Redacción Canal Abierto| La dirección de la Administración Nacional de Aviación Civil prorrogó la posibilidad de intervención de personal de la Fuerza Aérea y la Policía de Seguridad Aeroportuaria en tareas de logística en los aeropuertos comerciales.
La medida había sido dispuesta tras el paro de Aerolíneas Argentinas el 26 de noviembre pasado, buscando evitar que medidas de fuerza interfirieran en el desarrollo de los vuelos durante la cumbre del G20. Transcurrida ya la cumbre, la ANAC extendió el plazo por 30 días.

Las tareas que abarcadas por el decreto son las que habitualmente realiza la empresa estatal Intercargo, vinculadas a la logística y movilidad de las aerolíneas comerciales: señaleros, tractoristas, limpieza y ascenso y descenso de pasajeros entre otras.

“Es un retroceso desde el punto de vista profesional y del desarrollo aerocomercial”, sostuvo Marcelo Belelli, delegado de ATE-ANAC, ante la consulta de Canal Abierto sobre esta medida.

“Tender a militarizar servicios que tienen que ver con la aviación civil es volver a la dictadura de Onganía, que es el momento en el que desembarcó la Fuerza Aérea en tareas de la aviación civil”, señaló Belelli.

Además de la implicancia simbólica que tiene el regreso de fuerzas armadas y de seguridad al manejo de la aviación civil, Belelli remarcó la incompatibilidad que hay para realizar ese tipo de menesteres que requieren tener conocimiento práctico: “se le va a dar la posibilidad de trabajar en áreas muy sensibles a personal de la PSA y la Fuerza Aérea sin que tenga la trayectoria ni las habilitaciones correspondientes. Llevar o estacionar un avión no es una tarea sencilla y es una experiencia que no se adquiere con un solo curso. Para afrontar una tarea de esas características no hay que hacer una capacitación teórica sino tener mucho manejo práctico de las características geográficas y meteorológica del aeropuerto.”

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Desde los gremios que cubren las distintas áreas del quehacer aerocomercial ven con preocupación esta medida, pues entienden que lo que busca es romper cualquier medida de fuerza con la que los trabajadores intenten combatir cualquier avance tanto sobre sus derechos como de la presencia estatal en el área.

“Esto abre la puerta para que se pueda avanzar en otras áreas a partir de criterios que tengan que ver con intereses del gobierno de no afectar la continuidad de las operaciones aéreas”, remarcó el delegado.

“La única barrera que existe hoy para que las políticas aerocomerciales del gobierno se impongan es la organización gremial. Los trabajadores aeronáuticos organizados en los distintos sindicatos que le venimos marcando un límite a la precarización laboral y flexibilización de las normas”, concluyó Belelli.

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