Por Leo Vázquez | El nuevo informe estadístico sobre las causas por delitos de lesa humanidad de la Procuraduría evidencia una disminución de sentencias desde 2010 y un aumento de los arrestos domiciliarios de los genocidas.

Causas judiciales estancadas en la etapa de instrucción, demoras en la elevación de los juicios y en la confirmación de condenas, y absoluciones por parte de la Cámara de Casación y la Corte Suprema son algunas de las principales conclusiones del “Informe estadístico sobre el estado de las causas por delitos de lesa humanidad en Argentina”.

Además, el relevamiento señala disminución del número de sentencias, bajas significativas del número de represores detenidos y aumento de los arrestos domiciliarios.

En conversación con Canal Abierto, Luis Alem, ex subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación del gobierno anterior, se lamenta: “desde hace tres años los informes van en retroceso, como lógica consecuencia del abandono que ha hecho el Gobierno del acompañamiento e intervención en los juicios. A ellos no les interesa y muchos magistrados que antes le daban más impulso a las causas ahora se acomodan al viento político y no lo hacen”.

“Es un conjunto de cosas que no se puede analizar por separado, que significa en los hechos lo que ellos piensan de todo esto: el abandono por completo de la política de memoria, verdad y justicia, que no llega a ser total porque hay respuesta de la sociedad”, sintetiza.

La unidad especializada que encabeza la fiscal María Ángeles Ramos contabiliza 575 causas en trámite, en las que están o estuvieron imputadas (hasta su fallecimiento) un total de 3.081 personas. El análisis señala que en los primeros doce años desde la reapertura de las causas se dictaron 218 sentencias (38%), pero permanecen en etapa de instrucción otras 251, (44%).

Sostiene Alem -hombre fuerte de la gestión de Eduardo Luís Duhalde que colocó a la Argentina en la vanguardia mundial el castigo a los genocidas-: “Tiene que ver con la idea de este gobierno de lo que son los derechos humanos y la mirada sobre el pasado. Ellos arrancaron con el negacionismo, con las declaraciones de Lopérfido, Gómez Centurión y el propio Macri. Y así fue su línea de actuación todo el tiempo, desde que comenzó este gobierno el número de genocidas con arresto domiciliario, que es una forma encubierta de libertad, ha aumentado exponencialmente”.

En 2017, la Procuraduría destacó que fue el año con mayor número de sentencias (27). Este año, en contraposición, se produjo un notorio retroceso: apenas 17 veredictos, el número más bajo desde 2010.

“Muchas sentencias fueron revocadas por la Cámara 4° de Casación, como la del Regimiento de Capilla del Rosario de Catamarca, la de Marcos Levin de la Veloz del Norte, pero por suerte, a pesar de esos retrocesos, la fortaleza del movimiento de Derechos Humanos en Argentina y la conciencia de que sobre la impunidad no se puede construir democracia hacen que no lo puedan tirar abajo del todo, que no puedan poner en práctica en su totalidad el plan que el diario La Nación les marcó al otro día que ganó la elección Macri”.

Actualmente, hay 1384 procesados y/o condenados por delitos de lesa humanidad en libertad. La comparación interanual desde que asumió el gobierno de Cambiemos muestra que, más allá de su fracaso en instaurar el beneficio del 2×1 para los represores, la cantidad de excarcelados y/o procesados sin prisión preventiva fue en constante aumento: desde 791 en 2015, hasta los casi 1400 en el presente.

“Hay cosas importantes como el fallo de la causa Ford, en el que por primera vez se condena a los empresarios civiles, la primera sentencia de Virrey Ceballos, y la resolución de Casación de no hacer lugar a la reapertura de la causa Larrabure, que era una bandera que venían agitando hace tiempo, tratando de equiparar los hechos de las organizaciones populares con los del terrorismo de Estado. Ahora ya les han cerrado el camino por ahí”, analiza el especialista.

Alem también revela que “a los abogados de la Secretaria de Derechos Humanos -que han quedado reducidos en números y en actuaciones- ya no les llegan instrucciones, tienen que arreglárselas como pueden, por suerte muchos de ellos son muy eficaces pero hay un abandono completo de parte de la Secretaría, no tienen ninguna colaboración”. El ex funcionario también cuestiona el “caso de Papel Prensa que no se apeló, porque el que tenía que apelar era el secretario (Claudio Avruj)”.

“Hubo varios intentos, no sólo el fallo del 2×1. Hay que leer en profundidad el fallo Fontevecchia donde la Corte, con la nueva composición, dijo que no eran obligatorias las resoluciones del Sistema Interamericano -explica Alem-. Ese es un paso que, si no tiene una respuesta popular, podrían llegar a permitir el indulto porque en realidad los que dijeron que NO al indulto son la CIDH y el Sistema Interamericano. No se animan a hacerlo porque la reacción contra el 2×1 fue formidable”.

Y agrega: “no acompañan a las víctimas y familiares, no financian las actividades de investigación y de búsqueda, no colaboran con los abogados que intervienen en los juicios, (y cada vez quedan menos), no se pronuncian sobre domiciliarias. Todo va para atrás”.

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