Redacción Canal Abierto* | El 16 de octubre de 2005 un grupo de agentes penitenciarios ingresó al pabellón 16 de la Unidad Penitenciaria N° 28 del SPB, a reprimir una pelea entre dos reclusos. Los detenidos allí alojados intentaron resguardarse del ataque en el fondo del lugar, donde se comenzaron a quemar dos colchones. El fuego invadió rápidamente todo el pabellón, que fue cerrado con candado por los penitenciarios que se retiraron al iniciarse el incendio. Treinta y tres personas murieron asfixiadas o prendidas fuego. Todas eran menores de 26 años y sólo dos tenían condenas. Otras 22 se salvaron escapando por un agujero que hicieron presos del pabellón contiguo.
Este lunes comenzó en el Tribunal Oral en lo Criminal N°5 de La Plata el juicio contra los dos funcionarios jerárquicos del Servicio Penitenciario Bonaerense y los quince agentes carceleros imputados.
Gisela, hermana de Abel Pereira, uno de los fallecidos, explicó en la puerta del juzgado que ninguna autoridad penitenciaria ni política de ese entonces ni actual se comunicó con los familiares de las víctimas:
“Nadie se acercó, la expectativa es que lleguemos a tener justicia por la muerte de los 33 chicos que no se merecían esto. Por eso queremos las condenas a los guardia-cárceles que son culpables”.
Además, la mujer recordó ese día de octubre de 2005:
“Esa mañana fue crítica: No nos dejaron entrar al pabellón, no nos dejaron verlos, la pasamos muy mal. Me enteré al otro día en el diario, con el listado de los nombres en la prensa, y hasta ahora nadie me llamó, ninguna autoridad se acercó. Se tuvo que ocupar de todo la abogada porque no nos daban información”.
Participarán del juicio oral y público más de 400 testigos. Las familias de las víctimas están representadas por abogados de organismos de derechos humanos como la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ).
Los 15 agentes están imputados por el abandono de personas seguido de muerte. Por homicidio culposo agravado están imputados el entonces director de la unidad, Daniel Oscar Tejeda, y Cristian Alberto Núñez, que era el jefe de la guardia de seguridad exterior.
Darío Saldaño, abogado de un grupo de los penitenciarios imputados, explicó esta mañana que no se podrán juzgar responsabilidades políticas ya que 12 años es el término máximo de prescripción que establecen los delitos tipificados en el código penal argentino:
“Cualquier otra responsabilidad va a prescribir durante este juicio: todas esas personas detenidas estaban a disposición de jueces que no cumplieron ni los mandatos internacionales, ni los de la Corte Suprema, ni las recomendaciones de la Corte Provincial, en cuanto a que había que hacer visitas a los detenidos, que no se podían mezclar penados con procesados. Todas esa responsabilidades en octubre ya no va a ser posible perseguirlas ni castigarlas nunca más. Por eso vemos es que va a ser absolutamente parcial este juicio dejando de lado las responsabilidades políticas, administrativas y funcionales”.
El hoy diputado nacional massista Felipe Solá era el gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria en el 2005, y el entonces titular del SPB, Fernando Díaz, volvió a ocupar el mismo cargo durante la gestión de María Eugenia Vidal, hasta octubre de 2016.
En 2005 había 26.421 personas privadas de la libertad en las cárceles bonaerenses, alojadas en condiciones violatorias de derechos humanos según los informes de la CPM, entre otros. Doce años después hay más de 39 mil personas detenidas en la provincia.
*Testimonios recogidos por Corina Duarte para Estación Sur