Por Sergio Alvez * | El gobierno estadual de Río Grande do Sul, encabezado por el gobernador Eduardo Leite (PSDB), derogó el pasado 4 de noviembre, el Decreto 51.595/14, que instituía la Política de Desarrollo de las Regiones Afectadas por Emprendimientos Hidroeléctricos (PDRAEH) y la Política Estadual de Afectados por Emprendimientos Hidroeléctricos (PEAEH).
Desde el Movimiento de Afectados por Represas en Brasil (MAB), denunciaron que “este es un derecho que fue conquistado luego de décadas de lucha por parte de los afectados por represas de Río Grande do Sul. El lunes 4 de noviembre nos enteramos a través del Boletín Oficial que el gobernador Euardo Leite derogó el decreto. Estamos exigiendo de manera inmediata el esclarecimiento y la restitución de este derecho que intentan arrebatarnos”.
Fruto de lucha
El decreto en cuestión fue asignado por el entonces gobernador Tarso Genro, el 23 de junio de 2014, en un contexto de fuertes movilizaciones y acciones por parte de la población, en pleno conflicto por la hipótesis de construcción de la represa binacional Garabí/Panambí, lucha librada en conjunto con las poblaciones y organizaciones de la provincia de Misiones, Argentina que también se oponen a este emprendimiento.
Además, este decreto hoy sorpresivamente derogado en Rio Grande do Sul, sentó un precedente para la conquista de derechos similares en otros dos estados brasileños: Minas Gerais y Río de Janeiro.
Entre las reivindicaciones que comprenden el decreto en sus dos orientaciones políticas antes señaladas, se encuentra la “recomposición territorial y económica a las comunidades afectadas por cualquier emprendimiento hidroeléctrico” en relación a las represas ya construidas, y la garantía del derecho pleno de participación y consulta libre e informada en el caso de proyectos que se intenten consumar.
“La lucha de las comunidades afectadas por represas en Rio Grande do Sul se remonta a principios de la década del ochenta. En todo este tiempo hemos tenido importantes conquistas, entre ellas avances en materia de políticas específicas para nuestra problemática. Este decreto era una de estas conquistas institucionales, que si bien fue ignorada y nunca se respetó ni reglamentó debidamente, ahora con la derogación por parte de Leite, se pulveriza por completo. Es un retroceso enorme y por eso estamos en lucha”, enfatizaron desde el MAB.
“Un Bolsonaro de RS”
El diputado estadual Dioniso Marcon, del PT, subrayó que “el gobernador Leite, quien es una especie de Bolsonaro de Rio Grande do Sul, derogó unos 600 decretos, que en su mayoría defendían y atendían las problemáticas sociales y económicas de poblaciones vulnerables, entre ellas los afectados por represas. Este gobernador deja en claro que no tiene ningún compromiso ni con los afectados por represas, ni con las poblaciones campesinas. Repudio esta decisión y acompaño la lucha contra esta supresión de derechos y de políticas sociales”.
Documento
La derogación del decreto se da en un momento en el que el MAB reactivaba una campaña de concientización para exigir la implementación inmediata de estas políticas, ya que desde su sanción no hubo avances concretos. En este sentido, hace apenas un par de semanas la organización publicó un material impreso titulado “La lucha de los afectados y amenazados por represas en Rio Grande do Sul”.
Este trabajo condensa la explicación precisa de cada uno de los puntos establecidos en el decreto, al tiempo que presenta un extracto del “Relatorio de Violaciones a los Derechos de las Personas afectadas por Represas”, documento que refleja la labor de una comisión especial que identificó – tras una larga investigación- la violación de 16 derechos humanos en procesos de construcción de represas hidroeléctricas en diversas regiones de Brasil.
Actualmente, el MAB está organizado en veinte Estados del país vecino, y forma parte fundacional del Movimiento de Afectados por Represas en Latinoamérica (MAR). “Seguimos levantando las banderas contras las injusticias y en favor de los derechos de las comunidades afectadas por represas, y bregamos por la construcción de un modelo energético popular, que considere las necesidades del pueblo por encima del lucro de las empresas eléctricas” destacan desde la organización.
(*) Periodista. Desde Porto Mauá, RDS, Brasil.