Redacción Canal Abierto | En agosto de 2018, los jueces Víctor Alonso, Fermín Ceroleni  y Lucrecia Rojas de Barado garantizaron con su fallo la impunidad para los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Gobernador Virasoro durante los años de la dictadura cívico-militar y que tuvo como víctimas a trabajadores rurales y de la industria de la alimentación de la empresa Las Marías o sus subsidiarias. Pero esta semana, el caso abrió una nueva instancia.

En la que se popularizó como “Causa Las Marías”, el Tribunal Oral Federal de Corrientes presidido por Alonso absolvió al único imputado, Héctor María Torres Queirel, por insuficiencia probatoria. Torres Queirel era en 1977 administrador de “La María Aleida”, establecimiento yerbatero proveedor de Las Marías donde fue secuestrado, el 29 de junio de ese año, Marcelo Peralta. Junto con él desapareció Neris Pérez. Ambos eran dirigentes de la Federación de Trabajadores Rurales (FATRE), organización que en la década del 70, junto al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), desnudó la explotación laboral en la principal empresa yerbatera del mundo, propiedad de la familia Navajas Artaza.

La Fiscalía Federal de Corrientes apeló la sentencia y recientemente formuló una denuncia contra Adolfo Navajas Artaza, ex presidente de Las Marías, por considerarlo responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, de los que serían víctimas Ramón Aguirre, Marcelo Acuña, Pablo de la Cruz Franco, Juan Gómez, Carlos Arturo Escobar y Héctor Sena, todos trabajadores rurales vinculados a sus empresas yerbateras, sindicalizados en Fatre y Stia, secuestrados y torturados durante la última dictadura cívico-militar.

“En 2018 llegamos a lo que nosotros siempre consideramos un juicio rengo, donde estaba la desaparición de Peralta y Torres Queirel como único imputado, porque los demás estaban muertos o eran inimputables por razones de senilidad”, explica Hilda Presman, coordinadora de la Red Corrientes de Derechos Humanos, en diálogo con Canal Abierto.

La participación de Las Marías en la confección de la lista de los que luego serían víctimas del Terrorismo de Estado puede rastrearse en la declaración jurada del establecimiento. «Los libros contables que fueron secuestrados en allanamientos a la empresa ofrecen bastante material probatorio. Por ejemplo, hay un listado de personal de los años 1976 y 1977 con marcas, cruces, circulitos, tildes o subrayados en los nombres de los trabajadores problemáticos, que son justamente los que fueron secuestrados, represaliados, desaparecidos, presos», detalla Hilda Presman, coordinadora de la Red Corrientes de Derechos Humanos.

En ese juicio, Navajas Artaza tampoco fue imputado, porque había sido sobreseído en 2009 por las desapariciones de los dos trabajadores. “La causa del año pasado terminó con absolución, pero en función del alegato muy fuerte de la Fiscalía sobre que la desaparición de Peralta no fue un hecho aislado sino que se la debe vincular con terrorismo de Estado y que hay una responsabilidad empresarial en este tema, el Tribunal en su resolución le sugiere a la Fiscalía que por todas las actuaciones vinculadas a lo empresarial vuelva a presentar una denuncia en el juzgado de origen, que es ésta”, relata Presman.

Efectivamente, durante los alegatos, Flavio Ferrini, fiscal del Tribunal Oral, inscribió la desaparición de Peralta y todas las demás violaciones a los derechos humanos sufridos por los trabajadores de la región como crímenes de lesa humanidad cometidos dentro del plan sistemático “instaurado durante la última dictadura militar, diseñado para suprimir y eliminar a quienes se identificaban como enemigos del régimen”.

Precisó también que, en el caso de Virasoro, la represión estaba circunscripta a “la desarticulación de la organización obrera con la eliminación de la organización gremial”, y destacó la “eficacia de combinar el accionar de las fuerzas armadas con el aporte empresarial, para así en conjunto ejercer el poder represivo contra los trabajadores”. Señaló al Establecimiento Las Marías como parte del engranaje represivo que posibilitó la identificación, persecución, secuestro, detención y desaparición de los trabajadores que figuran hoy como víctimas de la dictadura cívico militar y que eran parte Fatre y Stia. Y, finalmente, remarcó que la incursión en la región de estos sindicatos posibilitó el cuestionamiento de las condiciones de explotación laboral que le arrancaron a la empresa Las Marías en particular, y a las subsidiarias de ésta, derechos laborales que comenzaban a ser ejercidos por sus trabajadores.

La participación de Las Marías en la confección de la lista de los que luego serían víctimas del Terrorismo de Estado puede rastrearse en la declaración jurada del establecimiento. «Los libros contables que fueron secuestrados en allanamientos a la empresa ofrecen bastante material probatorio. Por ejemplo, hay un listado de personal de los años 1976 y 1977 con marcas, cruces, circulitos, tildes o subrayados en los nombres de los trabajadores problemáticos, que son justamente los que fueron secuestrados, represaliados, desaparecidos, presos», añade Presman.

En esos documentos aparecen señalados Acuña, Aguirre, Gómez, Franco, quienes fueron después víctimas de la represión. Incluso los dos que hoy permanecen desaparecidos: Pérez y Peralta.

Actualmente, Aguirre y Acuña, secretarios generales de Stia y Fatre respectivamente, murieron, y Sena se encuentra mal de salud, pero Franco, Gómez, Escobar oficiaron como testigos en la causa de Gobernador Virasoro. Allí, Gómez declaró que, ya con Acuña y Aguirre presos, a fines de marzo del 76, el capitán interventor de Virasoro, Juan Carlos Sacco, tuvo una reunión con los delegados gremiales y con Navajas Artaza en la sede de la empresa donde el militar informó a los trabajadores que quedaba eliminada la actividad gremial, lo que prueba la vinculación del empresario con la cúpula militar local.

“Esta nueva instancia contra Las Marías se abre gracias a la voluntad de las familias, de las víctimas, de encontrar los vericuetos del sistema para lograr que esta causa no quede impune. En el juicio del año pasado no se pudo evitar que quedase clara la responsabilidad empresarial en estos hechos. Eso nos parece sumamente auspicioso, aunque tenemos siempre una cuota de muchísima desconfianza y de duda respecto a si verdaderamente lleguemos a enjuiciar a Navajas Artaza», agrega Presman.

 

La complicidad empresaria

Los antecedentes en juicios por complicidad empresarial con la dictadura son agridulces. Por un lado, está el caso de Carlos Pedro Blaquier, presidente del directorio del Ingenio Ledesma de 1970 a 2015, y su gerente Alberto Lemos por su vinculación con la detención de 400 trabajadores y la desaparición de 33 durante lo que se conoció como La Noche del Apagón, operativos represivos en las localidades de Libertador General San Martín y en Calilegua, Jujuy, durante cortes intencionales del servicio eléctrico en julio de 1976. En 2012 se logró el procesamiento de ambos como partícipes necesarios de esos secuestros, pero la Cámara 4° de Casación le dictó la falta de mérito.

La misma Cámara revocó en 2017 la sentencia de Marcos Levin, propietario de la empresa La Veloz del Norte, condenado un año antes por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta como partícipe necesario de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos al delegado gremial Víctor Cobos.


Entrevista a Hilda Presman en Radio Universidad, Misiones


También se cayeron causas emblemáticas como las que señalaban a autoridades de Papel Prensa, al diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, y a Mercedes Benz, entre otras.

Sin embargo, en un juicio histórico, en diciembre pasado el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín condenó a los ex directivos de la empresa Ford Motors Argentina, Pedro Müller (jefe de Manufactura) a 10 años y Héctor Sibilla (Jefe de Seguridad de la planta) a 12 años, por su participación directa en el secuestro de 24 trabajadores de la empresa entre el 24 de marzo y el 20 de agosto de 1976.

“Esta nueva instancia contra Las Marías se abre gracias a la voluntad de las familias, de las víctimas, de encontrar los vericuetos del sistema para lograr que esta causa no quede impune. En el juicio del año pasado no se pudo evitar que quedase clara la responsabilidad empresarial en estos hechos. Eso nos parece sumamente auspicioso, aunque tenemos siempre una cuota de muchísima desconfianza y de duda respecto de si verdaderamente llegaremos a enjuiciar a Navajas Artaza porque se inhibieron catorce jueces cuando se lo nombró, y no sabemos si no entraremos ahora en una seguidilla parecida, además del problema de su edad avanzada. Pero siempre supimos con quién nos estábamos topando”, resume Presman.

La duda tiene fundamentos. Navajas Artaza, que hoy tiene 94 años, viene de un linaje poderoso en la provincia no sólo en la esfera económica, sino también en la política. Él mismo ocupó el cargo de gobernador de Corrientes, en calidad de interventor federal, durante la presidencia de facto de Juan Carlos Onganía. Y poco tiempo después de las desapariciones de los trabajadores de la yerbatera, en septiembre de 1982, fue nombrado ministro de Acción Social de la Nación por Reynaldo Bignone, cargo que ocupó hasta el final de la dictadura.

 

 

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