Redacción Canal Abierto | “Estamos intentando reconstruir la línea de tiempo de las actividades de Vicentin de los últimos tres años, porque hay un misterio insondable que debe tener respuesta para la Argentina”, dice Carlos Del Frade, diputado provincial por Santa Fe, periodista y miembro de la Comisión de Investigación y Seguimiento del Caso Vicentin que recientemente ha elaborado un informe.
En ella, según el legislador, están siguiendo la ruta de las finanzas de la empresa que no parecen tener sentido.
Los números que no dan
Según el último balance disponible, del 31 de octubre de 2018, Vicentin tuvo ese año ventas por $ 118.000 millones y ganancias por $ 30.000 millones. Pero, un año después, anunció que por “estrés financiero” no pagaría, y luego de que las autoridades del Banco Nación iniciaran una investigación por el préstamo de US$350 millones que la gestión anterior, a cargo de Javier González Fraga, le dio a la agroexportadora ésta entró en convocatoria de acreedores. Su deuda total asciende a US$ 1.350 millones.
“Algo no cierra, muchísima ganancia y muchísima deuda. Y en el medio, le saca al Banco Nación, por decisión del ex presidente Mauricio Macri y toda la línea dirigencial del Banco, US$ 300 millones, y 150 (de ellos fueron) en el período del macrismo. ¿Dónde fue a parar esa plata?” –advierte Del Frade–. Hemos también detectado que en noviembre de 2019 el Banco Nación le dio 26 créditos a Vicentin cuando Vicentin ya tenía calificación 4 (riesgo alto): era imposible que recibiera un crédito”.
Para el periodista, se trata de una trama oscura y enredada que involucra a funcionarios públicos y también a empresarios. “Hoy hay una causa penal en la justicia paraguaya que habla de que Vicentin lavó y fugó dineros por US$ 200 millones. Entonces, allí lo que estamos viendo es la posibilidad de una actividad delictiva de los empresarios de Vicentin, que desbarrancaron 90 años de historia productiva y apostaron, como lo hizo el macrismo, como en su momento lo hizo la dictadura, por convertir a la Argentina en un paraíso fiscal, en un paraíso de lavado de dinero”, afirma.
Entre estos funcionarios, está Alberto Padoán, directivo de la cerealera que llegó a ser el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario.
El plan de la Comisión santafecina es avanzar en la investigación de la línea de tiempo que reconstruye qué ocurrió con el dinero porque, entre otras deudas, Vicentin le debe sumas millonarias a la Administración Provincial de Impuestos, a la Aduana de la Ciudad de San Lorenzo, y a la AFIP.
“Y tiene algunas explicaciones más que dar porque la otra cara de todo esto es qué pasó en el negocio portuario –detalla Del Frade–, donde se desarticuló el Senasa para controlar qué entra y qué sale de los puertos. Por eso la Argentina se convirtió en un paraíso del contrabando de armas, y en un paraíso del narcotráfico. Detrás de esto hay figuras vinculadas a Vicentin como lo dicen otras causas federales”.
¿Una causa popular?
El martes, luego de que el Gobierno anunciase la intervención de la empresa, la televisión nacional difundió imágenes de Avellaneda, Santa Fe, donde algunos ciudadanos se manifestaban en apoyo a la cerealera, que tiene allí una planta.
Sobre el tema, el diputado es categórico: “El patrimonio personal de la familia Vicentin duplica lo que le debe al Banco Nación. Si pusieran algo de esa plata, no habría ninguna discusión en la Argentina. Pero como la quieran toda para ellos, hacen que la gente salga supuestamente a defender la identidad social y cultural que representa Vicentin por sus 90 años de historia en Reconquista y Avellaneda”.
“Creo en la gente que de buena fe sale a defender a Vicentin, pero mucha de esa gente son empleados municipales de una intendencia como la del señor (Dionisio) Scarpin, radicales asociados con el PRO, que sale a decir que el Estado le viene a robar Vicentin a la comunidad de Avellaneda. Fenomenal mentira, perversa mentira”, concluye.
Pública no estatal
En un documento firmado por distintos referentes de la política, la academia, el campo, el sindicalismo y las organizaciones sociales, difundido el 1 de junio, se sostenía la necesidad de declarar a Vicentin empresa pública no estatal. Entre los firmantes, estuvo Del Frade.
“Saludamos la intervención, la defensa de los puestos laborales, poder darles a los productores del campo santafecino la posibilidad de recuperar tanto la soja que le dieron a Vicentin como la plata que Vicentin nunca les dio. La intervención es fundamental para garantizar la investigación, sacarnos de encima a los corruptos del Estado y de la empresa. En el Congreso, con las formas que podamos, vamos a instalar esta idea de una empresa pública no estatal, mixta, con participación del Estado pero también con trabajadores, productores y cooperativas. Algo nuevo para que tengamos un resultado nuevo, es decir que funcione bien”, detalla.
Y finaliza: “Estamos discutiendo sistema financiero, sistema exportador, y como dijo el presidente de la Nación en forma indirecta, la soberanía alimentaria. Trece agroexportadoras se quedan con lo que produce la Argentina. El negocio de la agroexportación es la principal arteria que alimenta el corazón de la economía argentina. Diez de esas trece son extranjeras. Si perdemos Vicentin, que es la primera, perdemos cualquier tipo de participación estatal para defender la riqueza nacional”.
Entrevistadora: Gladys Stagno