Ayer la Anses anunció una suba del 12,65% para jubilados y asignaciones a partir de marzo. La noticia causó revuelo porque el cálculo surge a raíz de una modificación en la ley de movilidad previsional que el Gobierno realizó mediante una resolución.
A la lluvia de críticas, que incluso llegaron desde el interior de Cambiemos, siguió una nueva marcha atrás de las autoridades en lo que se ha convertido un modus operandi y que, incluso, obligó al presidente Macri convocar a una conferencia de prensa.
«Ensayaron ayer si podían quebrar la jubilación, pero ya vienen hace un año y medio desfinanciando las cajas provinciales, el fondo de previsión y la Anses. Dentro de la ley de Reparación Histórica hay mandato para reformular el sistema previsional. Lo de ayer fue un ensayo, no fue inocente, no fue un error«, alertó Olivia Ruiz, secretaria de Previsión de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Lo que señala la especialista va en línea con otras medidas que el Gobierno intentó llevar adelante groseramente desde los primeros días de gestión. En la mayoría de las decisiones que significaron una avanzada sobre algún sector o institución sensible dentro del tejido social argentino, el Ejecutivo apuntó a llevarse puestos los protocolos, medir el revuelo que la medida despertara, recular -si la polvareda resultase excesiva-, alegar haber cometido un «error» y llevar adelante la misma medida, pero por derecha. Este mecanismo operó en el nombramiento de dos jueces de la Corte Suprema, el recorte a las universidades nacionales y al Conicet, el feriado del 24 de marzo, la ley de ART, y ahora la modificación del sistema previsional.
«Nosotros planteamos que la movilidad tiene que ser automática y proporcional al mismo cargo y función del trabajador activo. Cuando hablamos del 82%, hablamos de la automática movilidad. La movilidad de Amado Boudou fue una media conquista, un cálculo por dos sistemas, que se daba dos veces al año, y por los cuales se calculaba un total -agrega Ruiz-. Ahora plantearon otro cálculo, que significa un recorte en un momento en el que el haber jubilatorio mínimo está por debajo de la línea de pobreza, al límite con la línea de indigencia. Es el ensayo de la muerte definitiva del sistema previsional».
En el mismo sentido, el abogado previsional Christian D´Alessandro, en declaraciones a la radio AM 750, calificó de “miserable” el aumento y señaló que la situación para los jubilados y pensionados es aún peor si se tiene en cuenta la pérdida del poder adquisitivo de 2016, el recorte en la cobertura de medicamentos y la denominada reparación histórica. «Estoy indignado por el grado de cinismo y perversión de este Gobierno con los sectores más vulnerables», opinó.
El anuncio de la resolución se da llamativamente a tres meses del documento del Fondo Monetario Internacional que recomienda aumentar la edad de jubilación de las mujeres a los 65 años, reducir un 20% la fórmula de cálculo de las nuevas jubilaciones, y modificar la fórmula de movilidad que ajusta los haberes dos veces por año.
Para Ruiz, este Gobierno «se mete con los que puede: con los pueblos originarios; con los pibes, alentando la baja en la edad de imputabilidad; con las mujeres; y ahora con los viejos.Tenemos dos años y medio para quebrar esta intención, es urgente que nos organicemos».