Redacción Canal Abierto | “El pronóstico de crecimiento para 2019-20 se ha revisado a la baja. La revisión en 2019 (1,3% negativo) refleja la debilidad del crecimiento, especialmente en la demanda interna e importaciones, en el primer trimestre y revisiones de crecimiento a la baja para los socios comerciales regionales”. De esta manera, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ensombreció, aún más, el panorama económico inmediato esperable para la Argentina.
Según este análisis, el PBI caerá 1,3%, más de lo que había calculado en su última previsión, en abril, cuando pronosticó un -1,2%. También estimó diez puntos más de inflación para 2019 (40,2%), mucho más cercana a las proyecciones oficiales en función de los números que difundió ayer por la tarde el INDEC: un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2,7% para junio, y una acumulación de 22,4% en el primer semestre. La tasa de desempleo, en tanto, la ubicó en torno del 10%, muy cerquita del 10,1% oficial que arrojó el primer trimestre de 2019, cifras no alcanzadas desde 2006.
El documento del organismo internacional de crédito se conoció luego de que éste aprobase el nuevo desembolso por US$5.400 millones, la cuarta revisión del programa stand by, y un permiso para que el Banco Central gire un descubierto de US$3.600 millones en contratos de dólar futuro, con el objetivo de que eso sea suficiente para contener cualquier eventual corrida cambiaria.
También lo hizo luego de que Hacienda publicara su Informe de Seguimiento de las metas para el primer semestre, donde sus técnicos hicieron malabares para poder mostrar que las cuentas cerraban.
Este informe –que se preveía para el 21 de julio y se anticipó para adelantarse al comunicado del FMI-, mostró un superávit primario de $47.498 millones en el primer semestre. En otras palabras, la Argentina sobrecumplió las metas que le pedía el organismo, fijada en $20.000 millones para el primer semestre, dato que replicó con bombos y platillos toda la prensa hegemónica. En parte, lo hizo gracias al ajuste en jubilaciones, asignaciones familiares, salarios, obra pública (sobre todo la destinada a educación), vivienda, agua y alcantarillado representó un 13% en términos reales. Pero eso sólo no alcanzó.
La meta sólo fue alcanzable gracias a dos privatizaciones y transferencias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. Estos ingresos extras –que se generaron por única vez- representaron $64.572 millones. Sin ellos, el ejercicio hubiera resultado deficitario. En tanto, los recursos reales y constantes del Estado, provenientes de los impuestos, cayeron 8,8% en términos reales.
Las privatizaciones de las Centrales Térmicas Ensenada-Barragán y Brigadier López explicaron dos tercios (más de $40.000 millones) de los recursos adicionales que le permitieron al Estado terminar junio con superávit. La pregunta que se hacen los economistas es cómo cumplirá Argentina las metas futuras sin privatizar más activos. O, dicho de otra manera, cuánto más feroz será el ajuste.
Por otro lado, el déficit financiero -que contempla los intereses de la deuda- fue de $287.702 millones, una suba anual de 14,3% respecto del mismo período de 2018, como consecuencia de la devaluación y el aumento de la deuda en dólares. De hecho, con el último desembolso, el FMI le transfirió unos US$38.800 millones a la Argentina, lo que representa el 61% de su cartera de préstamos. En los próximos cuatro años, nuestro país tiene vencimientos de capital e intereses de deuda por más de US$41.000 millones.
“Las necesidades de financiamiento son elevadas y una merma en la confianza del mercado puede traducirse rápidamente en una mayor tasa de riesgo país, dificultad de satisfacer las necesidades de financiamiento fiscal y presiones sobre el tipo de cambio”, reconoce el documento compartido esta semana por el FMI. Y agrega: «El principal riesgo sigue siendo un cambio en las preferencias de la cartera con respecto a los activos argentinos como resultado de las crecientes incertidumbres sobre el panorama político futuro».