Redacción Canal Abierto | En octubre, la Justicia ordenó la reincorporación de 160 trabajadores de la Agencia Nacional de Noticias Télam. El 26 de junio de 2018, las autoridades de la agencia anunciaron 357 despidos, es decir el 40% de su planta de trabajadores.

Las excusas oficiales variaron dependiendo del funcionario entrevistado. En todos los casos, sin embargo, las declaraciones fueron poco felices y oscilaron entre acusar a los despedidos de malos profesionales o sostener que practicaban militancias partidarias opuestas a la gestión.

Ahora, el Ejecutivo intenta cambiar la decisión de los jueces que fallaron a favor de los trabajadores. “El Gobierno nacional ensaya un nuevo intento para presionar y disciplinar a los jueces de la Cámara Nacional del Trabajo. El Consejo de la Magistratura de la Nación pidió como material de prueba el expediente laboral impulsado por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires por los despidos ilegales en Télam, como mensaje de progreso en el juicio político que se sigue a Enrique Arias Gisbert y Néstor Miguel Rodríguez Brunengo, los magistrados que avalaron las medidas cautelares presentadas por los trabajadores de Télam”, manifestaron desde SIpreba.

La Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) también se expresó sobre esta situación y denunció el accionar del Gobierno como un feroz intento de condicionamiento.

“Los 354 despidos ordenados en la Agencia Télam fueron oportunamente declarados ilegales por el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 22 y la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Pero ahora los expedientes de los 140 trabajadores, cuya sentencia de segunda instancia se encuentra pendiente, les han sido arrebatados a sus jueces naturales para volver a ser sorteados, a raíz de la presunción del Gobierno de que esos fallos resultaran adversos”, explica el comunicado.

La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo debe fallar sobre el resto de los casos que le llegan, y es esto lo que quiere frenar el Ejecutivo. “Sustrae de esa sala para enviarla a otra, en este caso, porque tiene la certeza de que va a ser adverso a sus intereses porque ya se expidió sobre el tema”, explicó Matías Cremonte, presidente de AAL.

A esto se suman las declaraciones de Sipreba en su comunicado: “El Gobierno intenta diseminar todas las causas vinculadas a Télam por diferentes juzgados con la finalidad, más no sea en términos estadísticos, de conseguir -entre esa diversidad- algún fallo favorable”.

La Sala en cuestión ya ha sido favorable a los trabajadores y sindicatos. Por ejemplo, fue la que ordenó la homologación del convenio colectivo de La Bancaria. “Son jueces que han sido denunciados por el Gobierno ante el Consejo de la Magistratura, en otra clara demostración de persecución ideológica a los jueces que sentencian en contra de los intereses del Gobierno y de los empresarios”, sentenció Cremonte.

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