Redacción Canal Abierto | “Todos hemos visto impávidos cómo los dólares que deberían haber financiado el desarrollo productivo acabaron fugándose del sistema financiero, llevándose los recursos y dejándonos la carga de la deuda. Esas prácticas son absolutamente reñidas con cualquier idea de progreso. Es la especulación más dañina que puede enfrentar una sociedad: endeudarse sólo para el beneficio de los especuladores y del prestamista. Debemos saber lo que pasó, quiénes permitieron que ello suceda y quiénes se beneficiaron con esas prácticas”. Las palabras son de Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el 1 de marzo último.
En línea con ellas, el Banco Central (BCRA) acaba de emitir un informe titulado Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019. En él revisa las cuentas públicas y llega a una conclusión tan elocuente como lapidaria: aproximadamente 8 de cada 10 dólares que ingresaron al país entre diciembre de 2015 y principios de 2018 tenían su origen en colocaciones de deuda y capitales especulativos. Su destino no fue distinto.
Según el estudio, el ingreso de divisas por deuda pública, privada e inversiones especulativas de portafolio sumó US$ 100.000 millones en ese período. A eso se le suma el pedido al Fondo Monetario Internacional (FMI), solicitado en abril de 2018, que desembolsó un préstamo record de US$ 44.500 millones.
A lo largo de todo el período, esos fondos obtenidos por deuda financiaron la formación de activos externos de los residentes argentinos (FAE), lo coloquialmente se llama “fuga de capitales”. Ésta se triplicó y superó los US$ 86.000 millones. “Aún durante la primera fase de auge e ingreso de capitales, la formación de activos externos de los residentes alcanzó los US$ 41.100 millones. En la etapa de aceleración de salida de capitales, a partir de mayo de 2018, la fuga alcanzó los US$ 45.100 millones”, relata el informe.
En pocas manos
La fuga no sólo fue millonaria, histórica y absolutamente descontrolada –en el exacto sentido del término–: también fue concentrada.
De acuerdo con los números del Central, quienes fugaron capitales fueron sólo un puñado de actores financieros: “Un reducido grupo de 100 agentes realizó compras netas por US$ 24.679 millones. Por su parte, la FAE de los 10 principales compradores explica US$ 7.945 millones”.
Incluso una muy pequeña porción de ese ya pequeño grupo de agentes concentró la mayor parte de las compras. Del grupo de las empresas, apenas el 1% adquirió US$ 41.124 millones en concepto de formación de activos externos. En el caso de las personas humanas, el 1% acumuló US$ 16.200.
Campeones de deuda
La política de endeudamiento comenzó en diciembre de 2015, a poco de asumir el gobierno de Mauricio Macri. Fue a través de la suscripción de títulos que se utilizarían para afrontar el fallo por el litigio que Argentina mantenía en tribunales de Nueva York con los fondos buitre. Los casi U$S 13.700 millones de deuda emitidos bajo legislación extranjera con vencimientos en 2022, 2023 y 2025 fueron la llave que destrabó el acceso del sector público a los mercados financieros internacionales.
A partir de ese momento, la deuda –sobre todo en dólares– adquirió un ritmo vertiginoso. El endeudamiento fue de tal magnitud y tan veloz que llevó a un rápido crecimiento del stock de deuda luego de tan sólo dos años de gobierno.
“Argentina resultó el principal colocador de títulos soberanos en los mercados internacionales entre enero de 2016 y abril de 2018, superando a países cuya población y PIB son sustancialmente superiores”, detalla el Central.
En simultáneo, varias provincias se alinearon con la estrategia nacional y buscaron financiar sus déficits fiscales colocando deuda en moneda extranjera en los mercados internacionales. El endeudamiento provincial agregado pasó de representar 4,5% del PIB, a fines de 2015, a 6,8% del PIB, en junio de 2019. Es decir, el peso de la deuda provincial aumentó más de 50% en menos de dos años.
Elogio al cepo
Contra sus propias promesas de campaña –y también contra sus manual económico–, en octubre de 2019 la volatilidad financiera forzó a Cambiemos a aplicar un control de cambios, más restrictivo incluso que aquel que durante la última gestión de Cristina Fernández gustaron en llamar “cepo”.
De acuerdo con el informe del BCRA, la medida sirvió para mitigar la fuga. “En una economía que históricamente encuentra en la restricción externa (esto es, la insuficiencia crónica de divisas) uno de los principales límites al desarrollo, los más de US$ 86 mil millones que se fugaron en concepto de formación de activos externos tienen su equivalencia en términos de menor crecimiento e inversión, mayor desempleo y deterioro en la distribución del ingreso”, afirma.
Y concluye: “El dramático proceso de ajuste desencadenado en el contexto de desregulación, permite observar que los niveles de tipo de cambio requeridos para equilibrar la demanda para atesoramiento en un entorno de liberalización extrema son, a todas luces, insostenibles política y socialmente. Los controles sobre la cuenta capital y financiera del balance de pagos son por lo tanto una condición necesaria, no sólo para la recuperación económica del país, sino también en el marco de una estrategia integral de desarrollo”.
Ilustración: Marcelo Spotti