Redacción Canal Abierto | En un documento titulado Vicentin debe ser una empresa pública no estatal, distintos referentes de la política, la academia, el campo, el sindicalismo y las organizaciones sociales sostienen la necesidad de estatizar a la principal cerealera del país, actualmente en convocatoria de acreedores.
“Los abajo firmantes expresamos nuestra preocupación ante la posibilidad de que las maniobras fraudulentas llevadas a cabo por el Grupo Vicentin en detrimento de la Banca Pública, miles de productores y trabajadores, tenga como resultado una mayor concentración y extranjerización del comercio exterior de granos y de la cadena de producción alimentaria”, sostienen. Y piden una reunión con el presidente Alberto Fernández para impulsar la iniciativa.
La operación
El escándalo alrededor de Vicentin estalló en enero, cuando las autoridades del Banco Nación, que preside Eduardo Hecker, iniciaron una investigación por el préstamo de US$350 millones que la gestión anterior, a cargo de Javier González Fraga, le dio a la agroexportadora Vicentin. La cifra superaba por mucho los límites que establece la normativa del Banco Central y representa más del 20% del patrimonio computable de la entidad oficial.
Al poco tiempo, la primera cerealera del país y sexta entre las empresas que más facturan presentó convocatoria de acreedores. Sólo al Nación, la empresa le debe más de $18.370 millones.
En febrero, un informe realizado por Claudio Lozano, director del Banco Nación y uno de los firmantes de la solicitada, desnudó la trama de las operaciones del grupo en ambas orillas del Río de la Plata. En detalle, los datos que aporta muestran cómo la sede uruguaya de Vicentin comenzó sus actividades financieras oportunamente antes de la prefinanciación de exportaciones de la sede argentina. Y permite inferir que estole habría permitido a Vicentin registrar a la sede oriental como la destinataria de las exportaciones provenientes de la casa matriz en Argentina, que habían sido prefinanciadas con los créditos del Banco Nación aprobados por las autoridades macristas.
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“Siendo evidente que el fraude consumado por Vicentin incluye el uso irregular del crédito público y la expresa comisión de delitos de evasión tributaria, fuga de divisas y lavado de activos a través de sus empresas vinculadas en Paraguay, Uruguay y Panamá –continúa la solicitada-, consideramos imprescindible y urgente que el gobierno tome control de la situación y, utilizando las herramientas del Estado, intervenga urgentemente sobre un concurso que está apañando un fraude, y promueva una alternativa para el futuro del Grupo Vicentin, que tome en cuenta los verdaderos intereses del país y la comunidad”.
Una cerealera estratégica
Asimismo, el documento que acaba de hacerse público sostiene que, en un momento donde se evidencia el avance de grupos transnacionales como Glencore, Dreyfus y Cargill, “así como la aparición en escena de dirigentes asociados a etapas aciagas de nuestro país que intentan promover una mentirosa salida nacional y popular”, la República Argentina “necesita hoy una empresa testigo en el comercio exterior de granos y en la produccion de aceite y alimentos”.
“Por eso nos parece insensato ceder una empresa estratégica como Vicentin a grupos y lobbies cuyas maniobras no garantizarán en lo más mínimo convertirla en una empresa argentina” ya que la misma “es clave para la soberanía y el control sobre la producción de alimentos”, continúa.
Con todo lo expuesto, los firmantes proponen que “el gobierno impulse los pasos necesarios para transformar a Vicentín en una empresa pública no estatal bajo control político y social”.
Y finalizan: “Hacemos este pronunciamiento frente al hecho objetivo de que en el marco de la pandemia y la emergencia sanitaria, en algunos escritorios se cocinan maniobras contrarias a los intereses nacionales y populares”.
Las firmas que acompañan el documento son el propio Lozano, Pedro Peretti, Mempo Giardinelli, Carlos del Frade, Pino Solanas, Victoria Donda, Horacio González, Alcira Argumedo, Juan Grabois, Maristella Svampa, Damaris Pacchiotti, Itai Hagman, Agustina Donnet, Juan Carlos Alderete, Caren Tepp, Jorge Bernetti, Letizia Quagliaro, Rubén Giustiniani, Ana Galmarini, Juan Monteverde, Víctor de Gennaro, Leonardo Grosso, Daniel Menéndez, Omar Principi, Juan Manuel Rossi, Daniel Yofra, Ricardo Peidro, Hugo Godoy, José Conde Ramos, Bruno Capra, José Luis Migueles, Francisco Paco Durañona, Carlos León, Pedro Tsakumagkos y María Isabel Tort, Pedro Azcuy, Gabriela Martinez Dougnac y la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT).
Solicitada completa
Vicentin debe ser una empresa pública no estatal
Los abajo firmantes expresamos nuestra preocupación ante la posibilidad de que las maniobras fraudulentas llevadas a cabo por el Grupo Vicentin en detrimento de la Banca Pública, miles de productores y trabajadores, tenga como resultado una mayor concentración y extranjerización del comercio exterior de granos y de la cadena de producción alimentaria.
El avance de grupos transnacionales como Glencore, Dreyfus y Cargill, así como la aparición en escena de dirigentes asociados a etapas aciagas de nuestro país que intentan promover una mentirosa salida nacional y popular, resulta alarmante. Situación ésta que será la segura consecuencia de dejar librada la resolución al devenir de los negocios y la justicia.
Siendo evidente que el fraude consumado por Vicentin incluye el uso irregular del crédito público y la expresa comisión de delitos de evasión tributaria, fuga de divisas y lavado de activos a traves de sus empresas vinculadas en Paraguay, Uruguay y Panamá, consideramos imprescindible y urgente que el gobierno tome control de la situación y, utilizando las herramientas del Estado, intervenga urgentemente sobre un concurso que está apañando un fraude, y promueva una alternativa para el futuro del Grupo Vicentin, que tome en cuenta los verdaderos intereses del país y la comunidad.
La República Argentina necesita hoy una empresa testigo en el comercio exterior de granos y en la produccion de aceite y alimentos. Por eso nos parece insensato ceder una empresa estratégica como Vicentín a grupos y lobbies cuyas maniobras no garantizarán en lo más mínimo convertirla en una empresa argentina. Hay mucho dinero en juego, y el papel de la corrupción política, bancaria y empresarial que condujo a la actual situación de lo que fue el Grupo Vicentín, exige con urgencia una solución distinta, seria y transparente que ninguna de las opciones hoy vigentes podría concretar.
Vicentin es estratégica y clave para la soberanía y el control sobre la producción de alimentos. Por eso el gobierno nacional no debería permitir que la misma caiga en manos de actores que, con otro nombre, mantendrían y profundizarían el mismo comportamiento contrario a los intereses nacionales que Vicentin tuvo hasta ahora. Es por esto que los abajo firmantes, precisamente por tratarse de un bien estratégico, proponemos que el gobierno impulse los pasos necesarios para transformar a Vicentin en una empresa pública no estatal bajo control político y social.
Hacemos este pronunciamiento frente al hecho objetivo de que en el marco de la pandemia y la emergencia sanitaria, en algunos escritorios se cocinan maniobras contrarias a los intereses nacionales y populares. Para poner a la Argentina de pie necesitamos una Vicentin que sea una empresa pública testigo del comercio exterior y de la producción de alimentos.
Por todo lo anterior, solicitamos una urgente entrevista con el Presidente de la Nación.
En la República Argentina, 31 de mayo de 2020.
Claudio Lozano, Pedro Peretti, Mempo Giardinelli, Carlos del Frade, Pino Solanas, Victoria Donda, Horacio González, Alcira Argumedo, Juan Grabois, Maristella Svampa, Damaris Pacchiotti, Itai Hagman, Agustina Donnet, Juan Carlos Alderete, Caren Tepp, Jorge Bernetti, Letizia Quagliaro, Rubén Giustiniani, Ana Galmarini, Juan Monteverde, Victor de Gennaro, Leonardo Grosso, Daniel Menéndez, Omar Principi (ex pte de FAA), Juan Manuel Rossi (pte de FECOFE, Federación de Cooperativas Federadas), Daniel Yofra, Ricardo Peidro, Hugo Godoy, Jose Conde Ramos, Bruno Capra, José Luis Migueles, Francisco Paco Durañona (Movimiento Arraigo), Carlos León, Pedro Tsakumagkos y María Isabel Tort (Cátedra Estudios Agrarios Ing.Horacio Giberti), Pedro Azcuy y Gabriela Martinez Dougnac (CIEA), UTT.