Redacción Canal Abierto | El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT los define como aquellos perpetrados por el rechazo a “manifestar de alguna forma una sexualidad no hegemónica y tradicional». En ese marco se inscribe el asesinato de Ayelén Gómez, de 31 años, este fin de semana en Tucumán, que fue encontrada desnuda, golpeada y con signos de asfixia. Y el de Pamela Tabares, de 35 años, quien en la madrugada del 26 de julio recibió cinco disparos y fue abandonada en un camino rural en la periferia de Rosario.
Con ellas, ya suman seis los travesticidios en lo que va del año y fueron doce los que sucedieron el año pasado, momento en el que el Observatorio comenzó el conteo. María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Ciudad y secretaria general de la Federación Argentina LGBT, explica que hay un recrudecimiento de la violencia que va de arriba hacia abajo.
“Está creciendo la violencia institucional y social hacia las personas trans. Eso es una realidad, las consultas y las denuncias han aumentado el último año y medio. Desde la Federación, nosotros sostenemos que hay mensajes desde el Estado que expresan un respaldo a las actitudes de violencia”, explica.
Los mensajes a los que la especialista hace alusión no se agotan en el colectivo LGBT. Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación los comunicados avalando el accionar represivo de las fuerzas del orden son la regla. El primero fue a poco del cambio de gobierno, cuando Gendarmería entró disparando a la villa 1-11-14, del Bajo Flores, donde hirió con balazos de goma a niños que participaban de una murga. El último fue la reciente exculpación que la propia ministra Patricia Bullrich hizo de la misma fuerza en el caso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, en Chubut.
“Todo esto se traduce en una actitud distinta de las fuerzas de seguridad. Han aumentado las detenciones arbitrarias hacia personas trans. En lugar de estar tres o cuatro horas esperando por la averiguación de antecedentes o la constatación de domicilio, las detienen hasta el día siguiente a las 12 del mediodía–explica Rachid-. Un comisario me ha dicho expresamente que fueron a revisar a unas chicas trans porque había denuncias de los vecinos sobre presencia de travestis en la calle, cuando eso no constituye ni una contravención ni un delito”.
En Argentina, la Ley 26.791 aprobada el 14 de noviembre de 2012 introduce modificaciones a distintos incisos del artículo 80 del Código Penal. Entre estas, en el inciso 4º incorpora como agravante de los homicidios el odio a la orientación sexual de las personas, la identidad de género y/o su expresión. Sin embargo, esto no desalienta los crímenes que tienen como blanco a un sector social cuya media de vida todavía se encuentra entre los 35 y los 40 años, producto de los múltiples factores de exclusión que padece.
La exclusión también es violencia
Ayelén Gómez fue encontrada muerta el sábado último bajo la tribuna del Club Tucumán Lawn Tennis, en las inmediaciones del Parque 9 de Julio, donde habitualmente se concentra la oferta sexual de la zona. Carlos Garmendia, abogado de Susana Trimarco y quien representó a Ayelén en 2012 cuando fue detenida arbitrariamente y abusada por personal de la policía de Tucumán, sostiene que “la muerte de Ayelén tiene que ver con su situación de exclusión”.
“Sea cual fuese la forma y motivos por los que la mataron, igual se trata de una muerte por exclusión social porque ella trabajaba de prostituta porque la sociedad la colocó en ese lugar, y no le quedaban más alternativas que prostituirse de manera callejera –relata-. Eso es lo que le pasa a la gran mayoría de las chicas trans. En las ciudades vos tenés una población trans extremadamente minoritaria que tiene un trabajo por fuera de la prostitución”.
Rachid coincide: “Hay un sector de la sociedad que se resiste a algunos cambios, como son todas las leyes que se han modificado en relación a la diversidad sexual. Ese sector hoy se siente más empoderado y expresa una violencia que no expresaba antes”.