Redacción Canal Abierto | “La principal situación de violencia hacia los adultos mayores es el abandono del Estado”, dice Olivia Ruiz, secretaria de Previsión y dirigente del Centro Nacional de Jubilados de ATE. Y explica que desde diciembre de 2015 los jubilados temen por la privatización del PAMI, que además ya pasó a cubrir la mitad de las prestaciones que tenía, que en su momento “tampoco eran muchas”. También destaca que aunque haya un día en el que se conmemora y se lucha contra los abusos, los adultos mayores tienen la obligación de pelear todos los días para revertir estas realidades, sobre todo después de la última reforma previsional.
“La ley sancionada el pasado 18 de diciembre violenta los derechos instituidos por la Constitución Nacional y por los convenios internacionales con relación a los derechos humanos, porque toda persona tiene derecho a la seguridad social -relata-. Esto es lo más violento porque nos abarca a todos. A los que hoy somos jubilados, y a los que lo van a ser mañana, porque son decisiones políticas del Gobierno que no contemplan a las personas como sujetos de derecho, si no como beneficiarios de un programa X, y que se las piensa sólo en términos económicos”.
Para agravar aún más esta situación, llegó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “Este acuerdo exige que se achique, tanto en las obras sociales como en las jubilaciones en general. Por lo tanto, los principales afectados van a ser los niños, las mujeres y los adultos mayores, porque las Asignaciones Universales por hijo también fueron tocadas por estas reformas”.
La reforma previsional, a los ojos de esta dirigente y jubilada, también es violencia de género. “Esto afectó principalmente a las mujeres y en distintas circunstancias. A partir de ahora las jubilaciones no son transferibles, como lo habían sido siempre. Si tenemos en cuenta que en la mayoría de los hogares sólo trabajaba un cónyuge, y generalmente quienes se quedaban en la casa eran las mujeres, ahora la jubilación muere con el beneficiario y no es transferible a una pensión. Entonces la violencia es por ser adulto mayor, y también por ser mujer. Es tremendo porque nosotros, los adultos mayores, somos objeto de descarte en este gobierno capitalista neoliberal o como queramos llamarlo, que es genocida en su conducción y mercantilista en su práctica”, sostiene.
El haber mínimo de un jubilado, vigente a partir de junio de 2018, es de $8.096,30, y su canasta básica llega a $19.290,35, dato que convalida lo que Ruiz expresa.
Para finalizar, la dirigente agradece que haya ápices de esperanza en este terrible escenario: “La reacción popular del 18 de diciembre y el fallo de la Justicia hace unos días para devolver el porcentaje faltante perteneciente al cálculo anterior del aumento de los jubilados en marzo, hace que tengamos algunas herramientas para luchar. Y es necesario que los trabajadores y trabajadoras se pongan al frente del reclamo por la seguridad social, porque es algo que todos vamos a necesitar, más allá de que la idiosincrasia del neoliberalismo hace que pensemos que no vamos a llegar a esas situaciones”.