Redacción Canal Abierto | Primero fue el jefe de Gobierno irlandés, Leo Varadkar, quien anticipó que Irlanda supervisará las acciones ambientales de Brasil para determinar si bloquea el acuerdo. Luego fue el presidente francés, Emmanuel Macron, quien anunció que retiraba su apoyo. Y es que el acuerdo comercial Unión Europea (UE) -Mercosur sigue sin cerrar para varios países del Viejo Continente con sectores agrícolas fuertes porque, entienden, se verían perjudicados. Y para los latinoamericanos el panorama es aún peor.
Según un informe elaborado por Lisandro Mondino y Anahí Rampinini, del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), si bien el acuerdo se inscribe en las acciones que la UE ha implementado tendientes a garantizarles a sus empresas nuevos mercados de exportación, no anticipa una situación prometedora para sus pares latinoamericanas.
Actualmente, en las actividades económicas extractivas de bajo contenido tecnológico (granos, soja, carne, cuero y productos crudos de la minería, etc.), el comercio entre el Mercosur y la Unión Europea es superavitario para los países sudamericanos. Pero es deficitario en las industrias de media y alta tecnología, como los sectores de maquinaria y de transporte.
“Para Argentina, se puede esperar una caída en la recaudación, una vez alcanzado el máximo nivel de desgravación (del acuerdo UE-Mercosur), del orden de los 1.400 millones de dólares”, anticipa el informe del CESO.
“La liberalización comercial pautada en el pre acuerdo de integración difundido no parecería tener grandes beneficios para el Mercosur como bloque, ya que no modificaría la situación actualmente existente en cuanto al nivel arancelario enfrentado por más del 80% de los flujos de exportación -explica el estudio-. Mientras que, por el otro lado, sí se modificaría considerablemente la situación arancelaria de casi el 90% de lo que el Mercosur importa desde la UE, por lo que sí es de esperar un incremento de los flujos de exportación desde Europa hacia Sudamérica en vistas de la mejora de las condiciones de ingreso de los productos europeos a los mercados sudamericanos. Este flujo de ingreso será tanto de bienes industriales como de bienes de la agroindustria”.
Además, este aumento de importaciones europeas actuaría en detrimento del comercio interno del bloque latinoamericano. En relación a la Argentina, por ejemplo, significaría una disminución tanto de las importaciones como de las exportaciones a sus socios comerciales locales, especialmente al principal: Brasil.
En lo que refiere a recaudación impositiva, la desgravación arancelaria tendrá un fuerte impacto en los estados del Mercosur. Según el informe del CESO a partir de cálculos realizados con los flujos comerciales de 2017 desde la UE hacia los cuatro países miembro, el posible monto de caída de la recaudación en ellos es del orden de los 5.400 millones de dólares. “Para Argentina, se puede esperar una caída en la recaudación, una vez alcanzado el máximo nivel de desgravación, del orden de los 1.400 millones de dólares”, anticipa.
“A esto debe sumarse la caída de la recaudación esperada a partir de la disminución en algunos casos, y eliminación total, en otros, de los derechos de exportación que el país podrá cobrar a las exportaciones que tengan como destino la UE. Considerando los montos de exportación de las posiciones arancelarias afectadas del año 2017, esto implicará para el estado argentino una baja en su recaudación adicional del orden de los 140 millones de dólares”, concluye.
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Los detalles que se conocen hasta ahora del acuerdo tampoco parecen resultar beneficiosos en otros aspectos: las toneladas de comercio comprometidas en las cuotas de exportación a Europa son menores que las actuales, y la relevancia de la UE como mercado de exportación del Mercosur en los rubros afectados tampoco es determinante.
En otras palabras, la liberalización que realiza el Mercosur en los productos de la agroindustria parecería ser mayor que la otorgada por la UE, particularmente en el caso de Argentina, que no cuenta con las herramientas institucionales de administración del comercio, especialmente las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias que sí posee Brasil.
Otro de los interrogantes que abre el texto son las regulaciones adoptadas en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual. “El principal sector afectado por estas reglamentaciones es el sector farmacéutico, donde una ampliación de la vigencia de las patentes puede significar, para los países del Mercosur, un incremento de los precios de los medicamentos que afrontarán sus poblaciones”, detalla el informe del CESO.
Lo que falta
Para que el acuerdo entre en vigencia aún falta varios pasos protocolares. El primero es la aprobación por parte de las autoridades europeas, que parece descontada si se considera que los textos conocidos hasta el momento son muy pocos perniciosos para las economías del bloque. Esto podría ocurrir a fines de 2020. Luego la aprobación por parte de los parlamentos de los 28 estados parte de la UE, lo que podrá demorar años según las experiencias recientes.
Por el lado del Mercosur, el acuerdo no podrá entrar en vigencia hasta que no sea aprobado por los parlamentos de los cuatro estados parte. Cinco, si se habilita nuevamente a Venezuela como miembro pleno del bloque.