Redacción Canal Abierto | Los trabajadores del Estado organizados en ATE resolvieron la convocatoria a una medida de fuerza para manifestarse en contra del proyecto de reforma laboral. En una entrevista en los estudios de Canal Abierto, el secretario general Hugo “Cachorro” Godoy confía en que así como una multitud retrotrajo el dictamen de la Corte sobre el 2×1, también se expresará en la calle el descontento popular al regresivo borrador que atenta contra las condiciones de trabajo.
“La laboral no es una reforma aislada, sino que es parte de una reforma previsional, de salud, educación y fiscal que institucionalizará el objetivo principal de la política de gobierno: reducir lo que ellos llaman costos laborales, lo que implica un aumento de la tasa de ganancia empresaria y una reducción de los aportes patronales al sistema de seguridad social”, dijo Godoy.
Consultado respecto a las versiones de posibles despidos de trabajadores del Estado precarizados, el secretario general de ATE advirtió no descartarlas. No obstante, aseguró que “no hay sector del Estado nacional, provincial o municipal donde esté ATE que no realice una medida de fuerza si se efectivizan cesantías”.
En este sentido, el dirigente sindical denunció que el ministro de Modernización Andrés Ibarra se comprometió ante él en diciembre pasado a terminar con la informalidad laboral de 90 mil trabajadores públicos. “De todos ellos, 3500 ya rindieron concursos para pasar a planta permanente. Y 12 mil tienen más de diez años de antigüedad. En ninguno de los casos se avanzó”, sostuvo.
Las declaraciones de Godoy se dan en medio del análisis que realiza el Consejo Directivo de la CGT sobre el proyecto presentado por el ministro de Trabajo Jorge Triaca. Si bien algunos de sus puntos fueron consensuados previamente con la cúpula de la central obrera, el triunviro Juan Schmid y el camionero Pablo Moyano salieron por estas horas a rechazar de plano todos sus artículos, excepto el que amplía la licencia por paternidad.
Incrédulo, Godoy recordó que algunos de los “principales dirigentes de la CGT convalidaron ya la reforma laboral antes y después de las elecciones”. Hizo referencia a los petroleros de Neuquén, los lecheros de Atilra y “UProCN (UPCN, el gremio estatal conducido por Andrés Rodríguez), que avaló las cláusulas de productividad y presentismo”.
Horas atrás se conoció asimismo la decisión de Marcos Castro, titular del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, que propuso reducir el salario de sus afiliados entre un 1% y un 12,5%.
Según fuentes provenientes de otros sindicatos marítimos, se asegura que la de Castro es una jugada política orientada a fotografiarse con el presidente Macri y de este modo desmarcarse de la supuesta sociedad con Omar «Caballo» Suárez, detenido por corrupción.
Durante las últimas días, dirigentes de la CGT deslizaron en medios periodísticos que su principal oposición a la reforma laboral es el párrafo que sustituye el concepto de trabajo, por uno como el ejercicio de cooperación entre iguales. ¿Será sólo esta diferencia etimológica prenda de negociación con el ministro Triaca?
Entre los abogados de la CGT que estudian la letra chica del borrador oficial está Alberto Tomassone, de Comercio, Marta Pujadas, de la Construcción, y Pablo Smurra, de la UOM. Juntos trabajaron en 1994 bajo la orientación del entonces letrado de la central obrera Carlos Tomada en el Acuerdo Marco que suscribieron con la UIA y Carlos Menem. A través de ese documento se reformó el marco jurídico de negociación colectiva laboral y se allanó el camino para el desembarco de las ART en la ley de Riesgos del Trabajo.
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