

Por último, demanda al Estado argentino “tomar todas las medidas necesarias para liberalizar las condiciones para el aborto legal y en todo caso nunca criminalizar a las mujeres que recurren al aborto”.

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