Redacción Canal Abierto | Las encuestas electorales para la provincia de Buenos Aires ubican a Cambiemos en tercer lugar y a la gobernadora María Eugenia Vidal con un ascenso del 10% en su imagen negativa. Por ello, el presidente Macri ordenó a su tropa semanas atrás reforzar el ya tradicional timbreo de los sábados y definir candidatos. La lista de diputados bonaerenses estará encabezada por Facundo Manes y la de senadores por el ministro de Educación Esteban Bullrich, secundado por una desconocida Gladys González.
La candidata fue diputada nacional, interventora del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos tras la detención de Omar “Caballo” Suárez y desde principio de año presidenta de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), el ente encargado del saneamiento del río y el cuidado de las poblaciones costeras, cuya jurisdicción comparten la Nación, la ciudad de Buenos Aires y la provincia homónima.
La oportunidad para González no podría haber sido mejor. Pensó que comunicar la gestión de una caja de mil millones de pesos sería el trampolín para jugar en la política grande. Pero no fue ese el motivo por el cual integrará la dupla de candidatos a senadores, sino por la asociación que el marketing hace de su figura pública con la de Vidal.
Por el contrario, González no pudo modificar los destinos del presupuesto de ACUMAR que es administrado por un fideicomiso, a pesar de haberlo intentado transformando la estructura administrativa y jurídica del organismo. La presidenta sólo se limita a gestionar. Este proceso de revisión y modificación de estructuras explica, en parte, la sub ejecución de la partida presupuestaria.
Los trabajadores de la Autoridad de la cuenca denuncian que el organismo ha perdido dinámica en la labor territorial cotidiana. Cada vez se realizan menos inspecciones y, en consecuencia, no se multa ni sanciona a las empresas que dañan el Matanza Riachuelo, a pesar de los fallos judiciales que lo obligan a hacerlo. Existen denuncias sobre la ausencia de saneamientos en asentamientos de la zona sur de la ciudad, donde habría niños contaminados con plomo.
Incluso, la organización social Salvador Herrera advierte que se lleva adelante una obra multimillonaria financiada con un préstamo internacional, para garantizar equidad en el acceso al agua potable en la villa 21.24. Es impulsada por la empresa POSE, pero no está garantizada quién la operará cuando termine. AySA no lo hará.
Tras su arribo, González retomó la centralidad en la toma de decisiones que tuvo la presidencia de ACUMAR, poniendo en segundo plano al consejo directivo. Esa resolución había sido adoptada durante la gestión kirchnerista de Homero Bibiloni. Con la asunción del macrismo se volvió temporáneamente a la situación inicial, como así también el hecho de que el presidente del organismo sea nombrado por la Jefatura de Gabinete.
Su administración es de puertas cerradas. Los trabajadores la acusan de no mantener diálogo con el personal. Si bien no despidió a ninguno de los 400 trabajadores en planta permanente, no accedió a renovar el contrato de 20 personas tercerizadas. Sí contrató alrededor de 30 asesores con salarios que no verticalizaron aún más el organigrama, pero si lo ensancharon.