Redacción Canal Abierto | Como siempre que se vota algo que no favorece a los vecinos, la Legislatura porteña amaneció vallada, preparada para aprobar el nuevo Código Urbanístico y de Planificación. Finalmente, con 34 votos positivos y los 24 -de toda la oposición- negativos, la sanción aguarda la promulgación del Ejecutivo.

Afuera del recinto, vecinos y organizaciones manifestaron una vez más su posición en contra de esta medida que trae más beneficios para los negocios inmobiliarios, y deja afuera las necesidades de la población y su forma de vida.

Hace más de dos años, vecinos de la ciudad de Buenos Aires, acompañados por el abogado Jonatan Baldiviezo, comenzaron con el reclamo para que se realice una planificación ciudadana y que se discuta con ellos el nuevo Código Urbanístico de la ciudad de Buenos Aires.

A pesar de que existió una instancia judicial, Cambiemos decidió hacer oídos sordos al pedido de los asambleístas de poder participar en la discusión del Código. Finalmente se aprobó, pero sin la participación de los vecinos.

“Es un código ajeno a la realidad de los porteños. Tendría que haber sido la herramienta para operativizar  la planificación ciudadana y regular el mercado inmobiliario para disminuir la cantidad de familias inquilinas o resolver las problemáticas ambientales, la falta de espacios verdes, el colapso de los servicios públicos. No es un código urbanístico sino que se transformó, por decisión del gobierno, en un código inmobiliario”, explicó Jonatan Baldiviezo abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

Uno de los discursos del Gobierno en torno a la implementación del nuevo código, se basa en “proponer una densidad poblacional adecuada” sin embargo, no hubo un diagnóstico previo.

“Decidieron que en la Ciudad de Buenos Aires debía haber mayor densidad pero no cómo. Sabemos que hay un colapso en cada uno de los servicios públicos: transporte, agua, cloacas, espacios verdes, educación, salud. En cada una de esas dimensiones hay problemas en alguno de los barrios y esto no fue acompañado con políticas”, comentó el abogado.

Y agregó: “Este código viene a legalizar las ilegalidades. Habilitaciones que el Gobierno hacía mirando para otra parte, permisos de obras autorizadas en violación al código de planeamiento, con interpretaciones un tanto absurdas, exageradas, con excepciones constantes al código, permisos otorgados con muchos más metros hoy están siendo legalizadas en este código. Además es un blanqueo inmobiliario porque no se les cobra ningún tipo de impuesto por todas estas ilegalidades. Hay una deficiencia en el tratamiento de estos temas por parte del gobierno de la Ciudad, que sólo se concentra en la capacidad constructiva y agudiza la crisis habitacional existente”.

El código urbanístico se discutió y se aprobó sin tratar previamente el código ambiental y sin que la Ciudad haya actualizado el Plan Urbano Ambiental, que es la ley de planificación madre. Esta es la batalla que les queda por luchar a las organizaciones que durante todo este proceso manifestaron su descontento con la reforma.

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