Redacción Canal Abierto | Una vez más, el macrismo aviva los fantasmas de una supuesta “inmigración descontrolada” que importa “delincuentes extranjeros”, mientras en paralelo legitima la portación de armas como solución “ciudadana” para los hechos de inseguridad.

La línea discursiva no es novedosa (ver abajo Esa costumbre estigmatizante), ni tampoco lo son sus protagonistas: desde Cambiemos (con Patricia Bullrich y el propio Presidente) hasta el peronismo mas conservador (el líder de la bancada en senadores, Miguel Ángel Pichetto, y el ex secretario de seguridad de Cristina Kirchner, Sergio Berni).

En esta oportunidad, Mauricio Macri planteó que la Argentina tiene “demasiada apertura” y que “tenemos que protegernos de otros que vienen con otro tipo de intenciones y que le generan un enorme trabajo a la ministra Bullrich”.

La política migratoria en la Argentina se rige por la ley 25.871, aprobada por el Congreso en diciembre de 2003. En su artículo 6° la norma establece entre los Derechos y Libertades de los Extranjeros un principio proclamado también en el preámbulo de la Constitución Nacional, para “todos los habitantes del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”. El texto ordena que “el Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”.

Las afirmaciones de Macri no sólo cosecharon el rechazo inmediato de organizaciones como el CELS y Amnistía, que consideraron “alarmantes” las “declaraciones discriminatorias”. Los dichos presidenciales ayudaron a otros funcionarios de menor talla a sacar del closet su “enano fascista”.

Haciéndose eco del ejemplo presidencial, el director nacional de Migraciones, Horacio García, se expresó en las últimas horas a favor de modificar la legislación sobre el “sistema de expulsión” de ciudadanos de otros países que transgreden las normas locales y habló de  “reubicar” a los miles que llegaron en los últimos años.

Otro de los escándalos mayúsculos de las últimas horas fueron las declaraciones de la ministra de Seguridad, “Pato” Bullrich. Siempre presta a justificar cualquier uso y abuso de la fuerza, en esta oportunidad la ex funcionaria de la Alianza lanzó “el que quiera estar armado que ande armado”. Durante la misma entrevista, aprovechó para defender al policía Chocobar, quien –aseguró- “actuó para defender a la gente, fue muy clarita su actividad”.

No es casual el rebrote xenófobo y militante de la mano dura en el Gobierno luego de que en el vecino Brasil se consagrara la ultraderecha. Jair Bolsonaro es conocido por sus alabanzas a la dictadura militar y por reconocerse como machista, racista, homofóbico y xenófobo.

Durante su exitosa campaña electoral, el presidente electo no ha dejado sector social sin amenazar, algo que –para alguno inexplicable, y para muchos, triste- servirá de inspiración para el marketing de otras propuestas neoliberales y conservadoras en el continente.

No obstante, frente a los dichos que especulan con el miedo no queda mas opción que enfrentar la realidad, y es allí donde las estadísticas desmienten la falaz idea de que los servicios públicos se encuentran saturados por una inmigración descontrolada sino también el carácter delincuencial de los hermanos que llegan a estas tierras.  

Frente al humo xenófobo, datos…

Sin embargo, lo que desmontó el intento de arancelamiento de la Salud y la Educación a extranjeros no es solo el carácter solidario y equitativo de las leyes argentinas. Las cifras y estadísticas también desmienten la figura que vende Cambiemos y compra una parte de la sociedad.

Según el Censo 2010, último realizado en el país, en la Argentina hay 1.800.000 residentes no nativos, de los cuales 1402.568 tienen como origen países limítrofes y Perú. En 2013, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó un estudio que proyectó esa cifra a 2.000.000. Es decir, sólo el 4,6% de la población que vive en la Argentina es extranjera.

Según cifras oficiales del anuario estadístico hospitalario de Jujuy de 2016 (último dato disponible), ese año hubo 47 mil egresos hospitalarios, es decir personas que se internaron en los hospitales públicos de la provincia norteña, de los cuales sólo 132 fueron personas que tenían residencia en otro país (el documento oficial no especifica cuáles). Esto es el 0,3% del total, y se asemeja al porcentaje de extranjeros que se internaron en 2015 (0,4%).

En 2011, de acuerdo con una investigación de la Universidad ISalud y el Ministerio de Salud de Jujuy, se demostró que sobre una muestra de 1830 planillas diarias “donde se constató nacionalidad” en los hospitales de Palpalá, San Pedro, Tilcara y El Carmen, sólo “el 1,7% corresponde a ciudadanos extranjeros, en su mayoría de origen boliviano con residencia estable”.

A su vez, los últimos datos publicados por el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Airescorresponden a 2012, la cantidad de personas residentes en otro país que fueron internadas en hospitales porteños representaron menos del 0,1% del total de las internaciones (se trató de 72 casos).

En la Universidad de Buenos Aires (UBA), la casa de altos estudios más grande del país y donde recae la mayor cantidad de estudiantes nacidos fuera del país, se estima que cursan unos 322.000 estudiantes en total. De ellos, 13.200 son extranjeros. Esto quiere decir que el 4,1% de los estudiantes de la UBA son extranjeros, una cifra moderada en comparación con otros países.

En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sostiene que “la incidencia de los migrantes en el uso de presupuestos públicos es indiferente. Por ejemplo, se estima que hay 70.000 niños, niñas y adolescentes que están excluidas de la Asignación Universal por hijo por no tener una residencia «legal» superior a los 3 años, cuando en realidad ese programa alcanza a casi 4.000.000″.

Esa costumbre estigmatizante

En diciembre de 2010, el por entonces jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri responsabilizaba a la “inmigración descontrolada” por los desmanes protagonizados por la Policía Metropolitana y la Policía Federal durante un desalojo en el Indoamericano.

El saldo de 4 muertos y mas de treinta heridos no sólo obligaba a revisar los protocolos de las fuerzas de seguridad, también una política habitacional ausente en las gestiones a nivel nacional y local. Sin embargo, y como es costumbre, la respuesta de Mauricio Macri fue patear la pelota para otro lado. La estrategia buscó culpar a la entonces presidente Cristina Kirchner y responsabilizar por la violencia a las colectividades migrantes. Rápido, su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, salía a secundarlo al afirmar que “en el país rige una ley muy permisiva respecto de la inmigración”, y que “en esa zona vive un 70% de gente de nacionalidad boliviana y paraguaya”. Como remate, lanzó: “No podemos resolver los problemas de vivienda del Conurbano y el Mercosur”.

Los intentos estigmatizantes no quedaron ahí. Luego, en febrero de este año Cambiemos sumó otro capítulo en su embestida xenófoba al pretender instalar el debate para cobrar a los extranjeros no residentes el uso del sistema de salud y la educación universitaria. Por entonces, incluso el diputado radical Luis Petri presentó un proyecto de ley en ese sentido.

En enero de 2017 el Gobierno también modificó por decreto la Ley Nacional de Migraciones, permitiendo las deportaciones de indocumentados que hayan cometido delitos. En aquel entonces, la comisión interamericana de Derechos Humanos amonestó al Estado argentino y señaló: “Argentina fue un gran ejemplo sobre cómo tratar a los migrantes y ahora nos preocupa que haya retrocedido”.

Uno de los que empatizó con esta avanzada estigmatizante fue el jefe del interbloque Argentina Federal, que integran senadores justicialistas no kirchneristas. Hace poco más de un año, el hombre que supo ser la voz del kirchnerismo en la Cámara Alta, Miguel Angel Pichetto había afirmado en un programa de televisión que “Perú ha transferido a sus narcotraficantes y nosotros incorporamos esa resaca. El problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia y ajuste delictivo de Perú”. Si bien causaron la indignación de buena parte del espectro político, los lamentables dichos solo exponían el carácter conservador que Pichetto no escondió nunca, y que luego continuaría en tantas otras declaraciones y decisiones legislativas.

El último caso resonante en este sentido fue la estigmatización de extranjeros detenidos durante la marcha del miércoles 24 de octubre contra el Presupuesto. Ejemplo de ello fue que ministros y senadores exigieran al unísono la deportación de Anil Baran, un turco que vive hace dos años en Villa María. ¿Sus delitos? Pasar por Constitución en momentos en que la detenía al voleo durante la represión del miércoles pasado, ser extranjero, y pensar distinto.

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