Redacción Canal Abierto | Según datos del ex Ministerio de Agroindustria (ahora convertido en Secretaría dentro del Ministerio de Producción y Trabajo), en 2017 las cinco principales firmas exportadoras colocaron en el exterior 46,6 millones de toneladas de granos, harinas y aceites. La primera fue la canadiense Cargill, con 11.583.299 toneladas (14% de todo lo exportado en 2017) y una facturación de 47.835 millones de pesos.

En un contexto económico de devaluación y pérdida del poder adquisitivo para la clase trabajadora, el sector agroexportador representado por las aceiteras y las cerealeras celebra mientras expande su tasa de ganancias al ritmo de la cotización del dólar.

En este marco es que la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) arrancó a las cámaras empresarias (CIARA, CIAVEC y CARBIO) una paritaria extraordinaria para la Argentina del 2018: a partir de enero de 2019, el salario básico inicial alcanzará los 43.821,83 pesos, con cláusula de revisión en el mes de julio.

A este 75% de incremento se suma una compensación de la pérdida del poder adquisitivo durante el año a través del aumento salarial de diciembre (el salario básico inicial hoy es de $ 35.627), y a su vez por el bono –no remunerativo- de 33.733 pesos que cobrarán en enero próximo.

“Con este acuerdo se aseguró que ninguna trabajadora ni trabajador aceitero perciba un salario inferior a lo necesario para que su familia viva dignamente, y que no sólo no se pierda poder adquisitivo del salario sino que además se le gane a la inflación”, anunció el gremio que conduce Daniel Yofra en un comunicado a los medios de comunicación.

Y si bien la capacidad económica de este sector exportador incide en la suba alcanzada, la súperparitaria en buena medida se explica por la estrategia de los economistas y abogados que colaboran con la FTCIODyARA.

“Dado que el Consejo del Salario no lo hace ni la CGT lo tiene en su agenda, nosotros construimos una canasta que surge de información pública del INDEC en base a la encuesta permanente de consumo en hogares”, cuenta Sergio Arelovich, economista, docente de la Universidad Nacional de Rosario y asesor del sindicato aceitero.

A diferencia de la referencia que toma el INDEC (una canasta de referencia de 2004/2005), el gremio utiliza la última disponible (2013) con datos actualizados. “A partir de ese análisis, entendemos que para finales de noviembre todo trabajador debería cobrar alrededor de 43 mil pesos”.

El planteo de la organización se basa, en primer término, en el derecho a un Salario Mínimo, Vital y Móvil. Según el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, los trabajadores deben percibir una remuneración suficiente para la “alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”.

Cabe destacar que, en el caso del sector oleaginoso exportador, el conjunto de la masa salarial no llega al 1% de la facturación total de las empresas. “A la pequeña proporción que representa este salario, hay que agrega otro aspecto que es que del total de la facturación, las empresas del sector pagan un 35% en ganancias; y al aumentar los costos vía salarios, disminuye las ganancias y pagan menos impuestos. Por lo tanto, el efecto neto del incremento salarial para la patronal no es del 100%, sino del 65% porque ese otro 35% lo iban a pagar de todas maneras”, explica Arelovich.

“Si hacemos un promedio de todos los trabajadores activos empleados, la economía argentina está pagando un salario de 85 mil pesos. Por lo tanto, la conclusión que sacamos es que la gran mayoría que cobran por debajo de esa cifra, lo hace por la naturaleza desigual de nuestro país o porque la economía argentina no lo pueda pagar”, analiza el economista.

Un aspecto a tener en cuenta en esta paritaria que destroza el techo salarial que intentó poner el oficialismo es el enojo que existe por parte de las cámaras empresarias con el Gobierno: no sólo por el aumento de las retenciones sino por la diferenciación negativa que han hecho con cada rubro de la exportación. Es decir, por las medidas impuestas por el macrismo que desalientan la suma de valor agregado a las exportaciones (como en el caso de las empresas que producen harina, aceite o biodiesel) en detrimento de la exportación directa del grano de soja.

En la actualidad, cerca del 90% de los granos de soja que se exportan son comprados por China, quien se encuentra en posición de imponer condiciones a los productores locales. “Si privilegiaran el valor agregado sobre el producto, son 50 países lo compradores para diversificar las ventas”.

promoción

Nuestros temas