Por Gladys Stagno / Informe: Diego Leonoff | Martin Faluyu denunció fraude. El candidato que resultó perdedor en las elecciones presidenciales de la República Democrática del Congo el 30 de diciembre pasado sostuvo ante la Justicia de su país que lo habían robado gracias a la utilización de máquinas de votación defectuosas. Los congoleños votaron ese día, por primera vez, con el sistema de boleta única electrónica. Las máquinas utilizadas habían sido fabricadas para las elecciones argentinas de 2017.
Todo se remonta a junio de 2016, cuando el Ejecutivo a cargo de Mauricio Macri envió al Congreso un proyecto de reforma electoral que impulsaba el voto electrónico. En rigor, un sistema por el cual se imprime el voto en una boleta papel mediante máquinas que lo almacenan digitalmente para su posterior conteo. Igual que en las recientes elecciones en el Congo, primer y único país del mundo en implementar este método.
Días después de aquella iniciativa, una delegación de Corea del Sur visitó la Argentina. En ella venían representantes de Miru Systems, fabricante de las máquinas vendidas al Congo. La comitiva participó de una reunión con el entonces director nacional de Relaciones Institucionales en Ministerio de Modernización, Guillermo Baistrocchi, ex Sevel, Correo Argentino y Socma, todas empresas del Grupo Macri. La reunión fue publicada en la página oficial gubernamental, y borrada rápidamente.
El 4 de agosto de ese año, en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, la ahora presidente de Transparency International, Delia Ferreira, denunció que el entonces Ministerio de Modernización a cargo de Andrés Ibarra ya contaba con un prototipo de máquina de boleta única electrónica de origen surcoreano, cuando todavía no se había aprobado la reforma. El Gobierno lo negó a rejatabla y repetidamente, sobre todo en sede judicial, luego de que Ibarra fuera denunciado por la abogada Valeria Laura Carreras de haber suscrito un acuerdo con Corea del Sur por la compra de las máquinas cuando el Senado ya había desechado el proyecto.
Beatriz Busaniche, directora de la Fundación Vía Libre, denunció en Página/12 que «había indicios para pensar que las máquinas ya estaban encargadas». También sostenía que las 110 mil unidades utilizadas en la elección congoleña tenían la misma pantalla que las argentinas y la demo en español. El idioma oficial del Congo es el francés.
“Cuando el Congo llamó a elecciones, mostraron unas maquinitas con las boletas del mismo color, con las flechitas, muy parecidas a las que se querían usar acá, con el mismo fabricante de Corea del Sur. Eran 105 mil máquinas, que es más o menos la cifra que se manejaba para acá -relata Javier Smaldone, técnico informático-. Yo conseguí un manual hecho por Miru Systems para la gente del Congo donde las imágenes de las boletas de acá las habían usado para hacer la documentación de allá. Los candidatos se apellidaban Massa, Carrió, Stolbizer, De Gennaro… Quedó demostrado que esas máquinas que terminaron en el Congo fueron diseñadas un año antes para la Argentina”.
Tras la confirmación de que las máquinas negadas por Ibarra existieron, la sospecha del técnico es que muchas, cerca de 20.000, fueron adquiridas por nuestro país por un gobierno que apresuradamente dio la reforma que impulsaba por aprobada. Máquinas sospechadas de fraudulentas que, por supuesto, no fueron gratis.
Vulnerabilidad, toma 2
El bolsil y el telegrama. Al cerrar la mesa electoral, el presidente solía armar esos dos instrumentos de conteo que entregaba al empleado del correo para garantizar el escrutinio definitivo y provisorio, respectivamente, de los votos emitidos por la población argentina. Al menos así era hasta 2017. Pero a comienzos de este mes todo cambió y, cerrado el capítulo “boleta única electrónica”, Cambiemos abrió otro para las elecciones 2019 con la misma fórmula: una reforma subrepticia vendida como presunto avance tecnológico que suma oscuridad en nombre de la transparencia.
Desde su página web, Correo Argentino llamó hace días a “presentar ofertas para la prestación de un servicio de recuento provisional de resultados para el proceso electoral nacional 2019”. Y en tiempo récord le adjudicó el servicio a Smartmatic, una empresa venezolana cuestionada y denunciada en reiteradas oportunidades por la vulnerabilidad de sus sistemas que llegó al país en 2015.
¿Qué cambió? Hasta 2017, el bolsil que incluye la urna y todo el material de la mesa –cuyo destino es la Justicia Electoral (Poder Judicial), encargada del escrutinio definitivo-, y el telegrama –dirigido a la Dirección Electoral que depende del Ministerio del Interior (Poder Ejecutivo), encargada del escrutinio provisorio- eran entregados al empleado del correo que los llevaba a la oficina más cercana. Allí, el telegrama se transmitía por fax o se escaneaba (desde 2017) y se enviaba a la empresa Indra, encargada desde 1997 de cargar los datos en el sistema para obtener los resultados provisorios en algunas horas. Pero este año será distinto.
“Ahora, en lugar de darle todo al empleado de correo, él sólo llevará el material físico y el telegrama se va a mandar directamente desde la escuela. Lo que tiene de bueno es que son el presidente de mesa y los fiscales los que lo mandan y controlan, pero se lo van a mandar a una empresa privada que tiene un prontuario enorme”, explica Smaldone.
La información sobre la forma en la que se llevará adelante el escrutinio no está clara, y permite múltiples especulaciones sobre la transparencia y credibilidad de los resultados que arroje la nueva modalidad y sobre el negocio que esconde. “Este sistema de transmisión de datos debiera eliminar el proceso por el cual otro tiene que cargar los datos. Se podrían cargar directamente desde la escuela, con un sistema que todos podamos conocer y auditar, que sean transparente. ¿Cuál es el sentido de contratar una empresa privada para que haga la transmisión desde las escuelas? ¿El Estado no tiene los recursos? ¿No tiene gente para tipear actas? “, se pregunta Smaldone.
Pero la cuestión de fondo es más grave. El sistema de doble control –por parte de la Justicia y del Ejecutivo- les da a los partidos políticos un margen entre la publicación de los resultados provisorios y los definitivos para denunciar irregularidades u omisiones. Luego de ese plazo, la Justicia Electoral empieza el escrutinio definitivo tomando todas esas denuncias y reclamos y las actas físicas enviadas desde las mesas. “Pero, en la práctica, nunca se abren las urnas y se trata de acomodar el escrutinio definitivo con el provisorio para que no haya problemas. Entonces, si metés la mano en el escrutinio provisorio de alguna manera también lo estás haciendo en el definitivo”, sostiene el informático.
Algunos expertos consideran que para realizar una reforma como ésta habría que modificar el Código Electoral, para lo que se necesita tener mayoría especial en ambas Cámaras, es decir la mitad más uno. Sin embargo, la medida no pasó por el Congreso, y plantó en las elecciones de este año un huevo de la serpiente que no promete finales felices.