Por Pablo Bassi | Nada pareciera alcanzar en una Argentina paralizada, con 10 millones de trabajadores sin ingresos fijos. Ni siquiera el impuesto por única vez a las grandes fortunas, que por estas horas diseñan diputados del Frente de Todos, y que redundaría en algo más de 66 dólares por habitante. ¿Sería necesario garantizar un salario digno para vivir? ¿Es posible?
El escenario de pandemia dio impulso a la idea en España y hoy se encuentra en la agenda de la coalición de gobierno. El Papa bregó por ella en un mensaje a los movimientos populares días atrás, y en nuestro país comenzó a circular en boca de dirigentes, periodistas y economistas bajo la denominación de renta universal o ingreso de ciudadanía.
Se trata de un percibimiento básico, incondicional y para todos. Incluso para ricos, porque el mecanismo corrector de esa distorsión es un sistema impositivo progresivo. Varios países lo implementaron durante las últimas décadas, aunque de manera segmentada: Finlandia, Alaska, Namibia, Brasil, México o la Argentina, con la AUH.
La primera vez que se planteó aquí fue en 2001, cuando el Frente Nacional contra la Pobreza (FreNaPo), impulsado por la CTA, propuso construir un piso básico de ingresos mediante un seguro de empleo y formación para jefes desocupados de hogares, más una asignación universal por hijo, más una jubilación universal.
“El ingreso de ciudadanía tiene una actualidad impresionante -dice Claudio Lozano, promotor del FreNaPo, director del Banco Nación-. Porque la Argentina tiene hoy un problema grave: 8.500.000 de personas que transitan por el campo de la informalidad laboral y 2 millones de cuentapropistas en blanco. En total, casi 11 millones de hombres y mujeres que hoy no pueden salir a trabajar”.
Lozano sostiene que, de universalizarse la AUH, el salario social complementario y la jubilación, podría asistirse a esas 11 millones de personas que en los próximos días accederán, por única vez, al Ingreso Familiar de Emergencia decretado por el Gobierno.
“No podemos seguir manejándonos con criterios de transitorialidad: hoy te pago, el mes que viene no. Tampoco con criterios de condicionalidad”, agrega Lozano.
Condicionalidad
“La condicionalidad tiene que ver con la meritocracia”, señala Corina Rodríguez Enríquez, economista, investigadora del CONICET y del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP) que dirige Rubén Lo Vuolo.
Y agrega: “Porque, si bien quienes tienen altos ingresos no perciben AUH, desgravan en su declaración impositiva la tenencia de hijos. Y a cambio, el Estado no les exige que los vacunen o manden a la escuela. Es una diferenciación muy clasista”.
Rodríguez Enríquez pone en evidencia que, si estuviese implementado un ingreso ciudadano, el Estado no tendría por qué emitir ingresos familiares de emergencia ni bonos. “No puede ser una política de emergencia, sino de existencia”, afirma.
Por su parte, Lozano hace números:
-¿De cuánto estamos hablando?
-Suponiendo que los pobres no reciben renta del Estado, garantizarles un ingreso para que dejen de ser pobres implicaría 6 puntos del PBI. Para que los indigentes dejen de serlo, 1 punto del producto. Y en condiciones normales, donde los pobres tienen un ingreso, la diferencia para alcanzar ese umbral equivale a 3 puntos del producto. Magnitudes posibles.
Y razona: “en la Argentina, 114.000 personas tienen patrimonios netos superiores al millón de dólares. Con una alícuota del 0,75% de Bienes Personales se podría terminar con la pobreza”.
Son varios los enfoques que legitiman el ingreso ciudadano. Entre ellos, el de remuneración a un trabajo que el mercado no reconoce, necesario para reproducir las condiciones de vida: tareas domésticas o cuidado de niños y mayores, por ejemplo. En 2013, el INDEC demostró que las mujeres dedican a esas laborales seis horas y media; los hombres tres.
“Es un argumento válido, pero controvertido -señala Rodríguez Enríquez-. Las feministas te podríamos decir que el ingreso ciudadano va contra la redistribución del trabajo de cuidado. Aislado, termina consolidando las relaciones de género patriarcales”.
Por eso, Rodríguez Enríquez afirma que son necesarias políticas públicas que otorguen más licencias para padres o que ofrezcan servicios de cuidado. El Ministerio de las Mujeres cuenta con una dirección nacional trabajando el tema.
Genealogía de una idea
Desde sus orígenes, el concepto de salario o renta universal nació como respuesta al cambio tecnológico en el capitalismo. El menor empleo de mano de obra, uno de los efectos más importantes, trae aparejado una tendencia a la baja en el nivel de empleo, rotación, precarización, deterioro de ingresos, caída de la demanda, concentración de riqueza.
El capitalismo meritocrático no ofrece el mismo acceso a la formación que exigen las nuevas tecnologías. Tampoco busca incorporar a los excluidos, reduciendo la jornada laboral y manteniendo el nivel de empleo. El problema, para el sistema, es individual.
Ilustración: Marcelo Spotti