Redacción Canal Abierto | Según un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), las medidas sociales que ha tomado el Ejecutivo para paliar las consecuencias económicas en los hogares “van en el sentido correcto”. Sin embargo, los altos niveles de informalidad que caracterizan hoy a la sociedad argentina anticipan que habrá que tomar muchas más.
El cuadro de situación analizado por el Instituto establece tres tipos de trabajadores, según su nivel de formalidad.
1. El primero está compuesto por más de nueve millones los trabajadores con puestos de trabajo asalariados que están registrados como tales. De éstos 3,2 millones trabajan en el ámbito público y el 65%, seis millones, en el privado. Sus ingresos medios superan levemente los $30 mil.
“Éste es el conjunto de trabajadores que está mejor blindado para atravesar los acontecimientos vigentes de cuarentena y caída de la actividad económica –sostiene el IPyPP-. Menores garantías tienen las trabajadoras de casas particulares que, si en el mejor de los casos están registradas, pueden llegar a sufrir despidos por el contexto o recortes salariales”.
Para proteger a este grupo se dispusieron algunas medidas, tales como la renovación del programa Ahora 12 por seis meses para favorecer la compra de productos nacionales elaborados o comercializados por pymes, la eximición del pago de contribuciones patronales a sectores afectados por la menor actividad, el refuerzo del programa de Recuperación Productiva (REPRO) destinado al financiamiento de parte del salario de empresas pertenecientes a sectores en crisis.
También se efectuará un aumento de la inversión pública por $100.000 millones destinada a infraestructura vial, vivienda, educación y turismo; se pondrá en marcha un plan para incentivar la producción de 48 parques industriales, y se destinará un paquete de unos $350.000 millones para financiar capital de trabajo y compra de insumos, con una tasa de interés del 26% anual.
Además, se lanzarán créditos por $25.000 millones para empresas productoras de alimentos, productos de higiene personal limpieza e insumos médicos. Y habrá una línea específica de créditos por $8.000 millones para la adquisición de equipo tecnológico y garantizar la modalidad de teletrabajo. Se incorporarán también nuevas líneas a través del PROCREAR: 100.000 créditos para el esquema tradicional y se sumarán 200.000 para pequeñas refacciones de hasta $30.000 cada una.
Los más vulnerables
2. En el segundo grupo están los 2,4 millones de trabajadores independientes que están registrados en algún sistema. La mayoría es monotributista (1,6 millones), 397 mil están en el régimen de autónomos y 365 mil son monotributistas sociales. Con excepción de los cuentapropistas profesionales que tienen ingresos levemente superiores a los asalariados (de $45.700), el resto (cerca de un millón y medio de trabajadores) se encuentra en una situación de ingresos que va de los $19.000 a los $26.000.
“Este conjunto de trabajadores está más expuesto que el primero conforme al tipo de inserción laboral (sus ingresos no tienen estabilidad y dependen inmediatamente del nivel de actividad económica) pero al menos su condición de registro permite alcanzarlos de manera más efectiva”, sostiene el informe.
Para parte de este grupo, el presidente Alberto Fernández anunció un Ingreso Familiar de Emergencia de $10.000, que cobrarán monotributistas inscriptos en las categorías A y B, monotributistas sociales y trabajadores y trabajadoras de casas particulares.
Asimismo, algunos de los monotributistas o monotributistas sociales que dispongan de un plan de empleo cobrarán un bono de $3.000 durante marzo por única vez. Los montos mensuales de las prestaciones equivalen a la mitad del salario mínimo vital y móvil ($16.875) cuya última actualización fue en octubre de 2019 y es de apenas $8.440. Implica incrementar por un mes los ingresos de este conjunto en un 35,5% e insume cerca de $1.600 millones del presupuesto.
3. En el último grupo están los informales, que integran nada menos que 8 millones de trabajadores: casi 3 millones son asalariados no registrados, 2,2 millones son independientes que no están inscriptos en ningún sistema tributario, 920 mil son del servicio doméstico sin registrar y casi 2 millones son desocupados. Los ingresos laborales de este conjunto de trabajadores son, además, los bajos: de $12.000 en el caso de los asalariados no registrados, poco más de $6.000 el servicio doméstico no registrados, $13.800 los cuentapropistas tradicionales y sin ingresos los desocupados.
“Éste es el conjunto de trabajadores más expuesto –sostiene el IPyPP-. No sólo por el tipo de inserción precaria, informal y de ingresos de subsistencia sino también porque es de difícil acceso en el marco de la institucionalidad vigente. Ni siquiera los planes de empleo han logrado alcanzarlo (ya que no estarían inscriptos ni siquiera en el monotributo social). A lo sumo, a través del pago de la AUH y el seguro de desempleo que abarca una cantidad marginal (119 mil) es posible acceder a ellos”.
El ingreso extraordinario de $10.000 también los alcanzaría en parte, ya que lo cobrarán desocupados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Pero sólo en parte.
A las medidas tomadas hasta ahora para proteger los ingresos de la población debe sumarse también un bono extraordinario de $3.000 para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo (a partir de este mes, de $15.897), lo que implica un 18,8% de aumento para este universo. Adicionalmente se estipula un bono para los haberes superiores al nivel mínimo hasta complementar un piso previsional de $18.892. La liquidación se realizará la primera semana de abril y será por beneficiario. Alcanzará a un total de 4,7 millones de jubilados y pensionados (incluyendo pensiones no contributivas) que representan el 63% del total. Según estimaciones del IPyPP, esta medida implica una transferencia de ingresos de $13.218,2 millones.
Lo que falta
Según consta en el estudio encabezado por el actual director del Banco Nación Claudio Lozano y la economista Ana Rameri, la única manera de evitar el colapso social en estas circunstancias es propiciar “un efectivo shock distributivo”.
Esto repararía “cierto desbalance que se percibe en el paquete anunciado hasta el momento en el cual los esfuerzos estaban mayormente enfocados en sostener la oferta productiva sin la contrapartida correspondiente en la demanda”, sostiene el informe.
Desde el organismo proponen entonces el establecimiento de un Piso de Ingresos y Garantía de derechos para el conjunto de los hogares, consistente en una batería de políticas de carácter universal “para intervenir en la condición de pauperización social integrando un conjunto de programas de transferencia directa de ingresos, algunos ya existentes, a distintos grupos poblacionales” cuya implementación podría pensarse en etapas. A saber:
- La universalización de un Salario Social de Empleo y Formación (SSEyF) para todos los jefes de hogar. El objetivo sería “movilizar fuerza de trabajo excluida de los procesos de producción”. “En este contexto particular, sería deseable la formación de agentes sanitarios o perfiles ocupacionales que contribuyan a paliar los efectos de la emergencia sanitaria o bien, poner a disposición fuerza de trabajo para satisfacer un conjunto de necesidades de la población (como tareas de cuidado) que podrían recibir respuesta del Estado”. Según estimaciones del IPyPP, involucraría a cerca de 2 millones de personas.
- La universalización del pago de la asignación familiar por hijo. “Esta propuesta resuelve la discriminación en la que sistema actual incurre al diferenciar los pagos por este concepto según la condición laboral de los adultos responsables al tiempo que se establece un solo sistema de carácter universal sin fragmentación ni exclusión de la población objetivo”, afirma el estudio. Se trata principalmente de la unificación del conjunto de sistemas provinciales y municipales (1,9 millones de niños) y el resto de subsistemas nacionales segmentados así como también incorporar a los 2,3 millones que actualmente se encuentran fuera del alcance del sistema nacional.
- El establecimiento de una jubilación universal para la población adulta mayor equivalente al 82% del Salario Social de Empleo y Formación. Esta medida busca que el piso de ingresos pueda incidir en los hogares con presencia de adultos mayores, el cual llegaría a $28.300. “Esto implica un aumento del piso de haberes del orden del 122% respecto a PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) y del 78% respecto al haber mínimo garantizado hoy vigente”, afirma el IPyPP.
“Lo que se propone aquí, no es sólo atender a los efectos nocivos ocasionados por la cuarentena, sino aprovechar la oportunidad que brinda el reacomodamiento de las funciones del Estado para organizar una salida que contenga la situación en la coyuntura recesiva que hoy tenemos y que todo indica que podría agravarse”, concluye el informe.
Foto: EFE