Redacción Canal Abierto | El 12 de octubre de 2009, el líder de la comunidad indígena Los Chuschagastas, Javier Chocobar, recibió un disparo mortal de la mano de Darío Luis Amín, un terrateniente que se decía dueño del lugar. Hoy, nueve años después, se conoció la sentencia.
Los jueces Wendy Kássar, Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnoli, resolvieron que, por ser autor responsable del homicidio agravado por uso de arma de fuego, Amín reciba 22 años de prisión.
De este asesinato participaron también los ex policías Luis Humberto Gómez y José Valdiviezo -pertenecientes al grupo parapolicial Comando Atila, que comandaba el ex comisario Mario “Malevo” Ferreyra, condenado por homicidio- que hirieron a Andrés y Emilio Mamaní, miembros de la comunidad.
Por considerarlos partícipes secundarios del delito de homicidio de Chocobar y la tentativa de homicidio de Emilio y Andrés Mamaní, Gómez recibió 18 años de prisión, y Valdivieso 10.
Los tres responsables también deben cumplir prisión preventiva por 18 meses hasta que la sentencia quede firme, y realizar los pagos correspondientes por los daños ocasionados a los Mamaní y a la viuda de Chocobar.
“Ese 12 de octubre llegaron al territorio con total impunidad, filmaron, y estaban armados. No tuvieron en cuenta que también había mujeres mayores y niños en el momento que asesinaron a Javier”, expresó Nancy Chocobar, hermana de Javier.
La espera por una sentencia se hizo desgastante –cuenta la familia-, y fue sorpresiva la demora que tuvo la audiencia final.
La instancia de alegatos, también provocó malestar en la comunidad de los Chuschagastas. “La fiscal, Marta Gerez de Rivadeneira, exclamó que lo que sucedió aquí ese 12 de octubre no fue un hecho premeditado por los asesinos, y con esto pidió 18 años para Amín y 10 para Gómez y Valdivieso”.
Durante el proceso judicial, la premeditación fue comprobada, sobre todo con la presentación de un video donde se ve claramente que los acusados llegaron armados al territorio y las desenfundaron cuando Javier y los comuneros les pidieron que se retiren.
“Consideramos repudiables las intervenciones de la fiscal. Sus dichos por momentos, a nosotros como comunidad y a las víctimas en sí, nos hizo sentir como los imputados”, expresó Nancy.
Nueve años sin Javier
“Fue un 12 de octubre distinto. Es el primer año que volvemos al territorio y que salimos a movilizar. En medio del dolor, realizamos una actividad en el sitio de memoria “Lucha y Resistencia”, que se creó en 2015 en el lugar donde asesinaron a nuestra autoridad. Fue un encuentro íntimo donde le rendimos homenaje a Javier y al resto de los comuneros que fueron víctimas ese día”, contó la hermana de la víctima.
La casa de Javier está a 50 metros de donde fue asesinado, y ese fue un espacio en el que también compartieron reflexiones y pensaron en su futuro y su vida a partir de esta sentencia.
“Nosotros aspiramos y luchamos, no sólo por exigir justicia por nuestra autoridad y los daños causados a la comunidad, sino también por todas las problemáticas que seguimos padeciendo los pueblos originarios a lo largo de todo lo que hoy es Argentina”, agregó Nancy.
La lucha por sus territorios
La comunidad Chuschagasta pelea hace mucho tiempo por la creación de la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena. Esto cesaría los conflictos territoriales, además de ser un derecho y “parte de la reparación histórica que el Estado nacional debe realizar a los pueblos originarios”.
“Entendemos que el contexto político actual es duro, pero también sabemos que el tema de los pueblos nunca estuvo en la agenda de algún gobierno, y mucho menos va a estar hoy con este gobierno que es de los ricos y los terratenientes. Es por esto que los conflictos también se han agudizado en los territorios”, expuso Nancy.
La sentencia de una Justicia occidental
“Reflexionamos mucho este último tiempo sobre el concepto de justicia occidental. De todas maneras, esta sentencia no nos colma. Lo que pasó es tremendo y nos va a llevar mucho tiempo sobrepasar este avasallamiento”, dijo la integrante de los Chuschagastas.
La comunidad está cargada de secuelas colectivas, físicas y psicológicas, pero lograron llegar al juicio como pueblo organizado y bajo las normas de un Estado que exige pero no garantiza derechos, menos a los originarios.
“Nada nos va a devolver la vida de nuestra autoridad, pero si entendemos que éste es un fallo histórico por todo lo que representa y por lo que sucedió en territorio Chuschagasta. El avasallamiento que sufrimos como comunidad vulnera no sólo los derechos como ciudadanos comunes, sino nuestros derechos colectivos”, finalizó la hermana de Javier.