Por Carlos Saglul | En su exposición ante la Comisión de Libertad de Expresión, el juez Ramos Padilla dio un título de primera plana cada quince minutos. Era extraña la sensación de saber que nada de eso estaría al otro día en los principales diarios o canales de televisión del país. Una sensación parecida, quizá, a la que sintieron familiares y amigos de miles de desaparecidos, quienes confirmaban diariamente que ni un mínimo aspecto de aquella masacre era noticia para los grandes medios.

Hubo momentos escalofriantes en el testimonio del juez, como cuando dijo que se había enterado por twitter del momento en que quedaba sin custodia -como una invitación a “cazarlo”-; la no respuesta al pedido de mínimos medios técnicos para procesar el material incautado a Marcelo D Alessio; o bien la negativa del Servicio Penitenciario Federal de trasladar a los procesados para tomarles declaración, alegando “falta de nafta”. La soledad del juez Ramos Padilla es la soledad de la Justicia argentina.

Nadie duda del poder de la embajada de Estados Unidos, implicada en los hechos. Jamás responderá a las requisitorias del juez para saber si D’Alessio es o no agente de su país. Si trabajaba para ellos cuando “quebró” a un directivo de compañía estatal de petróleo venezolana, PDVSA, operación contenida en una estrategia conducente a aislar y quebrar económicamente a Venezuela.

¿A quién respondían las operaciones realizadas en Uruguay para boicotear cualquier negocio de los capitales iraníes en América del Sur, objetivo del bloqueo norteamericano a ese país? ¿De dónde proviene el sofisticado equipamiento israelí-norteamericano de última generación dedicado a escuchas telefónicas y cámaras ocultas que tenía en su poder D Alessio? ¿Y las armas sofisticadas, informes con el membrete de la embajada de los Estados Unidos, credenciales de la DEA? ¿Cuál era el contenido de las valijas diplomáticas enviadas a Maine, Estados Unidos, donde funciona la Agencia de Seguridad Nacional (National Security Agency), centro de recolección de información estadounidense?

Como dijo el propio juez en el Congreso, se está en presencia de una organización de inteligencia de proporciones que trabaja con servicios del exterior (Estados Unidos, Israel), jueces, diputados y periodistas. Realiza “extracciones” en el extranjero, desapariciones o cambios de identidad de personas y -en su tiempo libre- presiona empresarios nacionales. Una vez más, cabe apuntar aquí que, sugestivamente, el proceso judicial brasileño conocido como Obedrech sirvió para el desplazamiento de las burguesías locales en beneficio de los capitales norteamericanos. ¿Quién vendrá a quedarse con las empresas de los chantajeados ante la inseguridad que les representa el país? Se aceptan apuestas.

Apenas se conoce una pequeña parte de la documentación que tiene en sus manos Ramos Padilla. Todo parece indicar que se está detrás de la pista de una organización eufemísticamente llamada “paraestatal”. Cómo en la época de otra organización paraestatal, la temible Triple AAA, ¿cuántos comisarios, policías, militares despedidos de las fuerzas de seguridad, tienen contratos en la inteligencia estatal? Es decir, que sin figurar en ninguna nómina, cobran  a través de empresas fantasmas.

En uno de los episodios más escalofriantes de la ocupación de Irak, tres norteamericanos fueron asesinados y descuartizados por una multitud furiosa que los colgó de un puente. Más tarde se supo que el atroz episodio se había desencadenado por la masacre de una familia iraquí. El hecho dista de ser aislado. En Colombia, donde las tropas norteamericanas cuentan con inmunidad, soldados violaron cincuenta adolescentes y filmaron el hecho para comercializar los videos. Fueron esas imágenes las que finalmente los delataron a los organismos humanitarios.

En el caso de Irak, la sorpresa fue que los tres masacrados no eran soldados sino contratistas del gobierno norteamericano. Es que Estados Unidos ha ido suplantando sus tropas por contratistas civiles, mercenarios de todo el mundo. El objetivo de este cambio en la estrategia de despliegue militar que, en caso de muertes, estas no repercuten en la política interna (como alguna vez pasó con Vietnam). Por otro lado, de esta manera el gobierno norteamericano tampoco tiene responsabilidad administrativa alguna. Pueden desaparecer gente, torturar, matar, realizar espionaje, sin que se mancille o responsabilice directamente a Estados Unidos.

Da la impresión que sectores del oficialismo -con la ayuda de empresarios como Mario Montoto, mercader de armas y sistemas de seguridad preferido del actual Gobierno, además de ex secretario de Mario Firmenich (fue quien negoció con Carlos Menem el indulto del jefe de Montoneros) y principal socio del empresario Daniel Hadad- junto al Ministerio  de Seguridad, la AFI y la inteligencia norteamericana, han creado (o dejado crecer peligrosamente) un de servicio de inteligencia paralelo. Se autofinancia, no rinde cuentas a nadie, puede hacer cualquier trabajo sucio. Toda una joyita.

El gobierno de Macri no solo arruinó al país económicamente. Lo volvió más inseguro, aún para aquellos que lo votaron: esos empresarios a los que pidió el uno por ciento de su capital para hacerlos ricos, y que hoy temen ser chantajeados o ir presos si no implican a tal o cual en supuesto negociados.

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