Redacción Canal Abierto | En pocas horas, el dólar se disparó, el riesgo país que llegó a los 708 puntos, el Banco Central tuvo que elevar las tasas y los comerciantes remarcaron a mansalva. Cualquiera se preguntaría cómo un gobierno, en un año electoral y con una economía en crisis, pretende conservar su escaso capital político si no demuestra capacidad para detener las corridas y la inflación. Para algunos economistas la respuesta es simple: la economía la digita un organismo extranjero que no se presenta a elecciones.
“El Fondo Monetario Internacional como agente institucional del capital financiero y, particularmente, de los acreedores de la deuda pública argentina, se ha dado a la tarea de garantizar la política económica en curso más allá de los resultados electorales de octubre de este año”, sostiene el economista y dirigente de Unidad Popular Claudio Lozano, en un reciente informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) que coordina.
Bajo el título El FMI y la oposición política, el especialista sintetiza cómo la jugada del organismo internacional de crédito es garantizar que se mantenga el rumbo económico gane quien gane. “Se trata de ‘blindar’ la política vigente más allá de un eventual cambio de gobierno. En ese marco se inscriben las reuniones con (Juan Manuel) Urtubey, (Axel) Kicillof, (Sergio) Massa, (Ricardo) Lavagna, la CGT, etc.”, afirma.
Lozano – en conjunto con el Movimiento Popular La Dignidad y el Observatorio del Derecho a la Ciudad a través de Jonatan Baldiviezo- denunció el año pasado la ilegalidad del acuerdo con el Fondo, porque viola tanto la Constitución Nacional como el estatuto del FMI. Denuncia que les valió a Mauricio Macri, Marcos Peña, Nicolás Dujovne, y Luis Caputo una imputación por parte de juez Julián Ercolini por “abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público”.
En un desglose sobre el rol de los opositores, el informe sostiene que los planteos del actual gobernador salteño y su equipo fueron “más propios de un aspirante a integrar el staff del organismo para auditar la Argentina que el de un candidato a presidir el país defendiendo el interés de sus habitantes”.
“Para el caso de Lavagna, Kicillof y Massa está claro que en ellos se expresa la idea de que hay que renegociar el acuerdo –desglosó-. No obstante, en el caso de los que integran el Frente Renovador (Massa, Lavagna) no se entiende bien por qué, si hoy tienen esta posición, algunos diputados de su bloque facilitaron el tratamiento del Presupuesto acordado con el FMI y, haciendo historia, validaron la negociación con los Fondos Buitre y el blanqueo de capitales que, articulados, fomentaron el proceso de endeudamiento y fuga que han caracterizado los tres años del macrismo”.
Al kirchnerismo, por su parte, también le recuerda haber sido quien le otorgó al FMI el trato de “acreedor privilegiado” al cancelar la deuda de U$10.000 millones que la Argentina mantenía con el organismo “pese al cúmulo de irregularidades que el FMI había tenido en su relación con el país” y renegociar el acuerdo con el Club de París sin debate parlamentario “y reconociendo una deuda que en un 50% había sido tomada en la época dictatorial”.
Según el análisis del IPyPP, la única estrategia viable para defender los intereses de la Argentina es plantear la nulidad del Acuerdo con el FMI. Hacerlo “es abrir la puerta a una revisión del endeudamiento argentino en base a una clave distinta a la que hemos seguido desde que comenzó la democracia en nuestro país”, considera. Y concluye: “’Las deudas se pagan, las estafas no’ debiera ser la clave política que conduzca una nueva manera de posicionar al país frente al problema, ya histórico, del endeudamiento”.