Redacción Canal Abierto | “No va a haber ningún adulto mayor en la pobreza” fue una de las promesas de campaña de la gestión Cambiemos. El spot publicitario ponía esa frase en boca de la actual vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti. Sin embargo, hoy 150.000 jubilados aguardan expectantes que sea la Corte Suprema la que falle en su favor y los proteja de la medida que en 2016 truncó sus chances de cobrar cientos de miles de pesos en juicios previsionales.

En 2009, el fallo Alberto Elliff dictaminó que los haberes de quien se jubila sean actualizados de acuerdo al Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (Isbic).“Cuando nace la reparación histórica, en 2016, lo que hace es aplicar un índice que se llama Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) que es mucho menos que lo que establece la Justicia. Lo que quiere Anses es modificar ese índice y aplicar reparación histórica”, explica en diálogo con Canal Abierto la abogada previsional Silvia Arce.

La llamada reparación histórica fue concebida como una instancia a la que los jubilados podían adherir voluntariamente y cobrar menos, aunque rápidamente, en concepto de actualización previsional. “Pero no se quedaron contentos con eso y fueron a la Corte a pedir reparación histórica para todos”, resume Arce en relación a la actitud de la Anses, que a mediados de 2017 comenzó a reclamar ante los tribunales que incluyera a todos los jubilados compulsivamente en este plan, es decir que calculase los fallos de los 150.000 que decidieron continuar con sus juicios de acuerdo al Ripte, y no con al Isbic.

El cálculo estimativo de un juicio de reajuste promedio con el viejo índice alcanza los 400.000 pesos. El total de dinero del que debería disponer el Estado para pagar todos los juicios vigentes ronda los 60.000 millones de pesos, a pagar a lo largo de los años en los que van saliendo los juicios, que a veces demoran más de cinco. Ese importe equivale a los dólares que se fugaron del país sólo en octubre pasado.

Por otro lado, un fallo en favor del Gobierno significaría un nuevo manotazo al ya diezmado bolsillo de los jubilados, cuyo poder adquisitivo cayó casi 20% en un año desde la polémica reforma previsional de hace un año, un recorte mayor al 13% aplicado por Patricia Bullrich en 2001.

“Son decisiones equivocadas que toma el Gobierno permanentemente. Cuando nació la reparación histórica era de forma voluntaria y debió haber seguido así. El impacto económico de seguir calculando los haberes como desde 2009 no es tan grande como el impacto social que generaría una Corte que esté en contra de los jubilados. Los jueces no quieren ser los verdugos”, resume Arce.

Lejos de las promesas de campaña y según la Defensoría de la Tercera Edad, hoy siete de cada diez adultos mayores no alcanza a cubrir la canasta básica de los jubilados.

 

El fracaso de la reparación histórica y la vuelta de las AFJP

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