Redacción Canal Abierto | La mañana del 25 de enero de 2005, en las calles del barrio de Pompeya de la ciudad de Buenos Aires, agentes de civil de la Policía Federal, en un auto sin patente, interceptaron y persiguieron a Fernando Carrera, quien supuestamente era un ladrón que viajaba en un Peugeot 205 blanco.
En la persecución por Avenida Sáenz le dispararon 25 veces. A consecuencia de las heridas, Carrera quedó inconsciente y perdió el control del auto. El vehículo descontrolado atropelló y mató a dos mujeres y un niño. Inmediatamente la Comisaría 34 armó una causa que terminó con la condena de Carrera por múltiple homicidio. Para justificar la persecución policial se lo intentó vincular a dos robos en la zona: le plantaron un arma y utilizaron a un testigo que era el presidente de la Asociación de Amigos de la Comisaría.
A pesar de los veinticinco balazos, Fernando sobrevivió. Tras años de cárcel y gracias al film “El rati horror show” de Enrique Piñeyro, la corte revisó su caso y lo absolvió por falta de pruebas.
La masacre de San Miguel del Monte
Esta vez, los muertos fueron tres adolescentes y un joven: Gonzalo Domínguez (14), Camila López (13) y Danilo Sansone (13), todos vecinos de San Miguel del Monte, y Aníbal Suárez (22), misionero. Mientras tanto, Rocío Guagliarello (13) sobrevivió, pero está internada en grave estado en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce de Florencio Varela. El hecho represivo suma un jalón al horror del estado policial autoinfringido por nuestra sociedad.
Las primeras noticias hablaban de una persecución a un Fiat 147 blanco que no habría detenido la marcha ante la voz de alto. En aquella supuesta huida, terminaría embistiendo a un acoplado estacionado.
Rápidamente, la comunidad de Monte reaccionó frente al hecho: la manifestación terminó con la comisaría apedreada la misma noche en que familiares y vecinos no salían del estupor, en medio de versiones policiales -reproducidas por los medios afines al discurso represivo- que no cerraban y cargaban el peso sobre las víctimas. Horas más tarde comenzaron a aflorar las pruebas de un nuevo caso de exceso.
En un comunicado, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) exigió “el esclarecimiento urgente y la condena de los agentes de la Policía Comunal de San Miguel del Monte […]. Este hecho evidencia la violencia y la falta de profesionalismo de las fuerzas de seguridad y confirma las graves consecuencias de una política de seguridad que, además de ineficiente, viola gravemente los derechos humanos”.
“La CPM presentó un requerimiento a la fiscalía interviniente para que aplique la resolución 1390 de la Procuración General y los criterios rectores de la ley 14687 que exigen el apartamiento de la policía en la investigación y la obligación de disponer medidas urgentes por parte de la fiscalía. También se requirió la intervención de la auditoría de Asuntos Internos, que hoy confirmó la desafectación del capitán Alberto Rubén García y el oficial Leonardo Daniel Ecilape, reforzando de esta manera los indicios que dan cuenta de la irracional actuación policial. También fue desafectado el subcomisario Julio Franco Micucci, por omitir información para el esclarecimiento del hecho ocurrido, mostrando una actitud corporativa dirigida a construir impunidad”.
Este jueves, autoridades provinciales confirmaban que una de las víctimas en San Miguel del Monte tenía una bala en uno de sus glúteos. El dato confirma que la policía disparó contra el vehículo, en el que también se habría encontrado un orificio. A su vez, se dispuso que el auto fuera periciado nuevamente por Gendarmería, ya que las primeras pericias fueron ejecutadas por personal de la comisaría implicada.
En este caso, que se reproduce en cientos que no llegan a los medios de comunicación, se ven reflejadas las consecuencias de una patológica política de saturación policial. Una vez más, la criminalidad del discurso estatal cimienta la brutalidad tanto de las fuerzas de seguridad como de “vecinos justicieros”; cabe señalar que toda esta situación se origina, según fuentes policiales, en un llamado de un vecino por movimientos sospechosos en la vía pública. Los componentes de este síndrome: desigualdad social, fuerzas de seguridad no profesionales, discursos punitivistas y “de mano dura” tanto en funcionarios como en periodistas. La doctrina Chocobar y todas sus ramificaciones.
La CPM concluye su comunicación señalando: “Las políticas y discursos de parte de las máximas autoridades del gobierno nacional y provincial, que justifican y promueven graves violaciones de derechos humanos, son las responsables de esta nueva masacre ejecutada por funcionarios policiales. Se suma a las de las comisarías 1ª de Pergamino y 3ª de Esteban Echeverría”.
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