Redacción Canal Abierto | A través de la Ley 24.901, la legislación argentina establece un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, que contempla acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos.
A su vez, la adhesión a la Convención de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad (Ley 26.378) obliga a nuestro país a brindar todo aquello que promueva el desarrollo pleno y la inclusión en la vida social sin restricciones de ningún tipo.
Sin embargo, como se observa en distintos sectores de la administración pública, el Excel gubernamental no discrimina y golpea más fuerte a los más vulnerables. “Desde que gobierna Mauricio Macri pudimos observar un deterioro institucional y el vaciamiento de áreas fundamentales, como sucedió en la Comisión Nacional de Pensiones, o con los despidos en organismos como el PAMI, por nombrar sólo algunos ejemplos”, afirma Carlos Ferreres, secretario de Discapacidad de la CTA-A y de la dirección homónima en ATE Nacional.
“El ajuste macrista es más grave aún sobre quienes vivimos con alguna discapacidad”
En este marco, el 4 de junio el espacio sindical lanza la diplomatura «La Discapacidad como categoría Social y Política», un espacio de formación que surgió a partir de un convenio con la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
“Lo interesante es que se va a abordar la discapacidad como un problema político y social, y no biológico e individual. Entendemos que los límites para las personas con algún tipo de discapacidad y las inequidades son cuestiones que tienen que interpelar a todos, y que debemos superar entre todos”, explica Ferreres, y agrega: “La diplomatura está pensada para los trabajadores, las personas con discapacidad, las organizaciones que funcionan en los territorios, dirigentes. Es muy importante que los sindicatos den su aporte para garantizar el acceso al trabajo de las personas con discapacidad, siendo que tenemos una Ley que obliga a cumplir cierto cupo reservado a personas con discapacidad. Hay una situación política, social y económica donde estos derechos están siendo vulnerados no solo a las personas con discapacidad, sino a todo el pueblo”.
En Argentina, aproximadamente un 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad. “Es importante entender la multicausalidad en torno a la discapacidad, que no sólo es física sino también cognitiva producto de una alimentación insalubre o insuficiente en los chicos, a raíz de la contaminación con agrotóxicos o los distintos productos utilizados en la megaminería, entre otros factores”, cuenta Ferreres.
«La Discapacidad como categoría Social y Política»
La Diplomatura surgió a partir de un convenio entre ATE y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y será coordinada por el Programa Discapacidad y Accesibilidad -SEUBE y RRII- FFyL- UBA, y el Departamento de Discapacidad, la Secretaría de Organización y el Idep Salud de ATE.
«El primer objetivo es intentar dar visibilidad a la problemática porque, además de las acciones negativas del Gobierno, el mayor problema que tenemos es la invisibilización que existe en buena parte de la sociedad», señala el secretario de Discapacidad de la CTA-A y de la dirección homónima en ATE Nacional.
El curso es gratuito y, si bien tienen prioridad los afiliados y afiliadas de ATE y de la CTA Autónoma, abierto al público. Inicia el 4 de junio y se cursará todos los martes, de 17 a 20, en la sede de ATE Nacional- Belgrano 2527 (CABA). La modalidad es presencial pero tiene instancias virtuales a través de la plataforma del Campus Virtual Escuela Libertario Ferrari.
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