Por Gladys Stagno | La inflación de 2019 (53,8%) fue la más alta en 28 años. Pero hay un rubro que le ganó por lejos al promedio general: los aumentos en salud en todo el año llegaron al 72,1%. Si bien las subas de las prepagas explican en parte ese número, el gran motor del impacto fue otro: el ítem “Productos medicinales, artefactos y equipos para la salud” aumentó durante todo 2019 el 88,9%.
“Los precios de los medicamentos se deciden por capricho de los laboratorios. No tienen una tasa de rentabilidad fija. Pueden ser del 1.000%, del 3.000%, y otros llegan a tener tasas de 30.000% de ganancia. El Estado mira para otro lado, hoy hay cero regulación”, explica Marcelo Peretta, titular del gremio de los Farmaceúticos y Bioquímicos.
Y agrega: “Los laboratorios no se sientan con nadie, nadie los controla, y duplican los precios en relación a la inflación. Frente a eso decimos: hagamos una paritaria, donde se sienten los gremios, los empresarios, los consumidores y el Estado. Porque, si yo tengo que discutir mi salario como trabajador en paritarias, ¿por qué el que vende un remedio, que es esencial para la vida de la gente va a fijarlo caprichosamente sin que nadie lo controle?”.
Ganancias sin techo
Según el Observatorio de Medicamentos, el mercado farmacéutico global tuvo una cifra de venta total de US$1.130 millones en 2018, y se prevé que alcance los US$1.430 millones en 2020. En países como Canadá, Inglaterra, los Países Bajos y el propio Estados Unidos, los precios de los remedios son fuertemente regulados por el Estado, pero en la Argentina no ocurre.
La Ley 16.462 -conocida como Ley de Medicamentos o “Ley Oñativia” (por el apellido del ministro de Salud)- y aprobada durante el gobierno de Arturo Illia, fue quizá el último intento de control gubernamental sobre la producción, comercialización e importación para las empresas farmacéuticas. Ésta definía un precio máximo industrial, las dosis de los envases de acuerdo con los tratamientos, y la aceptación de nuevos medicamentos sólo si constituían un adelanto científico en relación con los ya existentes. También limitaba los gastos en publicidad, la obligación de que los laboratorios presentasen un análisis de costos y formalizasen sus contratos de regalías.
La norma tuvo un fuerte rechazo por parte de los laboratorios, y terminó desgastando al gobierno, al punto que fue una de las razones de su derrocamiento. “Desde que voltearon a Illia, todos los presidentes les esquivan a enfrentar a los laboratorios, les tienen miedo. Porque tienen un poder de lobby muy fuerte, pero perjudican al ciudadano”, agrega Peretta.
En la Argentina, la producción y comercialización de medicamentos está en manos de unas 300 empresas (nacionales y extranjeras), de las cuales el 10% -las treinta más importantes- concentran el 70% del mercado. La mayoría de ellas premia a los médicos que recetan sus marcas con viajes, regalos y congresos que operan como una prebenda para que los profesionales de la salud contribuyan a incrementar las ventas.
De controles y genéricos
Impulsada por Eduardo Duhalde en 2002, la Ley de Genéricos que establece la obligatoriedad de la prescripción y venta de medicamentos por su nombre genérico sigue en vigencia, pero las cosas cambiaron desde entonces.
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Gracias a esa ley, la prescripción de genéricos que era del 8% en 2001, comenzó a subir y alcanzó el 38% en 2006. Luego, la publicidad oficial se discontinuó, los controles a los profesionales se diluyeron y la prescripción por marca volvió a las recetas. En 2020, la prescripción por genéricos –pese a ser obligatorio- volvió a ser del 8%.
“Por eso nosotros estamos pidiendo multas para los médicos que siguen prescribiendo marcas porque saben que no pueden. Si a alguien que no sabe que hay otras opciones le prescribís un remedio caro, quizá no come para comprarse ese en lugar de las alternativas más baratas –sostiene Peretta-. Esto no se arregla con este 8% de descuento mentiroso acordado por el Gobierno con los laboratorios. Hay 20.000 presentaciones y solamente bajaron sobre 8.000, y ya volvieron a subir muchas de esas. Además, subieron los precios el 110% en 2019, bajarlos un 8% es nada. Tiene que haber una política firme del Estado, cumplir con lo que dice la Ley de Emergencia, que establece un precio de referencia, prescripción por genéricos obligatoria con multas a quienes incumplen. Todo eso va a empezar a ordenar las cosas en el mediano plazo”.
Por lo pronto, la falta de controles acarreó el cierre de 500 farmacias durante la Era Macri, una caída en el consumo de remedios recetados del 18% en 2019, y un crecimiento alarmante del índice de morbimortalidad (muertes causadas por enfermedades) en los últimos tres años.
En efecto, la morbimortalidad pasó del 1,2%, en 2016, al 3,7%, en 2019, un número que refleja la falta de acceso de algunos sectores de la población a los tratamientos y medicamentos necesarios para sus patologías.