Redacción Canal Abierto | De acuerdo al derecho internacional, todas las personas gozan del principio de presunción de inocencia, según el cual, una persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Esto implica que, salvo excepciones, tiene derecho a esperar una sentencia en libertad y debe garantizarse su derecho de defensa ante la justicia.

Producto de artilugios legales que permiten total discrecionalidad a jueces, Argentina no estaría cumpliendo con este paradigma. Según informó a principios de 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a principios de de 2018, solo la mitad de los presos bonaerenses tiene condena firme o en primera instancia. El resto permanece a la espera con prisión preventiva. Son casi 20 mil hombres y mujeres en cárceles hacinadas a merced de la decisión de una justicia colapsada.

Incluso funcionarios oficialistas fueron noticia en las últimas semanas por su posición crítica respecto del abuso de esta figura. “Nunca es bueno que se pida la detención o se detenga preventivamente a un ex presidente”, fue la declaración a un medio periodístico por parte del ministro de Justicia, Germán Garavano, en relación al criterio “arbitrario” y “errático” de las prisiones preventivas, generó una tempestad política al interior del universo Cambiemos.

Similar fue la posición de la ex Canciller macrista, Susana Malcorra, quien se refirió a esa figura como una “excepción”. Incluso el jefe del bloque del PRO en Diputados, Nicolás Massot había afirmado que “si sabía que la Justicia iba a pasar más de un año sin novedades de juicio oral o sentencias definitivas” sobre el exministro de Planificación Julio De Vido, “hubiera pensado dos veces” votar su desafuero.

En el caso de Massot, de forma explícita, y en el resto, de manera velada, los cuestionamientos apuntan a las complejas situaciones judiciales que atraviesan funcionarios kirchneristas, incluida la ex presidente Cristina Fernández.

No obstante, poco se habla del drama que atraviesan miles de argentinos –en su gran mayoría pobres- encarcelados sin condenas, o en muchos casos habiéndose probado su inocencia.  

En una carta abierta, Amnistía Internacional pide a la Corte Suprema de Justicia que se expida inmediatamente sobre la situación de Jorge Enrique González Nieva, detenido hace más de 12 años en prisión preventiva.

El 19 de julio de 2006, González Nieva regresaba del trabajo a su casa, en el barrio La Blanquita, Merlo, provincia de Buenos Aires, cuando fue interceptado por oficiales de la bonaerense. Lo detuvieron y llevaron a la comisaría. De acuerdo al testimonio de González Nieva, lo golpearon y extorsionaron para que entregase dinero a cambio de no ser incriminado en un robo seguido de muerte ocurrido en mayo de 2006.

De acuerdo a su relato, González Nieva se negó a la extorsión, lo que provocó que se diera inicio a una investigación judicial por la que recibió una condena de 25 años de prisión en el año 2010. La sentencia fue apelada, y la decisión aún no está firme. Desde 2015 su causa se encuentra a estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), mientras González Nieva espera una resolución judicial para recuperar su libertad.

Los policías que participaron de su detención fueron condenados por encubrimiento, falso testimonio, tentativa de extorsión, por haber involucrado a personas en supuestos delitos para luego amedrentarlas y extorsionarlas. A su vez, el fiscal de la causa fue suspendido de su cargo en 2017 por su actuación en este y otros procesos judiciales.

La Fundación Innocence Project Argentina –organización internacional que busca revertir la condena de personas que por fallas del sistema han sido injustamente condenadas- tras analizar el caso, sostuvo la inocencia de González Nieva, para lo que aportó nuevas pruebas. Incluso una de las coautoras del robo –quien se encuentra condenada por los hechos– aseguró que González Nieva no participó del hecho; y el testigo que supuestamente lo había identificado denunció que no lo había reconocido, a pesar de haber sido presionado por la policía para culpar a González Nieva, y que el acta de reconocimiento fue falsificada.

Todos estos elementos de prueba fueron puestos en conocimiento de la CSJN por su defensa -a cargo de la Defensoría de Casación- pero hasta tanto el Tribunal no resuelva el recurso que se encuentra pendiente desde hace más de tres años, González Nieva no puede cuestionar los fundamentos de su detención y continúa en la cárcel. Se le impide así su derecho de defensa.

 

Foto: Valerio Bispuri (www.valeriobispuri.com)

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