Redacción Canal Abierto | La Legislatura porteña aprobó ayer el proyecto que tiene por objeto la reurbanización del barrio Padre Carlos Mugica (ex Villa 31-31bis).

El texto fue aprobado de forma inicial el 11 de octubre de este año. El 3 y 4 de diciembre se realizaron las audiencias públicas, donde la mayoría de los que intervinieron lo hicieron en contra. Lo que se trató fue el Despacho 787/2018 que la Legislatura dictó.

Lo que establece este punto es que, un tercero (empresa o desarrollador inmobiliario), sin necesidades habitacionales, podrá comprar una vivienda social del barrio y cambiar su destino de vivienda única si paga un impuesto.

“Lo que está detrás es una intención de  avanzar con el negocio inmobiliario con estas tierras, que es el viejo sueño de los desarrolladores en la ciudad desde hace décadas. El proceso de reurbanización se enmarca en eso”, explicó el legislador porteño, Milcíades Peña.

Sobre la habilitación a la venta de estas hipotecas sostuvo que “desvirtúa completamente el concepto de vivienda social, aprobado por el Congreso”.

“A su vez esto es una violación a la ley nacional de Barrios Populares 27.453, que fue generada para evitar que estos barrios, al momento de escriturarse, terminen siendo expulsadas por el mercado”, agregó Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

Por otra parte, esta ley nacional tiene una jerarquía superior a la de la Ciudad, por lo tanto, esta última no podría establecer una legislación o régimen distinto, según explica el abogado.

“Esta es la forma que encontró el Gobierno para que el mercado pueda ingresar a esos barrios y aprovechar la debilidad económica en la que se van a encontrar las familias, ya que el 70% del lugar no supera la línea de pobreza, y ahora van a tener que pagar una cuota, servicios, impuestos, y expensas. Todo esto puede derivar en que los vecinos decidan vender”, destacó Baldiviezo.

Otro punto es que no está claro de esta legislación es a cuanto le quieren vender las tierras a los vecinos de la 31-31. “Cuando presentaron el proyecto de subasta le pusieron el costo de $3.000 el metro cuadrado. Los vecinos plantean que ese precio –inexistente en el mercado actual- para los privados no está habilitado para ellos”, informó Peña.

Y agregó: “por otra parte, al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), le cedieron las tierras de manera gratuita. A los vecinos que construyeron este barrio durante 100 años se lo cobran. Hay varas un poco distintas”.

“Lo que es tierra pública, que ahora pasa a vivienda social, va a terminar siendo un suelo especulativo, y eso no debería pasar”, finalizó Baldiviezo.

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