Redacción Canal Abierto | Durante la primera mitad del siglo XX en Argentina, se produjeron periódicamente brotes de poliomielitis, una enfermedad para la cual no había vacuna. Recién comenzó a desarrollarse una entre 1953 y 1955 en Estados Unidos, la elaborada por Jonas Salk. Luego, en 1961, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó y se comenzó a utilizar la famosa Sabin oral, que aún está en el calendario de vacunación nacional que alterna dosis de ambas vacunas en los primeros años de vida. Gracias a ello la poliomielitis ha sido erradicada definitivamente del país en la década del ‘80.
La polio ataca el sistema nervioso. El agente patógeno que la provoca es el poliovirus, que se transmite, al igual que el coronavirus COVID-19, de persona a persona a través de secreciones respiratorias o por vía fecal-oral (por aguas contaminadas o falta de higiene). Las víctimas preferenciales de esta patología son los niños, por lo cual se la conoce también como parálisis infantil, debido que a consecuencia de la destrucción de neuronas motoras los pacientes que sobreviven a esta enfermedad tienen sufren severas secuelas: atrofias musculares, parálisis y deformidades.
En 1955, el golpe militar de la autodeminada Revolución Libertadora irrumpió cruentamente en la historia del país bombardeando a su propio pueblo, fusilando a líderes de la resistencia al régimen e iniciando un proceso de “desperonización” que implicó ir desmantelando paulatinamente la centralidad del Estado en la vida política y económica del país, proceso que continuó por décadas, y del que aún persisten variados intentos.
La centralidad estatal en materia de salud durante el primer peronismo se cristalizó en la Reforma Constitucional de 1949 con la creación del Ministerio de Salud de la Nación, encabezado hasta 1954 por el célebre sanitarista, neurólogo y neurocirujano santiagueño Ramón Carrillo.
1956: peste sobre peste
Además de la sombría etapa política, en los primeros meses del verano 1955-1956 se produjo el peor brote de polio de nuestra historia. La epidemia alcanzó los 6496 casos notificados. Un 10% de los infectados sintomáticos falleció por parálisis de los músculos respiratorios.
El gobierno de Aramburu había comenzado a desmontar la infraestructura sanitaria estatal, afectando el funcionamiento de hospitales e institutos que el peronismo desde la creación del Ministerio había intentado centralizar. En este escenario se desata la epidemia de la enfermedad entonces conocida como de Heine-Medin.
Mientras el terror se propagaba por las ciudades, provocando que muchas familias migraran para escapar del virus y poner a salvo a sus niños, las primeras semanas el gobierno dictatorial de Aramburu-Rojas ocultó la información de los casos.
El resultado de este accionar –la ausencia de difusión por parte del Estado de la aparición de casos y de las medidas de profilaxis necesarias para evitar el contagio–, facilitó la diseminación del virus especialmente en los lugares de veraneo con gran afluencia de población infantil, caldo de cultivo adecuado para el desarrollo de la epidemia. Desde el brote fuerte producido entre 1942 y 1943 (unos 2000 casos), se había establecido la obligatoriedad de denunciar los casos conocidos.
Frente a la inacción del gobierno, la comunidad comenzó a organizarse como pudo y con los saberes y mitos que tenía a disposición. Así, por ejemplo se instaló la práctica que se volvió costumbre, ya en desuso pero que perduró por décadas, de pintar con cal los troncos de los árboles, los cordones de las veredas y las paredes. Otro talismán mágico contra el contagio era el alcanfor: se colocaban hojas de esta planta en bolsitas que se colgaban en el cuello de los niños. Los vecinos se organizaban para limpiar aguas estancadas y terrenos baldíos.
Rápidamente, el gobierno de facto ante la imposiblidad de ocultar la catástrofe sanitaria dio vuelta su discurso y su política, acusando al gobierno del “tirano prófugo” de haber dejado una situación insostenible y destinando recursos para demostrar una efectividad que el gobierno depuesto no había logrado. Dispuso el levantamiento de las clases y dispuso, como hoy, cuarentenas.
Finalmente la aparición de la vacuna de Jonas Salk y la compra a Estados Unidos de un millón de dosis, logró frenar la epidemia que había menguado con la aparición del invierno. El 1º de septiembre del ‘56 llegó la primera partida de 470 mil dosis y en octubre otras 500 mil que permitieron completar la segunda vacunación.
“La actuación de la prensa escrita reflejaba la ofensiva contra el peronismo, al que culpabilizaba de la epidemia a causa de la desidia, la falta de higiene y la administración ineficiente y corrupta, argumentos mediante los cuales golpeaba dos de los ámbitos de actuación más caros a la política social peronista: el sistema sanitario y las medidas de protección a la niñez”, señala Daniela Testa en un artículo de la revista Intersticios (2011).
En el artículo reproduce un fragmento de una nota del periódico Crítica del 14 de marzo del ‘56:
“La política totalitaria del régimen depuesto jugó cobardemente con la salud del pueblo. Jugó, también, con la vida de los niños, esos a quienes se concedían en la propaganda unos privilegios que jamás disfrutaron. Faltaban pulmotores, faltaban camas, faltaba higiene y hasta los mejores médicos habían sido separados de sus puestos por razones políticas”.
Por el contrario, la gestión Aramburu basó sus medidas en la utilización del personal formado por el gobierno previo, como las asistentes sociales, enfermeras y maestras de la Ciudad Infantil de la Fundación Eva Perón (hoy el Instituto IREP, en el Bajo Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires, que la gestión del PRO quiso cerrar), que fueron absorbidas como personal del Instituto de Rehabilitación.
El discurso militar utilizó la metáfora de la epidemia como un castigo por los años pasados y para demostrar la necesidad de una nueva organización política. Asímismo, la epidemia le dio al gobierno de facto la justificación para tomar medidas autoritarias y ensayar un discurso que intentara aglutinar la voluntad popular para “librar una lucha” contra el “azote”, el “flagelo”, el “terrible mal”. Todas formulaciones castrenses utilizadas en el léxico de los funcionarios dictatoriales.
Aramburu-Bolsonaro: una línea de conducta
65 años más tarde, la pandemia del coronavirus pone de relieve alguno de los elementos antes descriptos: la tentación autoritaria; el manejo de la información para develar u ocultar, para sobreexcitar o domesticar; la oportunidad de ganar apoyo y legitimidad frente a la opinión pública.
En tiempo de fakenews y pos-verdades no es necesario ocultar una información, velándola, escondiéndola, simplemente se la tapa con otras. Es el caso del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien –cada día más aislado– continúa sosteniendo que su país no puede parar e intenta restarle importancia a la crisis, cuando todo el planeta se desvela por enfrentarla.
“Es apenas una pequeña gripe o resfriado”, sostuvo días pasados a la vez que acusaba a los medios de sembrar la histeria y el pánico en torno al COVID-19. “Va a morir gente, lo siento, pero no podemos parar una fábrica de autos porque hay accidentes de tránsito”, expresó días después para justificar que priorizaba la economía por sobre las medidas de aislamiento sugeridas por la OMS, los expertos y los gobiernos de casi todo el globo.
“Brasil no puede parar” (en portugués #obrasilnãopodeparar) propone un video que hizo circular entre otros Flavio, uno de los hijos del presidente, también político, y aunque el gobierno se desentendió de la maniobra, las evidencias no dejan muchas dudas.
Mientras tanto, un juez federal vetó el sábado al gobierno de hacer campaña contra las medidas de aislamiento, y las grandes ciudades como Río de Janeiro o Sao Paulo muestran sus playas y/o avenidas desiertas.
En las últimas horas, Joao Doria, gobernador del estado de Sao Paulo y hasta hace poco aliado de Bolsonaro, llamó a desoír al presidente expresando enfáticamente:
“Lamento decirlo, pero, por favor, no sigan las orientaciones del presidente de la República de Brasil. Él no orienta correctamente a la población y lamentablemente no lidera a Brasil en el combate al coronavirus».
Doria sugirió también que el ex-capitán podría ser responsable de miles de muertes por su discurso contra el aislamiento, política que ni el propio ministro de Salud, Luis Henrique Mandietta, acompaña.
En otras esferas del poder, la Corte ya anunció que frenaría el decreto presidencial que se propone declarar todos los trabajos como tareas esenciales, y el Senado aprobó medidas económicas para paliar la situación de cuarentena: como un bono de 600 reales para los trabajadores informales.
A diferencia de Aramburu, que dio un giro de 90º en su política para enfrentar la situación y sacarle rédito político, Bolsonaro refuerza su apuesta y se aproxima a un punto de crisis política irreversible. Tres candidatos presidenciales de 2018, Ciro Gomes, Fernando Haddad y Guilherme Boulos pidieron su renuncia en un manifiesto conjunto, y los panelaços (cacerolazos) al grito de “Fora Bolsonaro” llevan más de dos semanas ininterrumpidas a lo largo de Brasil, todas las noches.
Los primeros cacerolazos tuvieron lugar el 17 de marzo, el día previo a que, en cadena nacional, Jair Bolsonaro llamara a la pandemia una “gripecita” y defendiera “volver a la normalidad” y terminar el aislamiento recomendado por la OMS. Sensibilidad militar y estrategia equivocada en el momento equivocado: podría ser que la metodología de fake-news que lo llevó al gobierno terminé logrando su salida.