Redacción Canal Abierto | La mina Veladero volvió a funcionar luego de casi tres meses de suspensión tras el tercer derrame de líquido cianurado en un año y medio. La habilitación vino de la mano del juez Pablo Oritja, quien levantó la medida cautelar luego de admitir no haber realizado la inspección ocular necesaria para verificar las obras que debían hacerse tras los derrames.
“Nosotros estamos en absoluto desacuerdo porque sabemos que el basamento para levantar la medida cautelar son informes presuntamente del Ministerio de Minería. Pero ni siquiera sabemos si esos informes están basados en estudios hechos por el Ministerio o por la propia empresa”, sostuvo Silvina de los Santos, vecina de Jáchal y miembro de la Asamblea Jáchal No Se Toca que desde hace más de un año mantiene un acampe en la plaza principal de la localidad sanjuanina afectada por la megaminería.
La empresa que explota Veladero es la compañía canadiense Barrick Gold, que ya había sido multada por dos derrames anteriores, uno en 2015 y otro en 2016. Ambos accidentes se hicieron públicos, aunque declaraciones de empleados indican que existieron otros que no trascendieron. El de 2015 constituyó el mayor accidente minero en la historia argentina.
Sin embargo, todavía no existen estudios que indiquen qué impacto han tenido en los pobladores y en el ambiente. “En sangre sólo se detecta la contaminación a pocas horas de producida la ingesta o la exposición. Para saber el residuo, lo que queda asentado en el cuerpo, deben hacerse estudios de células en piel, en uñas –explicó De los Santos en diálogo con Canal Abierto-. Desde la Asamblea presentamos un escrito en la Defensoría del Pueblo hace un mes explicando eso, y la Defensoría llevó el pedido al juzgado de Jáchal. El juez, entonces, echó atrás los estudios de sangre que tenía previstos pero no tenemos conocimiento de que se hayan hecho los estudios que hemos sugerido y sobre la salud de la población no hay estadísticas. Cuando las pedimos, nos la niegan. Y todos los ciudadanos jachalleros que han fallecido figuran como víctimas de ataques cardiorrespiratorios, no hay diagnósticos”.
Por otro lado, el informe que ayer emitió el ministro de Minería de la provincia, Alberto Hensell, aseguró que desde la cartera dieron por terminados los trabajos de adecuación que el gobierno provincial impuso a Barrick Gold y a Shandong Gold Group, su socia china en el proyecto minero.
El último derrame, ocurrido el 28 de marzo, se produjo por el desacople de una cañería que debía ser reemplazada luego de que el gobierno provincial le trazara a la mina un plan de mejoras. El reemplazo no ocurrió y la cañería, ubicada sobre un canal de contención que transporta solución rica (oro y plata), colapsó. Hace menos de un mes fue anunciado con bombos y platillos que dos dropbox o cámaras de compensación habían sido traídas desde talleres chilenos para conectar las cañerías viejas del valle de lixiviación a las nuevas que están siendo colocadas como parte de la exigencia de las autoridades provinciales. Henssel sostuvo ayer que “para la autoridad de aplicación es un tema superado. La minera cumplió con las medidas exigidas”.
Sin embargo, a una habilitación que ocurre sin la inspección del juez se le suma una operatoria por parte de Minería que unificó las sanciones por el segundo y tercer derrame para evadir el cierre de la mina, como obliga el código de minería. “El gobierno provincial está absolutamente alineado a la política minera de Estado en el marco del Pacto Federal Minero, firmado por (el gobernador Sergio) Uñac. El código de minería no se cumple, la Ley de Glaciares tampoco. Hacen caso omiso de todo”, afirmó De los Santos.
El Pacto, que firmaron esta semana 21 gobernadores en la Casa Rosada, prevé, según trascendió, un tope de regalías provinciales del 3% «sobre el importe total de los ingresos brutos devengados por cada emprendimiento minero».
Entretanto, Oritja aseguró que “continúa la investigación y el levantamiento de la medida cautelar no suspende el proceso de amparo” respecto de la determinación de los responsables o las causas del derrame de marzo. Uñac, quien le había advertido a la minera que ya no tenía “más margen de error” tras el segundo derrame, no volvió a mencionar el tema.